Caquetá

A través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), el ICBF coordinó la respuesta institucional para llegar a poblaciones de los resguardos Puerto Zábalo, Los Monos, Estrechos, Monochoa y Andoke Aduche, así como a Saini, Caño Negro, Guacamayo, Charco del Niño Dios y el Cabildo Chorro de Araracuara.

Los paquetes humanitarios incluyeron elementos de higiene, vestuario, calzado, menaje y artículos para el hogar, destinados a cubrir necesidades básicas de las familias durante la emergencia. La jornada contó con la participación de la Gobernación del Caquetá, la Alcaldía de Solano, el Ejército Nacional a través del Batallón de Desminado Humanitario, autoridades indígenas y aliados cooperantes.

Con esta intervención, el ICBF avanza en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena frente a situaciones de emergencia y suma capacidades con las autoridades territoriales y tradicionales para brindar respuestas oportunas a las familias que habitan estos territorios.

Durante la jornada se resaltó la labor de las madres comunitarias y sustitutas en la atención integral de la primera infancia, la protección de la niñez y la adolescencia y el acompañamiento a las familias y comunidades del departamento. A través de estos servicios, son atendidos 1.170 menores de edad en Hogares Comunitarios de Bienestar y 185 en Hogares Sustitutos.

«Ser madre comunitaria es una de las labores más bonitas porque todos los días recibimos el abrazo y la sonrisa de un niño. Somos sus primeras profes y acompañamos sus primeros pasos en la educación», señaló Marly Peña Cuéllar, madre comunitaria participante de la jornada, quien destacó la importancia de visibilizar y reconocer esta labor.

Durante el encuentro, las madres comunitarias y sustitutas participaron en actividades lúdicas, musicales y recreativas, en una jornada que permitió reconocer su compromiso diario con el cuidado, el desarrollo y la protección de la niñez y la adolescencia en Caquetá.

El caso fue puesto en conocimiento del ICBF por el Ejército Nacional, luego de la desvinculación del adolescente. Tras conocer la situación, un defensor de familia inició el proceso para restablecer sus derechos, y recibe acompañamiento especializado de acuerdo con sus necesidades.

En lo corrido de 2026, 229 menores de edad han ingresado al programa de atención para desvinculados de grupos armados que tiene el ICBF; 18 de ellos, en Caquetá. Del total nacional atendido, el 58 % son hombres y el 42 %, mujeres. 

El ICBF reitera que prevenir el reclutamiento significa llegar antes de que ocurra, identificar oportunamente los factores de riesgo y activar las rutas de protección. Por eso, mantiene su presencia y articulación con las instituciones y la comunidad en general para proteger a la niñez y la adolescencia de cualquier forma de vinculación o utilización por parte de grupos armados ilegales.

Las niñas, niños y adolescentes, cuyas edades son de 3, 5, 12, 16 y 17 años, están recibiendo atención y acompañamiento integral por parte del ICBF, a través de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en áreas psicosociales, con el objetivo de garantizar el restablecimiento de sus derechos y su bienestar integral.

Dentro del proceso, se dio apertura al correspondiente Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), conforme a lo establecido en la normatividad vigente, con el fin de brindar las medidas de protección necesarias y asegurar entornos seguros para los menores.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad a través de la Línea 141, disponible las 24 horas del día.

Las adolescentes, de 13, 14 y 17 años, reciben atención integral por parte de un equipo interdisciplinario del Bienestar Familiar, encargado de garantizar su protección, acompañamiento psicosocial y el restablecimiento pleno de sus derechos conforme a la ruta establecida para estos casos.

El Instituto reitera su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, y hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que vulnere su integridad a través de la Línea 141 y 018000 91 80 80.

Este avance fue posible gracias al Decreto 1398 y a la Ley 2466 de 2025, impulsados por el Gobierno del Cambio con el propósito de garantizar mejores condiciones laborales y reconocer la labor fundamental de quienes prestan cuidado, educación y acompañamiento a las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

La vinculación de estas madres comunitarias representa un reconocimiento a años de dedicación y compromiso, y constituye un paso decisivo en la formalización laboral de este equipo humano que ha sido esencial para la protección y garantía de los derechos de la primera infancia. 

Con este logro, se fortalece la estabilidad económica, el acceso a prestaciones sociales y la protección laboral, en el marco de la implementación de la reforma laboral del país.

Desde Bienestar Familiar, destacamos y agradecemos la labor esencial que desempeñan las madres comunitarias. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para asegurar que cada niño y cada niña en Colombia tenga un comienzo de vida digno, seguro y lleno de oportunidades.

(Fin/arl/om)