Corresponde a la elaboración de demandas para activar la jurisdicción de familia cuando se busca la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de trámites judiciales, tales como el proceso ejecutivo de alimentos, impugnación de paternidad o maternidad, investigación de paternidad o maternidad, nombramiento de guardado o tutor, ordinario de filiación, privación de la administración de los bienes del hijo/a, privación de la patria potestad, rehabilitación de la patria potestad, remoción de guardador o tutor, suspensión de patria potestad, entre otros.

Igualmente, el defensor de familia tiene la competencia para presentar ante el juez de familia las demandas de alimentos en favor de los adultos mayores que lo requieran, cuando previamente los comisarios de familia no logren conciliar la cuota alimentaria a su favor.