Líneas de Prevención Estratégicas

Las TIC han logrado incursionar y generar cambios en todos los ámbitos de la sociedad. Su constante avance y el creciente uso que niñas, niños y adolescentes hacen de ellas, también plantean nuevos peligros, amenazas y desafíos como el ciberacoso, la ciberdependencia, el grooming, el sexting, el material de explotación sexual, los retos que inducen al daño físico y el acceso abusivo a la información personal e íntima.

Este escenario implica para la Dirección de Niñez y Adolescencia la realización de acciones de prevención desde la sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y el fomento de hábitos sanos alrededor del entorno digital que permitan la protección integral de la niñez y la adolescencia.

De esta manera, se generan las acciones para contrarrestarlos a través del fortalecimiento de las capacidades protectoras de las familias y de las comunidades que les permitan enfrentar conflictos y crisis a través de procesos autónomos.

Tales acciones están orientadas tanto a detectar de forma temprana los riesgos de la situación en calle y de la alta permanencia en calle, como a modificar las representaciones sociales sobre las niñas, niños y adolescentes. Así, se buscan transformar relaciones y prácticas frente al fenómeno de habitabilidad en calle, particularmente en zonas urbanas con enfoques que implican atender diferencialmente tanto a comunidades étnicas como a población migrante.

La prevención del reclutamiento ilícito, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes se desarrolla mediante la implementación de estrategias de promoción de derechos desde la doctrina de la protección integral para incrementar las capacidades individuales, familiares, comunitarias e institucionales que mitiguen las vulneraciones de derechos con el fin de:

• Evitar que niñas, niños y adolescentes sean atraídos y vinculados por grupos armados y delictivos organizados.
• Generar capacidades para que la población de un territorio pueda identificar los factores de riesgo.
• Propiciar que las niñas, niños y adolescentes, sus familias y comunidades puedan acudir a las autoridades competentes para denunciar los riesgos de violencia contra la niñez.
• Consolidar entornos protectores familiares, institucionales y comunitarios que protejan a las niñas, niños y adolescentes.
• Fortalecer las instancias a nivel local que identifican situaciones y factores de riesgo, y consolidar rutas y protocolos para que cualquier integrante de la comunidad pueda acudir a las autoridades competentes y así denunciar los riesgos o vulneraciones detectadas contra niñas, niños y adolescentes e impulsar la debida diligencia y la protección de sus derechos.
• Promover el derecho a la participación de la niñez y la adolescencia, generando espacios para escuchar sus opiniones y propuestas frente al reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, y las posibles estrategias de prevención.
• Disponer de estrategias culturales, deportivas y recreativas, promoviendo el desarrollo de sus capacidades y la construcción de proyectos de vida en el marco de la legalidad.

Lo anterior, a través de procesos educativos que contribuyan a la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, la transformación de imaginarios, estereotipos y prácticas culturales patriarcales que perpetúan las violencias contra las mujeres en los diferentes contextos donde las niñas y adolescentes se desarrollan.

Adicionalmente, y de manera especial, se desarrollan acciones intencionadas con niñas, niños, adolescentes y sus familias o cuidadores en cumplimiento de un amplio marco jurídico y legal en materia de derechos humanos que incluye la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

Para ello, promueve el buen trato en perspectiva con los derechos de la niñez a través de la cualificación de los profesionales que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y mediante asistencias técnicas en territorios tendientes a fortalecer los entornos protectores con espacios formativos y de reflexión.

Actualmente, se trabaja en el proyecto de ley contra el castigo físico y humillante, en conjunto con la sociedad civil y la academia, el cual ya fue aprobado en primera instancia por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Esta línea comprende que la violencia contra niñas, niños y adolescentes al interior de la familia (el ser víctima de maltrato físico, psicológico y sexual, vivir en un hogar donde la madre es víctima de violencia o ser disciplinado o corregido mediante castigo físico o humillaciones) constituye graves vulneraciones a sus derechos humanos.

A través de este proceso, implementa acciones orientadas al desarrollo de habilidades que fortalezcan sus proyectos de vida en conjunto con sus familias.

De igual forma, la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF reconoce el derecho de los adolescentes al trabajo protegido, que es aquel realizado por adolescentes de 15 a 17 años, el cual no se constituye como peligroso para su salud, seguridad o moralidad y promueve el desarrollo integral para favorecer su proyecto vital en concordancia con los requisitos contemplados en la ley colombiana.

Esta línea de prevención desarrolla diferentes acciones estratégicas, tales como:

1. Fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en sus diferentes niveles.
2. Aportar a los procesos de divulgación y apropiación de la Ruta de Atención Integral en Convivencia Escolar.
3. Desarrollar acciones de movilización nacional para la difusión, divulgación y promoción de la convivencia escolar.
4. Diseñar y ejecutar estrategias de formación y acompañamiento especializado en promoción de convivencia escolar en línea con la oferta institucional de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF.
5. Fortalecer vínculos parentales con las instituciones educativas.

A su vez, fomenta la toma de decisiones informadas ante eventos que suceden en su entorno social y propende por el fortalecimiento de las capacidades personales de los adolescentes, así como de las capacidades sociales de sus familias y comunidades con el fin de promover acciones de prevención que surjan de iniciativas locales.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de los adolescentes y de aportar a su desarrollo integral en entornos libres de violencias y en el marco de la legalidad.

Para tal fin, promueve la toma de decisiones asertivas, el manejo de la presión de grupo y el fomento de actividades de ocio saludables, entre otras, que permitan evitar o retardar el inicio del consumo o transformar usos problemáticos.

De esta manera, se busca que desarrollen habilidades para tomar decisiones informadas y saludables frente a la sexualidad. Su abordaje incluye la articulación con sectores como educación y salud para realizar acciones de formación en niñas, niños y adolescentes, así como a sus padres, madres, cuidadores y agentes educativos en derechos sexuales y reproductivos.

A su vez, contempla la movilización social y la producción de contenidos pedagógicos para la educación sexual. Estos procesos se desarrollan en los municipios con altas tasas de fecundidad en la adolescencia y violencia sexual e intrafamiliar.