Cali
PARD ASHLEY YULIETH DELGADO TENORIO
PARD CRISTOPHER ORTIZ SALDARRIAGA
PARD JERONIMO VALENCIA AGRONO (NOMBRE ADMINISTRATIVO)
Dignificar a quienes cuidan: cómo el Bienestar Familiar amplió su planta, formalizó a las madres comunitarias y cambió su forma de contratar
La planta de personal del Bienestar Familiar creció de 8.856 a 9.299 cargos, y por primera vez el Estado convirtió a madres comunitarias en trabajadoras oficiales.
La contratación con organizaciones de base pasó del 25,7 % en 2022 al 74,2 % en 2026, después de que una auditoría interna cuestionara el modelo de selección de operadores heredado.
Detrás de cada servicio que presta el Bienestar Familiar hay una persona: una madre comunitaria, un defensor de familia, un nutricionista, un trabajador social. Entre 2022 y 2026, la entidad hizo de la dignificación de ese talento humano una de sus apuestas centrales. La planta de personal pasó de 8.856 a 9.299 cargos de empleados públicos, con 452 cargos nuevos para fortalecer las defensorías de Familia.
Se avanzó en la nivelación salarial del 98 % de la planta —8.679 cargos, de los cuales 8.636 subieron dos grados y 43 subieron un grado—. El hito de mayor calado: por primera vez, madres comunitarias que sostuvieron durante décadas el cuidado comunitario bajo la tercerización fueron vinculadas como trabajadoras oficiales: 2.353 madres comunitarias en 31 regionales.
Una contratación más transparente, con el territorio como protagonista
Ese mismo espíritu de dignificación llevó a revisar cómo se contrataban los servicios. El Bienestar Familiar recibió, en 2022, un sistema de selección de operadores para primera infancia conocido como «Betto», presentado como una herramienta de inteligencia artificial.
Una auditoría interna —que revisó sus componentes jurídicos, tecnológicos, técnicos y financieros— concluyó que el desarrollo consistía en reglas de programación en Python, sin evidencia de algoritmos de inteligencia artificial, y encontró debilidades en la publicación de documentos y en los indicadores usados para calificar a los operadores. El sistema fue desmontado y reemplazado por invitaciones públicas soportadas en el SECOP y la Tienda Virtual del Estado, con un orden de elegibilidad que prioriza a las organizaciones del propio territorio: resguardos, consejos comunitarios, asociaciones de madres comunitarias y organizaciones campesinas.
El resultado: la contratación con organizaciones de base pasó de representar el 25,7 % en 2022 al 72,4 % en 2023, 72,0 % en 2024, 61,7 % en 2025 y 74,2 % en 2026, manteniéndose mayoritaria durante todo el periodo. El Instituto también creó el Registro Único de Oferentes (RUO) y estableció un valor máximo de $8.000 millones contratado por organización en 2026, con una reducción acumulada del 82 % frente a 2018 en la concentración de contratos.
Infraestructura y bienes recuperados para la niñez
Entre 2022 y 2026, el Bienestar Familiar ejecutó $108.654 millones en infraestructura, 154 % más que en el cuatrienio 2018-2022, mejorando 358 sedes administrativas y de servicios y beneficiando a 31.239 niñas y niños. A través de alianzas territoriales, la entidad amplió su presencia en territorios históricamente excluidos, con nuevos centros zonales en Uribia (La Guajira), Medio Baudó (Chocó), Providencia y Santa Catalina, una unidad local de atención en Necoclí y grupos de apoyo de emergencia en el Catatumbo.
Transparencia con resultados
Desde 2023, el equipo de Transparencia y Lucha contra la Corrupción —creado a partir de una recomendación de la Secretaría de Transparencia de Presidencia— introdujo la auditoría forense como metodología de investigación interna. Entre 2023 y 2026, emitió 115 informes que hacen parte de 127 productos (41 auditorías, 68 informes y 18 radicados ante la Fiscalía General de la Nación), y tramitó 2.612 denuncias por presuntos actos de corrupción, de las cuales 407 fueron radicadas en la Fiscalía y 716 remitidas a la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Una transformación que empezó por quienes cuidan
La transformación del Bienestar Familiar no comenzó únicamente con nuevas formas de contratar o administrar los recursos públicos. Comenzó por reconocer que detrás de cada servicio hay personas que cuidan, acompañan y protegen a la niñez en los territorios. Fortalecer la planta de personal, formalizar laboralmente a las madres comunitarias, ampliar las defensorías de Familia y abrir la contratación a las organizaciones de base buscó consolidar una institución más cercana a las comunidades, con mayor capacidad para responder a sus necesidades y con mejores condiciones para quienes hacen posible la promoción y protección de derechos todos los días.
Fuente: Presentación de la Directora General, Bienestar Familiar, 15 de julio de 2026 (diapositivas 15, 16, 19, 20, 21, 31); Informe de Empalme Bienestar Familiar 2022-2026, capítulo 9.
Con dignidad, cumplimos.






















