Con el fin de fortalecer la protección laboral de la población cuidadora vinculada a los servicios públicos de primera infancia, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) avanza en el proceso de formalización laboral de la primera cohorte de madres comunitarias como trabajadoras oficiales. Esa medida constituye uno de los mecanismos para impulsar el trabajo decente de quienes ejercen labores de cuidado en el país y facilitar la gestión directa por parte del Bienestar Familiar a nivel general y regional del talento humano. Este proceso responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en el artículo 68 de la Ley 2466 de 2025, y materializa una transformación estructural del modelo público de atención a la primera infancia. En línea con el cambio en la contratación de la operación de los servicios del Bienestar Familiar —que ha pasado de un esquema concentrado, en el que un operador gestiona los procesos necesarios para la prestación del servicio, a uno en el que el ICBF asume mayor control sobre la implementación y contrata directamente cada componente—, la vinculación laboral de madres comunitarias y trabajadores(as) de hogares infantiles como trabajadores(as) oficiales se inscribe en este nuevo modelo. En Colombia, la protección laboral de madres comunitarias inició con la Ley 1607 de 2012 en la cual se ordena la formalización laboral de ellas mediante su vinculación a las Entidades Administradoras del Servicio (EAS), en el marco de los contratos de aporte suscritos con el ICBF y con una asignación mensual de un salario mínimo mensual legal vigente. Este primer paso señaló que dicha formalización se alcanzaría mediante la vinculación laboral de las madres comunitarias a las Entidades Administradoras del Programa, sin que ello implicase reconocerles con la calidad de servidoras públicas de la planta del ICBF. En este contexto, esta nota analiza la vinculación laboral de las madres comunitarias con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como trabajadoras oficiales, examinando la transición de un esquema de tercerización hacia la vinculación directa bajo lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en la Ley 2466 de 2025. El documento expone una caracterización de la primera cohorte de madres comunitarias formalizadas. Además, detalla el sustento normativo y los criterios de priorización para la vinculación como trabajadoras oficiales. Asimismo, la nota integra un análisis jurídico de la nueva modalidad contractual, una comparativa de condiciones frente al modelo anterior y una revisión de experiencias similares en el Sur Global. Finalmente, se desglosan las potenciales implicaciones institucionales y económicas del cambio, destacando beneficios estratégicos en la calidad del servicio y la construcción de vínculos seguros para la primera infancia, a la vez que identifica desafíos operativos en materia de seguridad y salud en el trabajo