El cambio se consolida en el Bienestar Familiar

En el encuentro con madres comunitarias formalizadas como trabajadoras oficiales del Estado, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, presentó los avances de la transformación institucional que reorganiza el modelo de atención en los territorios y fortalece el Sistema del Cuidado.

El presidente Gustavo Petro, quien asistió al encuentro junto con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que la educación pública comienza desde la primera infancia: «Hoy son 2.300 trabajadoras oficiales que, por primera vez en la historia, son servidoras públicas del Bienestar Familiar».

El mandatario subrayó que la dignificación de las madres comunitarias representa un cambio profundo en la forma como el Estado asume el cuidado: «Durante décadas el cuidado de la niñez recayó sobre mujeres que trabajaban sin el reconocimiento pleno del Estado. 


Hoy las reconocemos como servidoras públicas porque el cuidado de la vida es una responsabilidad pública». Añadió que «la educación parte desde el vientre y continúa en los primeros años. Si queremos una Colombia en paz, debemos cuidar a nuestras niñas y niños con calidad, con presencia del Estado y con dignidad para quienes los acompañan».

«Estamos saldando una deuda histórica con miles de mujeres que durante décadas sostuvieron la política de primera infancia sin derechos laborales plenos. El proceso de vinculación se desarrollará de manera gradual y proyecta la formalización de entre 40.000 y 60.000 personas antes de 2029», manifestó el ministro Sanguino durante su intervención.

Por su parte, la directora Astrid Cáceres subrayó que este paso marca un punto de inflexión en la historia de la entidad: «Hemos hecho posible lo que durante décadas se consideró imposible. Este es el primer paso de una transformación más profunda del sistema de atención».

Actualmente, 35.000 madres y padres comunitarios acompañan la atención de 430.916 niñas y niños en hogares comunitarios, articulados con otras estrategias que permiten alcanzar a más de 2,1 millones de niñas y niños en todo el país.

Cáceres explicó que el Instituto avanzó hacia un modelo con mayor gestión directa en los territorios, donde el 72 % de los servicios operan bajo un esquema público comunitario y se proyecta que en 2026 más de 45.000 unidades de servicio funcionen con mayor gestión directa en 30 departamentos. «Ahora son las propias organizaciones comunitarias quienes gestionan sus recursos», señaló.

En materia de soberanía alimentaria, resaltó que 181 organizaciones campesinas proveen alimentos a 283.631 niñas, niños, adolescentes y familias, integrando producción local y compras públicas territoriales. En territorios priorizados, las muertes asociadas a desnutrición disminuyeron más del 40 %, y en La Guajira se redujeron a menos de la mitad.

El Bienestar Familiar consolida su papel fortaleciendo el bienestar de las familias y las comunidades como base de la protección integral. La garantía de derechos comienza cuando el Estado llega a tiempo y acompaña de manera sostenida a niñas, niños y adolescentes en sus territorios.