Bienestar Familiar Regional Putumayo aclara que ciudadano que se presenta en redes sociales como funcionario de la entidad no tiene ningún vínculo institucional

1. El señor Farid López no tiene ningún vínculo laboral, contractual, administrativo ni de representación con Bienestar Familiar, ni en la Regional Putumayo ni en ninguna dependencia de la entidad.

En consecuencia, las opiniones, afirmaciones o actuaciones realizadas por esta persona corresponden exclusivamente a su ámbito personal y no representan la posición institucional de Bienestar Familiar.

2. Bienestar Familiar rechaza el uso indebido de su nombre, imagen institucional o cargos inexistentes que puedan generar confusión entre la ciudadanía respecto de quienes están autorizados para actuar o pronunciarse en representación de la entidad.

La confianza de las familias, comunidades y ciudadanos en las instituciones públicas exige claridad, transparencia y responsabilidad en el uso de la información.

3. Frente a las afirmaciones realizadas por el señor López relacionadas con presuntos hechos de corrupción o posibles irregularidades en el manejo de recursos destinados a niñas, niños y adolescentes, Bienestar Familiar recuerda que se trata de señalamientos de la mayor gravedad.

Los recursos públicos destinados a la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia deben ser protegidos con absoluto rigor y cualquier información relacionada con posibles irregularidades debe ser puesta de inmediato en conocimiento de los organismos competentes.

Asimismo, la presente aclaración se realiza con ocasión de publicaciones y comentarios difundidos el día 21 de junio de 2026 a través de la red social Facebook, en los que el ciudadano Farid López es identificado o se presenta como supuesto «Enlace Jurídico de Primera Infancia» de Bienestar Familiar Regional Putumayo y realiza afirmaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y manejo de recursos públicos destinados a niñas, niños y adolescentes.

4. Por lo anterior, Bienestar Familiar invita formalmente al ciudadano Farid López y a cualquier persona que afirme tener conocimiento o evidencia sobre posibles actos de corrupción, irregularidades administrativas o uso indebido de recursos públicos, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y demás autoridades competentes.

Asimismo, Bienestar Familiar recuerda a la ciudadanía que tiene habilitada la Línea Anticorrupción 01 8000 91 80 80, opción 4, así como los demás canales institucionales de atención al ciudadano para recibir y tramitar denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la gestión pública y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La entidad manifiesta su total disposición para colaborar con cualquier actuación o investigación que se adelante en el marco de la ley.

5. Bienestar Familiar reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La entidad continuará fortaleciendo los mecanismos de control, seguimiento y vigilancia para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en la gestión institucional.

Asimismo, el ICBF Regional Putumayo expresa su más profundo y firme rechazo ante cualquier intento de instrumentalizar el nombre de la entidad para generar desinformación, zozobra o desconfianza en la comunidad. Bajo ninguna circunstancia toleraremos el uso de discursos de odio, amenazas o expresiones que constituyan una incitación a la violencia en las plataformas digitales, pues quienes trabajamos al servicio de la ciudadanía debemos ser referentes de paz, respeto y convivencia. La institucionalidad no puede ser escenario de debates personales ni de estrategias de difamación digital; por ende, censuramos categóricamente cualquier acto de hostigamiento que atente contra los principios éticos y la seguridad de las personas en nuestro departamento.

Bienestar Familiar hace un llamado a que cualquier denuncia relacionada con asuntos públicos sea tramitada por las vías institucionales y ante las autoridades competentes, garantizando el debido proceso, la transparencia y el respeto por la verdad.