«La inactividad de estas instancias compromete la garantía de derechos de una población que, según el ordenamiento jurídico nacional, goza de especial protección. Si los comités no sesionan ni ejecutan lo planeado, se pone en riesgo la efectividad de las acciones de promoción y garantía de derechos», expresó Carlos Alfonso Origua, miembro del equipo de Política Criminal de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien realizó la asistencia técnica para miembros del Comité Departamental de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Córdoba.
El Sistema Nacional de Coordinación realiza un monitoreo constante del funcionamiento de cada comité. En este seguimiento, se ha identificado que varios territorios presentan un estado crítico en el cumplimiento de sus funciones.
En el departamento de Córdoba, la Procuraduría, el Bienestar Familiar —como Secretaría Técnica del Comité Departamental— y la presidencia del comité iniciarán un seguimiento más riguroso al desarrollo de las sesiones, aspecto en el que se han evidenciado fallas. Asimismo, se han detectado incumplimientos en la ejecución de acciones del plan de acción por parte de algunas entidades con compromisos específicos.
Se hace un llamado a las entidades de control, como la Personería y la Procuraduría, para que acompañen y supervisen el funcionamiento de estas instancias, en aras de garantizar los derechos de los adolescentes y jóvenes del país.