Comunicado a la opinión pública
Bogotá, D. C.
Frente a la reciente publicación de la Revista Cambio titulada “El Cartel de las Familias Falsas”, relacionada con la presunta desviación de recursos en el contrato 363 de 2021, en el departamento de Nariño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
A través de la denuncia anticorrupción, radicada con el número 3395 y SIM 1763307712, la Oficina Asesora Jurídica del ICBF tuvo conocimiento de posibles hechos contrarios a la ley relacionados con el contrato 363 de 2021.
Conforme al lineamiento anticorrupción institucional, y en estricto acatamiento al debido proceso y tolerancia cero a los actos de corrupción, se inició la recopilación de la información necesaria y los elementos materiales probatorios, que permitieran promover las denuncias correspondientes. Este proceso culminó el día 2 de febrero del año 2023, fecha en la cual el ICBF instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el radicado número CUI 520016099032202316550.
Ahora bien, en relación con los procesos administrativos sancionatorios es importante precisar que estos se encuentran en cabeza de las Direcciones Regionales, como ordenadoras de este gasto, a ellos corresponde la gestión y decisiones de fondo en cada caso. No obstante, y a pesar de que por competencia estos procesos no son adelantados desde el despacho de la Dirección General, esta administración identificó demoras excesivas en su trámite por lo que dispuso mecanismos de acompañamiento logrando así duplicar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron a cabalidad el objeto para el cual fueron contratados, pasando de 30 sanciones impuestas en 2021 a 70 en 2023.
La sanción del contrato 363 de 2021 es una de las identificadas especialmente demorada, sobre la cual el equipo nacional revisó y acompañó a la dirección regional logrando ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por $1.412.415.137.
Frente a la presunta relación de un exconcejal con la unión temporal sancionada, el despacho de la Dirección General solicitó revisión de las bases de contratación para verificar los asociados de la unión temporal que celebró contrato en 2021, identificando que ese nombre figura como revisor fiscal de una de las dos organizaciones que conforman la unión temporal. De igual forma, es preciso informar que esta Administración no ha celebrado contratos con dicha unión temporal ni con sus asociados.
Desde la llegada del Gobierno del Cambio al ICBF se han tomado medidas contundentes para contrarrestar posibles escenarios de corrupción, y manejos que puedan presentarse en la selección, operación y ejecución contractual de los servicios. Uno de ellos es la realización de una auditoría de control interno sobre los mecanismos de selección de operadores de Primera Infancia y su eficiencia en la selección. Se concluyó que mecanismos como BETTO, así como la herramienta de seguimiento a la ejecución (IDEAS), no reúnen los requisitos de transparencia necesarios para ser utilizados en la contratación del 2024. Dichas denuncias fueron remitidas en octubre de 2023 a las entidades de control.
Esta administración, con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, conformó un equipo anticorrupción con el propósito de realizar verificaciones especializadas de posibles interrelaciones entre operadores para acumular contratación, y otros factores que al final se traducen en mala atención para los niños y niñas.
De igual forma, las nuevas invitaciones públicas fomentan la pluralidad de oferentes, incentivan la participación de nuevos actores con una base comunitaria más sólida, cuyo trabajo territorial permite también un control ciudadano más cercano. Adicionalmente, se han puesto límites a la cantidad de contratos para adjudicar, al número de cupos que puede tener un operador, así como criterios que priorizan la territorialidad de los actores de manera que, además de las mejoras en procesos de supervisión institucional, los controles sociales ayuden a cualificar la atención para los niños y niñas.
La revista Cambio señala elementos nuevos no conocidos por el despacho de la Dirección General relacionados con un funcionario del Instituto, ante los cuales, en el marco del respeto por la institucionalidad, se adelantarán las acciones a que haya lugar.
La Dirección General considera que la tarea periodística por develar nexos entre actores políticos e irregularidades en la contratación es una labor que le permite al país conocer más a fondo realidades regionales que afectan al interés público, y en este caso particular la revista aporta valiosos elementos a situaciones que previamente el ICBF puso en conocimiento de las autoridades competentes.
El ICBF en su compromiso por la tolerancia cero frente a hechos de corrupción invita a denunciar cualquier hecho irregular en los canales de denuncia dispuestos como: línea gratuita nacional ICBF: 01 8000 91 80 80, disponible lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm.; la línea Anticorrupción: 01 8000 91 80 80, opción 4, la línea 141, correo Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@icbf.gov.co
Conforme al lineamiento anticorrupción institucional, y en estricto acatamiento al debido proceso y tolerancia cero a los actos de corrupción, se inició la recopilación de la información necesaria y los elementos materiales probatorios, que permitieran promover las denuncias correspondientes. Este proceso culminó el día 2 de febrero del año 2023, fecha en la cual el ICBF instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el radicado número CUI 520016099032202316550.
Ahora bien, en relación con los procesos administrativos sancionatorios es importante precisar que estos se encuentran en cabeza de las Direcciones Regionales, como ordenadoras de este gasto, a ellos corresponde la gestión y decisiones de fondo en cada caso. No obstante, y a pesar de que por competencia estos procesos no son adelantados desde el despacho de la Dirección General, esta administración identificó demoras excesivas en su trámite por lo que dispuso mecanismos de acompañamiento logrando así duplicar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron a cabalidad el objeto para el cual fueron contratados, pasando de 30 sanciones impuestas en 2021 a 70 en 2023.
La sanción del contrato 363 de 2021 es una de las identificadas especialmente demorada, sobre la cual el equipo nacional revisó y acompañó a la dirección regional logrando ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por $1.412.415.137.
Frente a la presunta relación de un exconcejal con la unión temporal sancionada, el despacho de la Dirección General solicitó revisión de las bases de contratación para verificar los asociados de la unión temporal que celebró contrato en 2021, identificando que ese nombre figura como revisor fiscal de una de las dos organizaciones que conforman la unión temporal. De igual forma, es preciso informar que esta Administración no ha celebrado contratos con dicha unión temporal ni con sus asociados.
Desde la llegada del Gobierno del Cambio al ICBF se han tomado medidas contundentes para contrarrestar posibles escenarios de corrupción, y manejos que puedan presentarse en la selección, operación y ejecución contractual de los servicios. Uno de ellos es la realización de una auditoría de control interno sobre los mecanismos de selección de operadores de Primera Infancia y su eficiencia en la selección. Se concluyó que mecanismos como BETTO, así como la herramienta de seguimiento a la ejecución (IDEAS), no reúnen los requisitos de transparencia necesarios para ser utilizados en la contratación del 2024. Dichas denuncias fueron remitidas en octubre de 2023 a las entidades de control.
Esta administración, con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, conformó un equipo anticorrupción con el propósito de realizar verificaciones especializadas de posibles interrelaciones entre operadores para acumular contratación, y otros factores que al final se traducen en mala atención para los niños y niñas.
De igual forma, las nuevas invitaciones públicas fomentan la pluralidad de oferentes, incentivan la participación de nuevos actores con una base comunitaria más sólida, cuyo trabajo territorial permite también un control ciudadano más cercano. Adicionalmente, se han puesto límites a la cantidad de contratos para adjudicar, al número de cupos que puede tener un operador, así como criterios que priorizan la territorialidad de los actores de manera que, además de las mejoras en procesos de supervisión institucional, los controles sociales ayuden a cualificar la atención para los niños y niñas.
La revista Cambio señala elementos nuevos no conocidos por el despacho de la Dirección General relacionados con un funcionario del Instituto, ante los cuales, en el marco del respeto por la institucionalidad, se adelantarán las acciones a que haya lugar.
La Dirección General considera que la tarea periodística por develar nexos entre actores políticos e irregularidades en la contratación es una labor que le permite al país conocer más a fondo realidades regionales que afectan al interés público, y en este caso particular la revista aporta valiosos elementos a situaciones que previamente el ICBF puso en conocimiento de las autoridades competentes.
El ICBF en su compromiso por la tolerancia cero frente a hechos de corrupción invita a denunciar cualquier hecho irregular en los canales de denuncia dispuestos como: línea gratuita nacional ICBF: 01 8000 91 80 80, disponible lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm.; la línea Anticorrupción: 01 8000 91 80 80, opción 4, la línea 141, correo Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@icbf.gov.co
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF ComunicacionesSede Dirección General
Más noticias
Actividades de Bienestar
