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FICHAS DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA-SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD

SENTENCIA: C-262-16

TEMA: Inexequibilidad de la expresión “cónyuges” contenida en el artículo 310 del Código Civil para sustituirla por la expresión “padres”

NORMA DEMANDADA.

CÓDIGO CIVIL

ARTICULO 310. <SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD>. <Artículo modificado por el artículo 7o del Decreto 772 de 1975> La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315; pero si éstas se dan respecto de ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo.

Cuando la patria potestad se suspenda respecto de ambos cónyuges mientras dure la suspensión se dará guardador al hijo no habilitado de edad.

La suspensión o privación de la patria potestad no exonera a los padres de sus deberes de tales para con sus hijos.

PROBLEMA JURÍDICO.

¿La expresión cónyuges contenida en los incisos 1o y 2o del artículo 310 del Código Civil, resulta contraria a los mandatos contenidos en los artículos 42 y 44 constitucionales?

RAZONES DE LA DECISIÓN.

7. Inconstitucionalidad de la expresión “cónyuges” del artículo 310 del Código Civil

7.1 El artículo 310 del Código Civil, al regular la suspensión de la patria potestad claramente sólo prevé la designación de guardador si se trata de patria potestad que esté en cabeza de los "cónyuges", dejando por fuera los casos de filiaciones paternas distintas a la matrimonial.

Como lo señala la Procuraduría en su intervención, el artículo enjuiciado en esta ocasión y, en especial las expresiones demandadas, admite tres interpretaciones: una histórica, una sistemática, y otra literal. Dos resultan constitucionales, la otra no.

7.2 Como se expuso en el capítulo precedente de esta sentencia, la redacción original del Código Civil, no hacía referencia alguna a los cónyuges. De igual manera, las reformas introducidas a la patria potestad por las leyes 153 de 1887, 45 de 1936, 75 de 1968 y los decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975, nunca vincularon esta institución al matrimonio.

Como se vio, las sucesivas modificaciones de la figura tuvieron dos ejes: la igualdad de los derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y de los hombres y las mujeres en el ejercicio de la patria potestad. De lo anterior se colige que si se interpreta la norma a la luz de la génesis de institución, esta figura nunca estuvo vinculada al matrimonio.

Este resultaba relevante en el pasado exclusivamente en lo que tenía que ver con la legitimidad o no del hijo sobre el que se ejercía la patria potestad y la forma que esta adquiría. Para ilustrar este punto, por ejemplo, en las regulaciones originales del Código Civil y de la ley 153 de 1887, el hijo extramatrimonial no era sujeto de patria potestad. Solo hasta las modificaciones legislativas de 1936 se concibió la figura sobre este, pero diferenciada de la de aquel que había nacido al interior del matrimonio. Sin embargo insiste la Corte que la patria potestad, desde su inicio mismo, siempre ha estado vinculada al concepto de paternidad.

7.3 Adicionalmente, en la actualidad, tanto el Código Civil -excepto en la norma que se demanda- como el Código de la Infancia y de la Adolescencia se refieren a los padres como titulares de la patria potestad. Así se concluye al hacer una revisión de los artículos 62, 88,(1)119 (2)288, 290 (3), 299 (4), 301 (5), 307 (6), 313 (7) 315 (8) y 869 (9)del Código Civil. Es más, el mismo artículo 310 que se demanda, señala textualmente, en su inicio, que la patria potestad se suspenderá “con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia”. De manera complementaria, el Código de la Infancia y la Adolescencia, en los artículos 14 (10), 36 (11), 108 (12), 110 (13), 123 (14) y 132 (15), claramente señala que esta está ligada al concepto de paternidad.

Así las cosas –como se dijo- una interpretación sistemática de las disposiciones acusadas permite comprender que ahí donde el legislador usó la expresión cónyuges, realmente debe entenderse referido a los padres. Y que tal y como lo señaló el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en su intervención, “basta con una adecuada interpretación histórica y sistemática de la ley para dejar claro que fue un lapsus del legislador”(16).

7.4 Sin embargo, una interpretación literal de la norma en comento resulta inconstitucional. Les asiste razón a los demandantes en el sentido de que una lectura gramatical de la disposición atacada, lleva a concluir que la suspensión de la patria potestad, excluye la medida de protección de designación de guardador para los niños cuya patria potestad es ejercida por padres que carecen de vínculo matrimonial, como son los que viven en unión libre y los que no son pareja.

Esta interpretación resulta contraria a los artículos 42 y 44 de la Carta, en la medida en la que implica someter a los menores de edad cuya patria potestad no es ejercida por los cónyuges a un trato que puede comprometer su interés superior de estos menores, especialmente en lo que refiere a la asignación de un guardador. La expresión cónyuges da un trato preferente a las familias conformadas por matrimonio sobre otras formas familiares igualmente protegidas por la Carta. Además genera el riesgo -en lo que atañe a la designación del guardador- de desprotección de los menores de edad cuya patria potestad está en cabeza de personas que no están unidas mediante el vínculo matrimonial y, por ende, no tienen la calidad de cónyuges.

La expresión acusada, así interpretada, pone en evidencia una diferenciación de trato entre los hijos que resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional, ya que restringe el disfrute de la protección que otorga la patria potestad ejercida por los padres, sólo a los hijos habidos dentro del matrimonio, situación que genera una discriminación legal por el origen familiar o por el nacimiento de los hijos cuyo modo de filiación es extramatrimonial o adoptivo, desconociendo los principios y valores que enmarcan la Constitución Política de 1991.

A manera de ejemplo, se puede citar la situación del hijo adoptivo de una pareja del mismo sexo que vive en unión libre, cuyas madres son suspendidas en la patria potestad. Ese menor, al seguir el tenor literal de la norma, no tendría derecho a que le fuera asignado el guardador. Estaría entonces, en una situación inconstitucional, en la que, por la naturaleza de la familia a la que pertenece (esto es, una pareja en unión libre y no en matrimonio) no puede recibir el cuidado a través de la figura que la ley civil ha establecido para tal efecto.

Es necesario precisar también que la expresión “padres” no puede ser comprendida desde una interpretación inconstitucional. Se refiere a padres y madres, en el marco de cualquier forma de familia protegida constitucionalmente, en el sentido de lo dispuesto en las sentencias C-577 de 2011, SU-617 de 2014, C-071 de 2015, C-683 de 2015 y SU-2014 de 2016.

Cabe recordar aquí que el artículo 27 del Código Civil, al definir los criterios de la interpretación de la ley, dispuso que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.”(17). Por ello, teniendo en cuenta que el sentido literal de lo demandado es claro, existe el riesgo de que los jueces desatiendan las interpretaciones histórica y sistemática de la norma y en su lugar opten por la gramatical o literal. Ello justifica que la Corte, ante la posibilidad de que se aplique un sentido inconstitucional del artículo 310 del Código Civil, lo excluya del ordenamiento jurídico en aras de preservar este último.

8. Efectos de la presente sentencia.

En aplicación del principio de conservación de la norma, la Corte Constitucional ha optado por lo que la doctrina denomina sentencias interpretativas o manipulativas, para eliminar una parte de la disposición demandada, e integrarla o manipularla para darle un alcance constitucional, amoldarla al ordenamiento constitucional, para que sirva al propósito de mantener una institución jurídica, dotándola de la eficacia normativa pretendida por el constituyente.

La interpretación adecuada del artículo 310 del Código Civil exige un pronunciamiento de la Corte Constitucional que procure la protección del interés superior del niño, niña o adolescente, en los casos en que se requiera suspender o privar de la patria potestad a ambos padres con independencia del vínculo de estos o aún en los casos en que los padres no conformen una pareja.

La adecuación de la disposición legal acusada al ordenamiento constitucional, en orden a que la norma produzca los efectos pretendidos por la Constitución y por el legislador, dirigidos a preservar la representación del menor a través de un guardador, en los casos de suspensión de la patria potestad, es posible mediante el pronunciamiento de una sentencia sustitutiva en la que se modifique la palabra "cónyuges" por la palabra "padres" en el artículo 310 del Código Civil.

En efecto, la Corte Constitucional ha establecido que este tipo de sentencias integradoras "son una modalidad de decisión por medio de la cual, el juez constitucional proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal. Las sentencias integradoras, en cualquiera de sus modalidades -interpretativas, aditivas o sustitutivas-, encuentran un claro fundamento en el carácter normativo de la Carta Política (CP. art. 4o) y en los principios de efectividad (CP. art. 2o) y conservación del derecho (CP. art. 241), llamados a gobernar el ejercicio del control de constitucionalidad, ya que facilitan la labor de mantener vigente en el ordenamiento jurídico la norma que ofrece insuficiencias desde la perspectiva constitucional, en el sentido que le permite al órgano de control constitucional ajustar su contenido a los mandatos superiores parcialmente ignorados por el legislador.

"(...) Las sentencias integradoras de tipo sustitutivas se producen en aquellos casos en que la Corte retira del ordenamiento jurídico la disposición acusada o un aparte de la misma, y procede a llenar el vacío de regulación generado por la decisión con un nuevo texto que se ajuste a la Constitución Política. Las sentencias sustitutivas son entonces una mezcla de sentencia de inconstitucionalidad simple y de sentencia integradora, en el sentido que si bien en ellas se anula el precepto acusado, éste es reemplazado por un mandato que el propio fallo decide incluir o agregar al ordenamiento. De acuerdo con la doctrina especializada, el tipo de sentencia sustitutiva se caracteriza por adoptar, en forma sucesiva y concurrente, una postura oblativa, por medio de la cual se neutraliza la inconstitucionalidad advertida, y una postura reconstructiva, dirigida a llenar la laguna normativa creada por el vicio de inconstitucionalidad detectado."(18)

Más recientemente, en la sentencia C-754 de 2015 la Corporación señaló que este tipo de fallos tiene su fundamento en los artículos 2, 4 y 241 de la Constitución y en los principios de efectividad y conservación del derecho, que gobiernan el ejercicio del control constitucional y buscan mantener vigente en el ordenamiento jurídico las normas mediante una técnica que supere los aspectos que son insuficientes desde la perspectiva constitucional(19)

Esta metodología se viene aplicando desde la sentencia C-011 de 1994, y ha sido reiterada por el Tribunal en las providencias C-012 de 1994, C-478 de 2003 y C-1235 de 2005, C-325 de 2009, C-458 de 2015 y C-754 de ese mismo año.

En esta oportunidad se requiere un pronunciamiento que le otorgue eficacia normativa a la institución de la guarda cuando se produzca la suspensión de la patria potestad.

En conclusión, la Sala proferirá una sentencia modulada sustitutiva de tal forma que la palabra cónyuges será reemplazada por padres, considerando que esto no implica la invasión de la libertad de configuración del legislador o el quebrantamiento del principio de la división de los poderes públicos, puesto que la Corte no está construyendo una nueva disposición legal sino que simplemente está adecuándola para que esta armonice con el sentido de la institución jurídica que desarrolla y resulte coherente con las demás sobre la materia presentes en el ordenamiento jurídico (e incluso en el mismo estatuto) y con el objetivo mismo del artículo en su conjunto, y simultáneamente sea respetuosa de las normas constitucionales pertinentes.

NOTAS AL FINAL:

1. “ARTICULO 88. DOMICILIO DEL QUE VIVE BAJO PATRIA POTESTAD Y DEL QUE SE HALLA BAJO TUTELA O CURADURIA. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno, y el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador”. (Subrayas de la Corte)

2. ARTICULO 119. PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD. Modificado por el art. 3, Decreto 2820 de 1974. Se entenderá faltar asimismo aquel de los padres que haya sido privado de la patria potestad. (Subrayas de la Corte

3. ARTICULO 291. USUFRUCTO DE LOS BIENES DE LOS HIJOS. Modificado por el art. 26, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: El padre y la madre gozan por iguales partes del usufructo de todos los bienes de los hijos de familia, exceptuados:

1o) El de los bienes adquiridos por el hijo como fruto de su trabajo o industria, los cuales forman su peculio profesional o industrial.

2o) El de los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador haya dispuesto expresamente que el usufructo de tales bienes corresponda al hijo y no a los padres; si sólo uno de los padres fuere excluido, corresponderá el usufructo al otro.

3o) El de las herencias y legados que hayan pasado al hijo por indignidad o desheredamiento de uno de sus padres, caso en el cual corresponderá exclusivamente al otro.

Los bienes sobre los cuales los titulares de la patria potestad tienen el usufructo legal, forman el peculio adventicio ordinario del hijo; aquéllos sobre los cuales ninguno de los padres tienen el usufructo, forman el peculio adventicio extraordinario.” (Subrayas de la Corte)

4. “ARTICULO 299. CESACION DE LA ADMINISTRACION Y DEL USUFRUCTO. Modificado por el art. 33, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: Tanto la administración como el usufructo cesan cuando se extingue la patria potestad y cuando por sentencia judicial se declare a los padres que la ejercen responsables de dolo o culpa grave en el desempeño de la primera.

Se presume culpa cuando se disminuye considerablemente los bienes o se aumenta el pasivo sin causa justificada.” (Subrayas de la Corte)

5. “ARTICULO 301. CELEBRACION DE NEGOCIOS NO AUTORIZADOS. Modificado por el art. 35, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: En el caso del artículo precedente, los negocios del hijo de familia no autorizados por quien ejerce la patria potestad o por el curador adjunto, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial.

Pero no podrá tomar dinero a interés, ni comprar el fiado (excepto en el giro ordinario de dicho peculio) sin autorización escrita de los padres. Y si lo hiciere no será obligado por estos contratos, sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos.”(Subrayas de la Corte

6. “ARTICULO 307. EJERCICIO Y DELEGACION DE LA REPRESENTACION Y ADMINISTRACION. Modificado por el art. 40, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: Los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial del hijo de familia serán ejercidos conjuntamente por el padre y la madre. Lo anterior no obsta para que uno de los padres delegue por escrito al otro, total o parcialmente, dicha administración o representación.

Si uno de los padres falta, corresponderán los mencionados derechos al otro.

En los casos en que no hubiere acuerdo de los titulares de la patria potestad sobre el ejercicio de los derechos de que trata el inciso primero de este artículo o en el caso de que uno de ellos no estuviere de acuerdo en la forma como el otro lleve la representación judicial del hijo, se acudirá al juez o funcionario que la ley designe para que dirima la controversia de acuerdo con las normas procesales pertinentes. (Subrayas de la Corte)

7. ARTICULO 313. EMANCIPACION VOLUNTARIA. Modificado por el artículo 43, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres declaran emancipar al hijo adulto y éste consiente en ello. No valdrá esta emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa.

8. ARTICULO 315. EMANCIPACION JUDICIAL. Modificado por el art. 45, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:

(…)” (Subrayas de la Corte)

9. “ARTICULO 869. USUFRUCTO DEL PADRE DE FAMILIA Y DEL CONYUGE. El usufructo legal del padre de familia sobre ciertos bienes del hijo, y el del marido, como administrador de la sociedad conyugal, en los bienes de la mujer, están sujetos a las reglas especiales del título De la patria potestad, y del título De la sociedad conyugal”(Subrayas de la Corte)

10. “Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.”(Subrayas de la Corte)

11. “Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana.

(…)

Parágrafo 1o. En el caso de los adolescentes que sufren severa discapacidad cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el proceso de interdicción ante la autoridad competente, antes de cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de esta se le prorrogue indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley.” (Subrayas de la Corte)

12. “Artículo 108. Homologación de la declaratoria de adoptabilidad. Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente habiendo existido oposición en la actuación administrativa, y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el parágrafo primero del artículo anterior, el Defensor de Familia deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su homologación.

En los demás casos la resolución que declare la adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, niña o adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la oficina de registro civil.” (Subrayas de la Corte)

13. “Artículo 110. Permiso para salir del país. La autorización del Defensor de Familia para la salida del país de un niño, niña o adolescente, cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, se sujetará a las siguientes reglas:

(…)

Parágrafo 1°. Cuando un niño, una niña o un adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al país.

No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad.”(Subrayas de la Corte)

14. “Artículo 123. Homologación de la declaratoria de adoptabilidad. La sentencia de homologación de la declaratoria de adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de Registro del Estado Civil.

Si el juez advierte la omisión de alguno de los requisitos legales, ordenará devolver el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane.” (Subrayas de la Corte)

15. “Artículo 132. Continuidad de la obligación alimentaria. Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.” (Subrayas de la Corte)

16. Folio 77

17. Esta norma fue declarada constitucional recientemente mediante sentencia C-054 de 2016. Dicha sentencia recordó: “…el método gramatical es el que está más profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de ese legislador soberano, pues supone que en ciertas ocasiones las normas tienen un sentido único, que no requiere ser interpretado.”

18. Sentencia C-325 de 2009

19. Sentencia C-754 de 2015

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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Derecho del Bienestar Familiar"
ISBN [978-958-98873-3-2]
Última actualización: 31 de diciembre de 2019
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