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DOCUMENTO CONPES 161 DNP DE 2013

(Bogotá, Marzo 12 de 2013)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

DNP: DDS-DJSG-DDU-DDRS-SDAS-DIFP-OAJ

Ministerio del Interior

Ministerio de Justicia y del Derecho

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Defensa

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ministerio de Transporte

Ministerio de Cultura

Colciencias

Alta Consejería para la Equidad de la Mujer

RESUMEN.

El respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación son principios constitucionales que se garantizan a través del goce efectivo de los derechos de las mujeres(1). Estudios recientes(2) han demostrado que la igualdad de género trae beneficios sociales y económicos a través del aumento de la productividad y la competitividad del país. Por lo tanto, su consecución es fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente, próspera y democrática.

Atendiendo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos"(3), en septiembre de 2012, el Gobierno Nacional lanzó los Lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres y del Plan integral para garantizar una vida libre de violencias, constituyéndose en el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones sostenibles para la superación de brechas y la transformación cultural, que en el horizonte de los próximos 10 años, contribuyan al goce efectivo de los derechos de las mujeres en nuestro país.

Así, con fundamento en los principios, objetivos y ejes desarrollados en los mencionados lineamientos, este documento CONPES presenta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y precisa el plan de acción indicativo para el período 2013-2016, el cual incluye el Plan integral para garantizar una vida libre de violencias. Las problemáticas abordadas y priorizadas en este documento, reflejan aspectos centrales de las desigualdades que afectan a las mujeres en nuestro país, evidenciando la pertinencia de su tratamiento intersectorial en forma articulada por parte del Estado. Esto, se logrará a través de la puesta en marcha de este Plan de Acción Indicativo que precisa objetivos, alcances y acciones de las entidades involucradas, para avanzar en la superación de las brechas de inequidad.

Clasificación:

Palabras claves: Mujeres, Género, Transversalización, Derechos Humanos, Enfoque, Diferencial, Igualdad, Equidad, Discriminación, Violencia, Pobreza, Desarrollo.

TABLA DE CONTENIDO:

Introducción..................................................................................................................5
I.Algunos elementos conceptuales....................................................................7
II.Situacion actual.....................................................................................................9
III.Plan de accion indicativo 2013-2016................................................................41
1.Objetivos.................................................................................................................41
2.Alcances y acciones indicativas.......................................................................42
3.Herramientas para operativizar el plan de acción indicativo.....................49
IV.Financiacion...........................................................................................................50
V.Recomendaciones................................................................................................51
VI.Siglas........................................................................................................................54
VII.Bibliografía..............................................................................................................55

INTRODUCCIÓN.

Este documento presenta a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres(4) y el Plan de Acción Indicativo 2013-2016, el cual incluye el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Ambos, política y plan, formulados bajo los preceptos constitucionales y el bloque de constitucionalidad en especial en materia de los Derechos Humanos en perspectiva de género y en los principios de igualdad y no discriminación, interculturalidad, reconocimiento de la diversidad desde un enfoque diferencial de derechos, autonomía, empoderamiento, participación, solidaridad, corresponsabilidad y sostenibilidad.

El presente CONPES desarrolla los "Lineamientos para la política pública nacional de equidad de género para las mujeres" y el "Plan para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias"(5), los cuales fueron construidos por el Gobierno Nacional de manera participativa, en diálogo con las redes y organizaciones de mujeres, con el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional. Así mismo, a partir del proceso de concertación adelantado con las entidades involucradas(6), este documento señala y prioriza un conjunto de acciones estratégicas, sectoriales y articuladas que, al ser ejecutadas, permiten avanzar en la superación de la discriminación y en el goce efectivo de los derechos de las mujeres, con el fin de generar beneficios para el conjunto de la población colombiana, que redunden en una sociedad más justa, equitativa, incluyente, próspera y pacífica.

Esta Política Pública pretende enfrentar las problemáticas que afectan a todas las mujeres de manera integral y desde una lógica diferencial, involucrando a la sociedad en su conjunto, para que se construyan relaciones equitativas entre hombres y mujeres. En este sentido, el CONPES está dirigido a las mujeres colombianas de todos los grupos y sectores sociales sin distinción. Así, incluye a mujeres, (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas) urbanas, rurales, pobres, afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, indígenas, campesinas y Rrom, como también, aquellas de diversas opciones sexuales y las que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad y las víctimas de diversas formas de violencias.

Dadas las particulares formas de discriminación y múltiples violencias que afectan a algunos colectivos de mujeres, además de la política pública que adopta este documento CONPES, se dispone de instrumentos de política pública complementarios, como el CONPES 3726 Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas, el CONPES 147 Estrategia Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, y los que se encuentran en elaboración(7), cada uno de los cuales precisa acciones para estos grupos particulares de mujeres y, en conjunto, contribuyen al goce y ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

La superación de todas las formas de discriminación contribuye de manera decisiva al desarrollo del país. En 1995, lo afirmó el Informe sobre Desarrollo Humano, "sólo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, mujeres y hombres, tienen la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones". Para ello, se requiere no sólo de acciones afirmativas para las mujeres que permitan un trato diferencial, sino principalmente de una transformación de las estructuras, las prácticas y las jerarquías de la sociedad en su conjunto, situación que permitirá que las colombianas y los colombianos ejerzan sus derechos a plenitud, bajo las mismas oportunidades. Y, al mismo tiempo, contribuirá a la construcción de la democracia y de la paz social, al promover una mayor inclusión social.

Aunque el país ha diseñado en las tres últimas décadas diferentes políticas para las mujeres(8), los procesos de implementación han sido discontinuos y fragmentados. Lo anterior, conlleva a la afirmación de que en materia de derechos de las mujeres, el país ha avanzado mucho más en normativas(9) que los reconocen, que en acciones que permitan su ejercicio real.

Por lo anterior, este documento se estructura en 7 apartados. El primero recoge algunos elementos conceptuales, en tanto que el segundo precisa la situación actual de las principales áreas en que las mujeres se ven afectadas por la discriminación y que requieren una intervención integral y sostenida para superarla. En el tercer apartado se presenta el Plan de Acción Indicativo que establece las acciones que deberán adelantarse en el período 2013–2016, en desarrollo de la Política Pública Nacional para la Equidad de Género de las Mujeres y el Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. El cuarto apartado contiene las recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social. Para finalizar, los últimos tres acápites corresponden a la bibliografía, las siglas y los anexos, respectivamente.

I. ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES. (10)

La actual demanda por la inclusión de los temas de género como un asunto relevante y prioritario de la agenda pública y, consecuentemente, como objeto de políticas es el resultado de un largo y arduo proceso político y social, liderado por los movimientos de mujeres, que se ha llevado a cabo en varios escenarios simultáneamente y, en el que han participado los más diversos actores. En concordancia con esta demanda, la prosperidad democrática, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, reconoce la equidad de género como una dimensión impostergable de la equidad social y como tema de política y responsabilidad gubernamental.

Este documento manifiesta el reconocimiento de las mujeres como actores sociales vitales y como agentes de desarrollo, consiguientemente, expresa el compromiso del Estado colombiano frente a la promoción e implementación de una institucionalidad gubernamental responsable de velar por la inclusión del enfoque de género y el enfoque diferencial en el diseño de políticas y de acciones concretas que contribuyan a una real garantía en el acceso, ejercicio y goce de los derechos de las mujeres.

La incorporación del análisis de género en las políticas públicas que ayuden a intervenir y transformar las realidades sociales actuales, los procesos culturales de construcción de las identidades de género y la división social y sexual del trabajo, es a lo que se le ha denominado transversalización del enfoque de género en el accionar del Estado. Ésta, como estrategia de inclusión debe atender las necesidades de las mujeres asociadas a sus roles de género y a la satisfacción de sus necesidades básicas, mejorando sus condiciones de existencia. Al mismo tiempo, busca atender los intereses de las mujeres, vinculados con la superación de la desigualdad, el acceso al poder y a la eliminación de las diversas formas de discriminación y subordinación, transformando y empoderando su posición en la sociedad.

En esta dirección, la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, en sus lineamientos, incorpora como herramientas conceptuales el principio de igualdad y no discriminación, el análisis de género y el enfoque diferencial de derechos.(11). Este sentido amplio del concepto de equidad, que le da nombre a esta política pública nacional, adopta las nociones de igualdad, no discriminación y diversidad, cuyo entrelazamiento permite definir la equidad como una igualdad orientada por las diferencias.(12).

Esto no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que el Estado debe garantizar el acceso, goce y ejercicio en igualdad de oportunidades y capacidades para unos y otros.(13). Al mismo tiempo, se busca considerar las diferencias, el reconocimiento de los sujetos en su diversidad y la configuración de los poderes que éstos tienen a disposición para participar en igualdad de condiciones de la vida social. En este sentido, se habla de un enfoque diferencial de derechos, el cual, enfrenta la discriminación que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y considera también, la intersección de otras discriminaciones que afectan a grupos particulares de mujeres. Al reconocer la diversidad y las diferencias de los sujetos sociales, el enfoque diferencial de derechos reconoce a las mujeres como un grupo social heterogéneo configurado por pluralidades internas, en razón de su identidad étnica, de clase, de edad, de orientación sexual, de región cultural y de otras características.

Este enfoque se traduce en la utilización de procedimientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad de acceso en términos de derechos, beneficios, servicios y activos conocidas como acciones positivas o afirmativas(14). Éstas facilitan a los grupos de personas consideradas en desventaja, en este caso mujeres y grupos específicos de mujeres, el acceso a oportunidades y resultados, que buscan superar las brechas de desigualdad.

Lo anterior significa que, si bien se deben aplicar acciones afirmativas para garantizar el goce de los derechos de todas las mujeres, también es pertinente aplicar medidas correctivas adicionales y específicas dirigidas a las categorías de mujeres múltiplemente excluidas, tales como: indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, campesinas, Rrom, pobres, trabajadoras sexuales, lesbianas, discapacitadas, desplazadas, presidiarias, entre otras.

II. SITUACION ACTUAL.

Los movimientos sociales y las organizaciones de mujeres, a través del ejercicio participativo, identificaron y priorizaron ocho (8) ejes temáticos, plasmados en los Lineamientos de la política pública de equidad de género para las mujeres, como los fundamentales para la superación de la discriminación y la feminización de la pobreza. Durante la elaboración de este CONPES estos ocho (8) ejes temáticos se depuraron en los siguientes seis (6) ejes: Construcción de paz y transformación cultural como ejes transversales de la política, cuyo alcance incorpora tanto la necesaria transformación de los imaginarios culturales, como el fortalecimiento de la gestión pública y el desarrollo institucional que los dinamice; Autonomía económica y acceso a activos, que incorpora aspectos relacionados con la necesidad de una adecuada inserción de las mujeres al mercado laboral y a las actividades productivas; Participación en los escenarios de poder y de toma de decisiones, pues se evidencian limitaciones en espacios y mecanismos para la participación social, cultural y política de las mujeres; Salud y derechos sexuales y reproductivos, considerando que el acceso y la calidad de estos servicios de salud para las mujeres en todo su ciclo vital requieren fortalecerse desde el enfoque de género y el enfoque diferencial; Enfoque de género en la educación que muestra su insuficiente aplicación y por tanto la relevancia que el sector educativo visibilice la incorporación de este enfoque en sus procesos institucionales; el Plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias que requiere del compromiso de toda la institucionalidad vinculada a la prevención y atención de las violencias basadas en género.

En cada uno de los mencionados seis (6) ejes, a continuación, se esbozará un panorama sobre la actual situación de las mujeres, con el fin de orientar la intervención del Estado y dinamizar, en el mediano plazo, el andamiaje institucional para atender esta realidad nacional.

1. CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL.

Las mujeres colombianas han sido y continúan siendo sujetos de violencias y violaciones (físicas, psíquicas y morales) que comienzan en el ámbito privado, cotidiano y familiar y se extienden al marco del conflicto armado del país, redundando en situaciones de: desplazamientos forzados, torturas físicas y sicológicas, homicidios, minas antipersonas, desapariciones forzadas, trata de personas y violencia sexual(15). Sin contar con la violencia callejera, como asaltos, golpes y vejaciones, que afectan mayoritariamente a las mujeres en relación con los hombres.

El conflicto armado en Colombia, particularmente, ha traído consecuencias negativas en lo que se refiere la participación de las mujeres en el ámbito público y político, esto es, su participación en los movimientos y organizaciones sociales. Innumerables mujeres líderes comunitarias han sufrido diversas formas de violencia en todos los rincones del país de parte de los actores armados ilegales tales como: persecuciones, hostigamientos y amenazas que afectan e intimidan su capacidad de participación en los espacios de toma de decisiones y esferas de poder, restándoles la posibilidad de acceder a la agenda pública nacional y territorial(16).

Iniciativas recientes como la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), que se fundamenta en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, buscan la reconstrucción de la memoria histórica como uno de los mecanismos para alcanzar esto, al contarle o recordarle a la sociedad, entre otros sucesos, las degradantes formas de violencias que han sufrido y continúan sufriendo las mujeres en el marco del conflicto armado a lo largo y ancho del país. Sin embargo, además del reconocimiento de su condición de víctimas, las mujeres también han sido reconocidas como agentes activos y actores claves en la construcción de la paz social. Por esto, los procesos de paz son escenarios estratégicos para incluirlas como sujetos activos capaces de recrear el tejido social.

Trabajar en la transformación cultural de los imaginarios y demás elementos explícitos y simbólicos que reproducen una cultura autoritaria y patriarcal fundamentada en exclusión y falta de reconocimiento de la alteridad, que han colocado a las mujeres en una situación de desventaja, es central dentro de ésta Política Pública, no sólo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto. Es necesario reconocer el patrimonio cultural que tenemos como nación donde la diversidad de mujeres juega un papel fundamental en el aporte a la riqueza y manutención de sus comunidades, como en el desarrollo del país. La transformación cultural en la medida que apunta a construir una sociedad respetuosa de las diferencias y reconoce el papel de las mujeres en todos los ámbitos es una contribución invaluable para la construcción de paz del país basada no sólo en el cese de las armas sino en una mayor inclusión social.

De otra parte, la situación de la institucionalidad del sector público para diseñar y gestionar las problemáticas de género, son otra limitación para promover la necesaria transformación cultural. Desde los años 90 se crearon en el país las primeras instituciones de gobierno preocupadas por la problemática de género. Su principal función se centró en coordinación de políticas, planes y programas contra la discriminación de las mujeres. No obstante, los cambios de gobierno, nacionales y territoriales, han conllevado a que la temática se ubique en diferentes espacios de poder y de institucionalidad, situación de discontinuidad que ha influido negativamente en la eficacia de la gestión de los procesos.

En la actualidad, a nivel nacional, la temática de género es liderada por la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer (ACPEM), gestionando el fortalecimiento de la transversalización e institucionalización del enfoque de género en las entidades del Estado, comprometiéndolas no solamente a adecuar su oferta institucional, sino también a fortalecer el andamiaje institucional y trasformar las prácticas y la cultura organizacional. Actualmente, los Ministerios de Trabajo y de Justicia son los únicos que cuentan con grupos de trabajo creados formalmente para abordar los temas de género(17) desde su accionar.

En el nivel departamental, el desarrollo institucional en materia de equidad de género se evidencia en la adopción de políticas públicas para las mujeres y en la existencia de oficinas encargadas del tema. En algunas gobernaciones existen mecanismos, dependencias o (18) entidades encargadas de liderar el desarrollo de acciones a favor de los derechos de las mujeres y de acciones para eliminar la discriminación. No todas las entidades territoriales poseen las capacidades para apoyar la transversalización del enfoque de género en sus dependencias. De los 32 departamentos del país, actualmente 5 cuentan con un mecanismo del primer nivel de decisión, es decir, una Secretaría de las Mujeres y/o Equidad de Género(19); 4 departamentos cuentan con un mecanismo del segundo nivel de decisión, equivalentes a consejerías, unidades o gerencias específicamente para los asuntos de género y dependen de una secretaría de despacho o directamente del gobernador(20), en 7 departamentos existe un Programa, Grupo o Equipo de profesionales que manejan la temática de mujer y género(21), y en los demás departamentos existe solo una persona a cargo de estos asuntos(22). No obstante, se resalta que varios departamentos han asumido un compromiso institucional a favor de las mujeres adoptando políticas públicas departamentales, como es el caso de Amazonas, Cundinamarca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca(23).

Como se observa, si bien existe una institucionalidad en el país sus desarrollos no son uniformes, se suma a esto la insuficiente formación de los funcionarios públicos en las temáticas de género, situación que genera una barrera para la efectiva gestión y operacionalización de la respuesta estatal frente a las necesidades e iniciativas a favor de las mujeres, así como el desarrollo de los mandatos normativos vigentes en Colombia y de las propias políticas públicas que se pretenden implementar.

Respecto a la coordinación y sinergia entre actores y recursos, a pesar de la existencia de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación de actividades, con diferente grado de desarrollo en las entidades, aún no se cuenta con los instrumentos y/o mecanismos para garantizar la inclusión del enfoque de género y su impacto en los planes, programas, proyectos o acciones sectoriales e intersectoriales.

2. AUTONOMÍA ECONÓMICA Y ACCESO A ACTIVOS.

En Colombia la pobreza medida como insuficiencia de ingresos (pobreza monetaria total) ha registrado una tendencia decreciente. Entre 2002 y 2011 su incidencia se redujo 15.6 puntos porcentuales, al pasar de 49.7% a 34.1%. Las cifras diferenciadas para hombres y mujeres también indican una disminución. El porcentaje de hombres pobres por insuficiencia de ingresos pasó de 49.4% en 2002 a 33.5% en 2011 (una reducción de 15.9 puntos porcentuales). En el caso de las mujeres, la incidencia disminuyó de 49.9% a 34.7% en el mismo período (una reducción de 15.2 puntos porcentuales). Durante el período para el cual hay cifras oficiales, la incidencia de la pobreza monetaria de las mujeres ha sido ligeramente mayor a la de los hombres, la diferencia promedio fue cercana a 1 punto porcentual. Esta diferencia se ha venido incrementando; en 2002 la incidencia de las mujeres superó en 0.5 puntos porcentuales la de los hombres mientras que en 2011 esta diferencia fue de 1.2 puntos porcentuales(24).

Al analizar por grupos de edad, se encuentra que tanto hombres como mujeres presentan las mayores incidencias en pobreza en el rango de edad comprendido entre 0 y 17 años. No obstante, en el grupo de edad que va de los 18 a los 25 años, la población joven, las mujeres tienen niveles de pobreza mayores que los hombres en 2011 (32.5% mujeres frente a 27.3% hombres).

Así mismo, el porcentaje de hogares pobres, cuyo jefe es una mujer, supera en promedio en 3 puntos porcentuales el de los hogares con jefatura masculina. En 2011 el 26.8% de los hogares con jefatura masculina eran pobres por ingreso. En el caso de los hogares con jefatura femenina, el porcentaje fue 29.6%.

Con respecto al empleo las cifras muestran que el crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha sido el determinante más importante del aumento de la tasa global de participación total de largo plazo. Para el 2011 la tasa de participación nacional femenina fue 52.8%, mientras que en 1950 era de 19%. A su vez, la participación de los hombres no creció en ese mismo periodo, y en 2011 se encontraba en 75,1%, el mismo nivel de 1978(Grafica 1).

Grafica 1.Tasa de participación por sexo 1978 - 2011

Fuente: ENH – ECH – GEIH – DANE

El aumento de la participación laboral de las mujeres se ha presentado debido a cambios demográficos, culturales, institucionales y económicos, tales como el incremento del nivel educativo, la posibilidad de tomar decisiones en relación con la fertilidad y su rol dentro del hogar. No obstante, pese a los avances aún persisten brechas importantes entre hombres y mujeres en relación con el trabajo remunerado y no remunerado.

En el 2011, en una semana promedio las mujeres dedicaron 40 horas al trabajo remunerado y los hombres 49. Sin embargo, durante la misma semana típica las mujeres dedicaron 28 horas a trabajos no remunerados y los hombres sólo 8. En el agregado, incluyendo trabajo remunerado y no remunerado, la jornada laboral de las mujeres sobrepasa a la de los hombres en 10 horas semanales(25). Esta división del trabajo caracterizada por una adjudicación de las labores domésticas y de cuidado del hogar a las mujeres ha creado una barrera de entrada de la población femenina al mercado de trabajo, limitando su capacidad de competir en condiciones igualitarias a las de los hombres además de un bajo reconocimiento social a ese trabajo, altamente invisibilizado. La evidencia muestra que, para 2011, la tasa de participación para mujeres con personas de cuidado en su hogar era del 47.8%, mientras que la de las mujeres sin personas de cuidado en su hogar era del 57.9%(26). Actualmente, el DANE está levantando la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo -ENUC- que servirá de base para medir las actividades de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. Por tanto la contabilización de las mismas en las cuentas nacionales se hará en los años venideros dando cumplimiento a la Ley 1413 del 2010.

Las restricciones para participar en el mercado de trabajo y por lo tanto de devengar ingreso monetario, limita las posibilidades de independencia de la mujeres para tomar decisiones e incluso la posibilidad de alejarse de escenarios de maltrato y discriminación.

Las mujeres que participan en el mercado de trabajo se enfrentan igualmente a condiciones desfavorables. Presentan una tasa de desempleo más alta que la de los hombres. A nivel nacional la tasa desempleo femenina en el año 2011 fue 14,4%, 6,2 puntos porcentuales más alta que la de los hombres (Grafica 2). Mientras la brecha en las cabeceras es similar a la del total nacional, en el área rural la tasa de desempleo femenina es 3,5 veces la de los hombres.

Gráfica 2. Tasa de desempleo por sexo 2011

Fuente: GEIH - DANE

La participación de las mujeres es mayoritaria en las actividades de servicios y comercio, en las cuales se presentaron bajas tasas de crecimiento en la última década y registran altas tasas de informalidad. Adicionalmente, su participación es baja en actividades como de minería y construcción en las cuales se ha focalizado la política de crecimiento mediante las locomotoras. Aunque la proporción de hombres y mujeres asalariados es similar, 46% en el caso de las mujeres. Estás son mayoría en posiciones ocupacionales tales como servicio doméstico (94%) y trabajador familiar sin remuneración (58%) y minoría en la ocupación patrón o empleador (24%) que se asocian con altos ingresos. Sin embargo, la tasa de informalidad femenina por el criterio de afiliación a la seguridad social es 68,6%, la cual no es significativamente diferente a la masculina que es 68,2%.

Grafica 3. Participación femenina por actividad económica 2011

Fuente: GEIH - DANE

El ingreso monetario de las mujeres ocupadas en 2011 fue un 20,9% inferior al de los hombres, pese a que en la actualidad el promedio de años de educación femenino es 0,6 puntos porcentuales es superior al masculino. En razón a lo anterior, la inserción de la mujer en sectores económicos productivos, con mejores condiciones laborales, debe ir acompañada del establecimiento de una noción de nuevas masculinidades. Es vital romper con los roles culturalmente prestablecidos para hombres o mujeres, fortaleciendo elementos que propendan por una verdadera igualdad de oportunidades laborales para la mujer.

Buscando lograr la equidad de género en el mercado laboral, el Gobierno Nacional ha desarrollado una base normativa importante. Ejemplos de esto es la Ley 1496 de 2011, que busca garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y el Decreto 4463 de 2011, que propone la creación del "Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres". Este programa(27), que en la actualidad está siendo implementado por el Ministerio del Trabajo, busca el desarrollo de acciones de política pública que promuevan el empleo, la igualdad salarial, la no discriminación y acoso y el trabajo de calidad para las mujeres. Bajo este marco normativo, el reto es lograr establecer sistemas de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de estas iniciativas, en coordinación con las acciones de inspección, vigilancia y control del trabajo que adelanta el Ministerio de Trabajo.

Vale la pena señalar que la importancia del tema de género, si bien nace desde el plano de la protección y garantía de los derechos fundamentales, trasciende a una esfera económica y de desarrollo en la medida en que la transversalización de la igualdad de género crea economías inteligentes caracterizadas por mejoras en eficiencia, aumentos en productividad, mayores resultados de desarrollo para las generaciones futuras y fortalecimiento de instituciones más representativas(28). En este orden de ideas, la inserción justa y equitativa de la fuerza laboral femenina, la cual representa el 51.1% de la población en edad de trabajar a nivel nacional(29), busca aprovechar de manera óptima las capacidades, habilidades y potenciales femeninos, convirtiéndose en un eje de crecimiento económico y reducción de la pobreza.

Las mujeres rurales(30)

Atención especial merece la situación de las mujeres rurales puesto que las desigualdades de género pueden resultar más notorias si se examinan contextos específicos. Las mujeres rurales registran un insuficiente acceso a los factores productivos como la financiación de la producción y en la asistencia técnica; a esto se suma la informalidad en la tenencia de la tierra, la alta concentración en la propiedad de los predios y los mayores niveles de pobreza en las zonas rurales, comparadas con las urbanas. En el año 2011, en las zonas rurales, los hombres presentaron una tasa de incidencia de la pobreza monetaria de 44,3%, mientras que para las mujeres fue de 48,1%. Con relación a la incidencia de la pobreza extrema en las zonas rurales, la tasa femenina es de 23,6% y la masculina de 20,8%, presentándose una diferencia de 2.8%.(31) A pesar de la disminución del nivel de pobreza en los hogares rurales, en los últimos cinco años, se sigue manteniendo una mayor incidencia para aquellos que tienen jefatura femenina, esa diferencia fue de 3.7% para 2011(32).

Es común que en las zonas rurales los nombres de las mujeres no aparezcan en los documentos en donde consta la propiedad de las fincas o de los predios, como por ejemplo, los folios de matrícula inmobiliaria(33). Sobre el acceso y la titularidad de la tierra, las cifras oficiales son escasas. El Incoder no reporta la información de acceso a sus programas desagregada por sexo, sino para el grupo familiar. Lo más cercano que se tiene en cifras oficiales, proviene de la tendencia que arroja la información sobre protección patrimonial de la población en riesgo y situación de desplazamiento, según la cual, el 65% de los derechos sobre tierras protegidos entre 2003 y julio de 2010 corresponde a hombres, frente al 33% que corresponden a mujeres. De estas, el 26,1% son propietarias, el 42,4% poseedoras, el 18,7% ocupantes y el 9,4% tenedoras que solicitaron protección en forma individual, denotando con ello una gran informalidad en la tenencia de la tierra(34).

Se suman dificultades particulares que afectan el acceso de las mujeres a la tierra: los modelos de otorgamiento de tierras tienden a dar prioridad a los hombres jefes de hogar, por considerarlos más aptos para el trabajo de la tierra. La tradición de ceder la posesión de la tierra por la línea masculina, lleva a que las mujeres no ejerzan el control y las decisiones sobre la producción y su posterior distribución. “El estereotipo de “mujer-ama de casa” ha llevado a creer que las mujeres solo necesitan tamaños pequeños de tierras para satisfacer sus necesidades básicas”; se asume culturalmente que son los hombres quienes están a cargo de hacer negocios y las actividades comerciales de tierras y de la producción agrícola(35).

3. PARTICIPACIÓN EN LOS ESCENARIOS DE PODER Y DE TOMA DE DECISIÓN.

Las mujeres como sujetos sociales participan en diferentes escenarios públicos y privados ejerciendo sus derechos y aportando a la construcción de la nación y al proyecto de sociedad que quieren desarrollar. La participación tiene diversas expresiones, para dar cuenta de la amplitud del concepto se entenderá la participación como la intervención que hacen las mujeres como actor social y/o político en forma individual o colectiva, expresando sus intereses, expectativas y demandas en la esfera pública(36). Así, la participación social y política son expresiones del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y sin embargo, en ambas existe una subrepresentación de las mujeres cuantitativa o cualitativa(37) en comparación con los hombres(38). La inclusión de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones sigue siendo una necesidad apremiante no solo para garantizar su propia autonomía sino la calidad de la democracia del país.

Con respecto a la participación política y en particular en los cargos de elección popular, para el período 2010 - 2014, las mujeres en el Senado representan un 16% y en la Cámara de Representantes un 12%. A nivel de gobernaciones, para el período 2012-2015, el 9,3% de los gobiernos departamentales están en cabeza de una mujer (Quindío y San Andrés). Las diputadas son sólo el 17,9%. Para el período 2008-2011, la participación de mujeres como alcaldesas fue del 9,9% y sólo el 16% de mujeres son concejalas. Las causas de la baja participación de las mujeres son múltiples y obedecen a factores culturales, sociales, políticos y económicos.

Grafica 4.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

La reforma electoral contenida en la Ley 1475 de 2011, aprobó la obligación de que en las listas de candidaturas para elecciones a cuerpos colegiados se incluyeran al menos un 30% de mujeres, lo cual representa un avance significativo en materia de acciones afirmativas de adecuación normativa para la igualdad de género, sin embargo, no se registró un aumento significativo en la representación de las mujeres en los cargos de elección.

En la administración pública, el principal mecanismo para promover la participación de las mujeres en cargos de decisión es la Ley 581 de 2000. En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de participación femenina en las diferentes entidades del orden nacional en 2006 y 2011.

Grafica 5.

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

El Informe del 2011, publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública concluyó que a nivel territorial, de acuerdo con la información disponible, entre 2004 y 2009, sólo siete departamentos cumplían la ley(39). En el año 2010 se observó que de las 29 gobernaciones que reportaron información, ocho de ellas registran porcentajes inferiores al 30%(40). Con respecto a las capitales de departamento, el DAFP señala que, en el año 2010, de las 29 alcaldías capital de departamento que reportaron información, 6 presentan porcentajes inferiores al 30%(41), Igual situación se presenta en el sistema de administración de justicia (Altas Cortes).

El mecanismo de cuotas ha mostrado su efectividad en un aumento de la participación de las mujeres en los cargos de elección popular en las dos últimas década en América Latina, sin embargo, dicho crecimiento no sólo no ha sido sostenido, sino que en algunos casos, el mínimo exigido se ha convertido en un punto de llegada generando una pérdida de confianza en las acciones positivas, no por el mecanismo en sí, sino por las dificultades observadas para su implementación y en el cumplimiento de las normativas(42). Es por ello, que en estos últimos años las demandas para aumentar la participación de las mujeres en cargos de elección y de toma de decisiones se ha centrado en exigir condiciones para garantizar la paridad más que en las cuotas.

En materia de participación, también, se evidencia que las mujeres pobres, así como campesinas, afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, Rrom e indígenas, las mujeres con discapacidad, las más jóvenes y de orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, tienen mayor dificultad para ser elegidas. Por ejemplo, actualmente no hay ninguna mujer indígena en el Congreso de la República ni en los altos niveles de la rama judicial. La falta de acceso a documentos de identidad, sigue siendo, otro de los obstáculos que enfrentan las mujeres, especialmente, las rurales, indígenas y afrocolombianas, para acceder a su derecho a la participación(43).

La baja participación de las mujeres en cargo de decisión no es sólo en la política y en la administración pública. Para 2011, se encontró que considerando las juntas directivas de las 100 empresas más grandes del país según listado de la Revista Semana, las mujeres apenas son el 9% de los miembros de juntas directivas, lo que representa 0,4 % miembro femenino de junta por empresa(44). En cuanto a los sindicatos, de acuerdo a datos de 2011 de los siete más importantes del país en cuanto a número de afiliados, seis están presididos por varones (86%) y solo uno por una mujer (14%), que corresponde a la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC). La proporción en las juntas directivas de los sindicatos, es de un 90% de hombres y un 10%(45).

La subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección y de toma de decisión genera un déficit en la democracia no solo porque numéricamente las mujeres participan menos que los hombres, sino también porque los intereses específicos de las mujeres no se encuentran representados en la agenda pública de igual forma que el de los hombres. Al respecto la CIDH, "considera que otro de los grandes retos de los Estados americanos es lograr no sólo una representación numérica, sino una representación cualitativa de los intereses de las mujeres y de aquellos que beneficien la igualdad de género. La Comisión plantea que para lograr la representación sustantiva de los intereses de las mujeres, es decir, que el avance de los derechos e intereses de las mujeres sea parte de la agenda política nacional y estos sean incorporados en la legislación, las políticas públicas y las decisiones judiciales, se requiere que los Estados adopten medidas orientadas a garantizar la igualdad de género en la esfera política y vayan más allá de la incorporación de mujeres en puestos públicos”(46).

4. SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. (47)

Para la OPS, “la equidad de género en salud significa la ausencia de disparidades innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres”(48). Por lo anterior es necesaria la “eliminación de diferencias evitables en las oportunidades de disfrutar de salud y de no enfermar, de sufrir discapacidad o de morir, […] la asignación diferencial de recursos según las necesidades particulares […] y el análisis de las diferencias en las relaciones entre mujeres y hombres y la forma en que estas repercuten en los condicionantes de la salud y la enfermedad”(49).

El reconocimiento de estas diferencias ha permitido el diseño e implementación de acciones que buscan superar la inequidad(50). De manera reciente, la OPS/OMS ha promovido un análisis de la situación sanitaria de los países desde una perspectiva de determinantes sociales(51). Lo anterior sugiere que para avanzar en resultados equitativos en salud las acciones deben superar el ámbito del sector sanitario y tomar en cuenta dichos determinantes, para lo cual el análisis de género es una variable relevante.

En relación con la equidad de género y la situación de salud, en Colombia aún se presentan inequidades y desigualdades en razón del género, evidenciados en situaciones como la mortalidad materna, los embarazos no deseados, los abortos inseguros, el cáncer de cuello uterino y de seno, los trastornos mentales, los desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia, los intentos de suicidio, entre otros.

La mortalidad materna e infantil ocupa un lugar prominente dentro de las políticas de salud en Colombia y sus compromisos internacionales; el Plan Nacional de Desarrollo, los ODM, y otros planes sectoriales en salud han establecido metas concretas para su reducción. En el año 2010 se identifica una leve reducción en el número absoluto de muertes maternas al pasar de 510 muertes en el año 2009 (73 por 100.000 nacidos vivos) a 474 en 2010 (72 por 100.000 nacidos vivos). Si bien es una reducción importante, este descenso no es concordante con el desarrollo económico del país.

Grafica 6.

Fuente: DANE- Cálculos MSPS

La situación en zonas rurales y centros poblados diferentes a cabeceras municipales es crítica presentando tasas por encima del doble de meta establecida para el 2015 como ODM (45 por 100,000 nacidos vivos). Quindío, Santander, Bogotá y el Huila, son los departamentos con menor mortalidad materna en relación con la probabilidad de ocurrencia del evento. En frecuencia absoluta, Bogotá tiene el mayor número de muertes maternas, aunque ha pasado de más de 100 muertes maternas anuales a 40 o 50 en los últimos años(52).

La mortalidad materna afecta especialmente a los grupos étnicos, para el año 2009, los palanqueros presentaron la mayor razón de mortalidad materna con 636.9 por 100.000 NV, seguidos por los ROM [gitanos] con 512.8 por 100.000 NV. Para 2010 los indígenas presentaron una razón de mortalidad materna de 205.8 por 100.000 NV(53).

Respecto a los embarazos no deseados y los abortos inseguros, existen estimaciones que indican que en Colombia se realizan alrededor de 400 mil abortos clandestinos al año, cerca de 130 mil mujeres sufren complicaciones debido al aborto inseguro, y de éstas, unas 90 mil requieren atención médica por esta razón(54). Las complicaciones del aborto permanecen entre las cinco primeras causas de muerte materna.

De acuerdo con lo señalado en varios estudios, en la implementación de la Sentencia C-355 de 2006 se han identificado obstáculos para que las mujeres puedan acceder legalmente a la interrupción voluntaria del embarazo IVE: desconocimiento de la Sentencia C-355 y de la reglamentación por parte de los prestadores de servicios y de las mujeres; ausencia de campañas educativas; el uso de la objeción de conciencia para no brindar información completa a las mujeres y para disuadirlas de continuar con la IVE; el establecimiento de pactos colectivos de objeción de conciencia; presencia de casos en que los funcionarios judiciales niegan la protección a los derechos establecidos por la Corte(55).

En relación con la salud sexual y reproductiva -SSR de las y los adolescentes, el DANE reporta al año cerca de 7 mil(56) nacidos vivos de mujeres de 10 a 14 años, de estos el 84% es consecuencia de relaciones sexuales con hombres mayores de 20 años y 4.600 quedaron en embarazo siendo menores de 14 años, casos que son considerados como un delito según la ley colombiana(57).

Para 2010, el porcentaje de mujeres entre los 15 y 19 años que han sido madres o se encuentran embarazadas fue de 19.5%. Esta situación se explica, entre otros, por la edad de inicio de la actividad sexual, la edad de la primera unión y el uso de métodos anticonceptivos(58). Mientras las Tasas Específicas de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 vienen en descenso, para las menores de 15 años, evidencian un aumento sostenido. Las mujeres jóvenes sin ocupación y más bajo nivel educativo son quienes tienen mayores dificultades para controlar su fecundidad y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Para el grupo entre los 6 y 14 años, fueron reportados 46 casos, de los cuales el 61% fueron niñas y el 39% niños. El análisis para estos casos sugiere la poca probabilidad de haber adquirido el VIH por vía materno-infantil, y se puede plantear que el mecanismo de transmisión fue por vía sexual, evidenciando la existencia de violencia sexual.

En el grupo de 15 a 24 años, hubo 1.000 nuevos casos de hombres (65%) y 541 de mujeres (35%). Refiriéndonos a la población entre 25 y 49 años, se reportaron 6.187 personas, de las cuales 4.527 son hombres (73%) y 1.660 son mujeres (27%).

Otras problemáticas que expresan las desigualdades de género tienen que ver con el patrón de uso de métodos anticonceptivos, ya que la responsabilidad sobre la esfera de lo reproductivo se sigue asignando mayoritariamente a las mujeres. Según la ENDS 2010, la esterilización femenina es el primer método utilizado por las mujeres (24.2%), seguido por la inyección (7,9%), la píldora (6,5%), y el dispositivo intrauterino (5,6%), mientras que el porcentaje de hombres que usan algún método es significativamente menor, sólo el 1.9% se ha realizado la esterilización masculina y el 7.6% usa el condón, esto último se constituye en un factor de riesgo para infecciones de transmisión sexual -ITS, VIH y el Virus del Papiloma Humano -VPH-. Las cifras presentadas revelan inequidades de género en las cuales se exacerban con la pertenencia étnica, la edad, el nivel socio-económico, la orientación sexual, la discapacidad, el conflicto armado, entre otros.

En relación con la infección por VIH, durante el año 2011 se notificaron al SIVIGILA(59) 7.991 nuevos casos, de los cuales 2.306 (29%) fueron mujeres y 5.685 (71%) fueron hombres(60). Las vulnerabilidades de las mujeres frente al VIH, se expresa en que según la ENDS 2010, el 58% de las mujeres entrevistadas nunca se han hecho la prueba del VIH, un 40% se la practicó y reclamó los resultados y un 2% no lo reclamó.

El cáncer de cuello uterino y mama son los principales cánceres que padecen las mujeres en Colombia, es así como los programas de tamización han mostrado la efectividad en la reducción de la mortalidad por estos, a través de la citología y la mamografía; sin embargo algunos departamentos aún presentan rezagos en cobertura, Amazonas (78%), Vaupés (71%) y Guainía (70%). Respecto a la detección del cáncer de mama, la ENDS 2010, encuentra que el 90% de las mujeres conoce el autoexamen de seno y el 61,7% se lo ha hecho, aunque sólo el 39,2% lo realiza cada mes. Sobre el examen clínico de mama, al 46,6% de las mujeres entre 18 - 69 años se lo han practicado, y al 37,9% de las mujeres entre los 40 y 69 años, le han hecho una mamografía.

Teniendo en cuenta la relación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino, la ENDS 2010 encontró que tan sólo el 44% de las mujeres entre 13 y 69 años ha oído hablar de él. Esto implica un amplio desconocimiento de la forma de transmisión y, en consecuencia, de la forma de prevenirlo, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

Respecto a la salud mental, los hallazgos aplicando los criterios diagnósticos del DSM-IV, mediante los resultados globales del CIDI(61), muestran como el 41.1% de la población colombiana presentó alguno de los 23 trastornos estudiados, alguna vez en su vida(62). En tres patologías existe una sobre representación de las mujeres frente a los hombres (trastorno de ansiedad, fobia específica y trastorno depresivo mayor)

Los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y bulimia a pesar de no tener una prevalencia alta, son enfermedades con mayor incidencia en las mujeres. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia de 2010, encontró que las mujeres se autoperciben más gordas que los hombres, siendo mayor en el grupo de mujeres entre 13 y 17 años(63). Adicionalmente, las mujeres presentaron una prevalencia mayor en autoreporte de alguna de conductas de riesgo para perder peso o evitar subir de peso (dejar de comer 24 horas o más, vómito auto inducido, tomar laxantes o medicamentos(64)). El estado nutricional de las mujeres antes y durante su gestación se constituye en un determinante de mortalidad materna, la mortalidad intrauterina, perinatal e infantil, el bajo peso al nacer, entre otros.

En cuanto a la prevalencia de la obesidad en la población general de 18 a 64 años, existe un aumento entre los años 2005 y 2010. Al hacer la comparación entre hombres y mujeres, se encuentra que para el año 2005, las mujeres presentaron el doble de prevalencia de obesidad (16.6%) que en los hombres (8.8%). La tendencia aumentó para el año 2010, pasando al 20.10% para mujeres y al 11.50% para hombres (ENSIN, 2010).

A la fecha, el Sistema de Salud Colombiano avanza en el diseño y mejoramiento de sus sistemas de información, de tal manera que se puedan construir perfiles epidemiológicos de la población colombiana para identificar inequidades de género en otros resultados en salud, por ejemplo, en la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas. Es necesario avanzar en la identificación de los determinantes sociales relacionados con el género en la salud como una variable indispensable en el diseño e implementación de políticas públicas que busquen la equidad y justicia de género.

5. ENFOQUE DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN.

Conceptualmente, la educación es un determinante fundamental para la disminución de las brechas existentes entre hombres y mujeres. En Colombia, durante los últimos años la población femenina ha exhibido un mejor desempeño en algunos indicadores educativos básicos en comparación con la población masculina, en particular los relacionados con alfabetismo, años promedio de educación y acceso o cobertura.

De acuerdo con la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, en el año 2011 la tasa de analfabetismo de las personas entre 15 y 24 años fue de 2,2% para los hombres y 1,3% para las mujeres en el total nacional. De igual manera, la población femenina de este rango de edad presentó en 2011 un promedio de 9,7 años de educación, 0,6 puntos porcentuales superior frente al promedio masculino que fue de 9,1 años. Por otra parte, según cifras del Ministerio de Educación Nacional, la tasa de cobertura bruta en educación básica y media presenta un mayor valor en las mujeres, en 2011 se ubicó en 104,8%, en comparación con 102,1% para los hombres durante el mismo periodo.

De tal forma, puede evidenciarse que los avances obtenidos con la ampliación de la cobertura escolar básica y media en el país, han favorecido a las mujeres colombianas, no obstante, en otros aspectos educativos aún quedan algunas inequidades de género por subsanar en el sector.

Al realizar un análisis de los resultados de las pruebas de calidad de la educación, se visibiliza una desigualdad importante en la tendencia de los logros académicos alcanzados por hombres y mujeres. En el examen de Estado de la educación media (Saber 11), se evidencia un menor desempeño de la población femenina en matemáticas y en ciencias naturales; en el año 2009 las mujeres tuvieron un puntaje promedio de 49,4 puntos, inferior en 2,5 en comparación con el puntaje promedio masculino que fue de 51,9 puntos. Con respecto a ciencias naturales, en 2009 las mujeres presentaron un resultado promedio de 49,8 puntos, menor en 1,4 frente al puntaje de los hombres que se ubicó en 51,2.

Esta tendencia se ratifica en algunos estudios internacionales, por ejemplo, los resultados de la prueba del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes - PISA, muestran una brecha importante según sexo; en el año 2009 las mujeres presentaron una calificación inferior en 32 puntos en matemáticas y en 21 puntos en ciencias naturales, con respecto al puntaje obtenido por los hombres en cada una de estas áreas. Asimismo, en los Estudios Internacionales de Tendencias en Matemáticas y Ciencias - TIMMS, se registra un incremento en los promedios tanto de matemáticas como de ciencias entre el periodo 1995-2007, años en los cuales ha participado Colombia en las pruebas, sin embargo los avances para la población masculina fueron considerablemente mayores con respecto a los de la población femenina. En matemáticas los hombres presentaron un crecimiento de 33 puntos pasando de 363 a 396, mientras que las mujeres crecieron en tan sólo 7 puntos al pasar de 357 a 364; en ciencias los hombres pasaron de una calificación de 404 a 435 con 31 puntos de avance, en tanto que las mujeres pasaron de un puntaje de 383 a uno de 400 con una mejora de 17 puntos.

Por otra parte, en términos de la permanencia, aunque las mujeres presentan menores tasas de deserción en algunos niveles, un aspecto crítico que acentúa las disparidades en el sistema educativo son las causas de deserción asociadas a los roles de género, que hacen que las niñas se retiren de forma temprana del sistema escolar, entre las cuales se encuentran: el trabajo reproductivo asociado a la presencia de embarazo adolescente, el trabajo doméstico, las actividades adicionales de cuidado de niños y niñas, ancianos y enfermos. Así mismo, las mujeres que han sido víctimas de violencia, se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad y por lo tanto son más susceptibles a la desescolarización(65).

En la Encuesta Nacional de Deserción Escolar - ENDE(66), del total de personas en edad escolar que respondieron que una de las razones personales por las cuales abandonaron sus estudios temporalmente fue porque iban a ser padres o madres, el 54,3% correspondió a mujeres, 8,6 puntos porcentuales por encima de la participación de los hombres. Con respecto a las causas de deserción asociadas a la familia, la participación de las mujeres en el total de personas que argumentaron que la última vez abandonaron sus estudios temporalmente porque debían encargarse de los oficios del hogar o del cuidado de algún familiar fue de 55,7%, 11,4 puntos porcentuales más en comparación con la población masculina.

En cuanto a la pertinencia de la educación superior, se encuentra que a pesar de que las mujeres cuentan con una mayor matrícula, la discriminación derivada de la división sexual del trabajo persiste en términos de la elección de carreras universitarias. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, en el segundo semestre del año 2010 del total de estudiantes matriculados el 52,3% correspondió a mujeres y el 47,7% a hombres. Desagregando los datos de matrícula según área del conocimiento, las mujeres se concentran en mayor proporción en las ciencias económicas, administrativas y contables con el 33,1%, seguido de las ciencias sociales y humanas con el 19,42%.

Las discriminaciones se hacen más evidentes al realizar un análisis de tipo distributivo. En el total de estudiantes matriculados durante el segundo semestre de 2010 en carreras profesionales de ingeniería, arquitectura y urbanismo, los hombres presentaron una participación de 67,4%, superior en 34,8 puntos porcentuales con respecto a la participación de las mujeres que fue de 32,6%; este mismo comportamiento se da en las carreras de agronomía, veterinaria y afines, en las que para el mismo periodo, la matrícula de las mujeres registró una participación de 40,8% en tanto que la de los hombres se ubicó en 59,2%.

De otro lado, se corrobora la feminización en carreras de las áreas de las ciencias de la salud y ciencias de la educación, en las que las mujeres presentaron una participación en la matrícula del segundo semestre de 2010 de 67,5% y 63,0%, respectivamente.

Aunque la selección de la carrera universitaria a estudiar hace parte de la elección individual, la orientación vocacional y del proyecto de vida de las personas, resulta relevante promover la participación de las mujeres en profesiones no tradicionales y en las cuales tienen una baja representatividad con el fin de contribuir a la disminución de la discriminación laboral. De igual manera, la ocupación según rama de actividad se encuentra directamente relacionada con la discriminación salarial en cada uno de los niveles educativos; según el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional, las graduadas en 2010 que trabajaban como asalariadas ganaban en promedio un 14,8% menos que los hombres.

En cuanto a los posgrados, actualmente la participación de las mujeres en niveles de formación de maestría y doctorado es inferior en comparación con los hombres. Según el Ministerio de Educación Nacional, en el segundo semestre de 2010, el 35% de los graduados de doctorado fueron mujeres; en el egreso en programas de maestría la participación de la población femenina fue de 46,9%. El acceso a estos dos últimos niveles educativos es fundamental pues implica altas tasas de retorno económico para quienes logran estudiarlos. Es importante tener en cuenta que la baja participación de la mujer en los niveles educativos más altos, es un factor que puede determinar una menor capacidad futura para generar ingresos y para emplearse en posiciones ocupacionales bien remuneradas.

Según Según los cálculos de OCy T de los 3721 grupos de investigación activos para el 2010, 1441 grupos tiene como directora (líder) a una mujer y 2280 tienen a un hombre (67), en la participación de mujeres en grupos de investigación se evidencia que en ingeniería y tecnología es donde hay una diferencia más marcada entre hombres y mujeres, los hombres representan el 71,6%. En áreas como ciencias naturales y exactas, ciencias agrícolas, ciencias sociales, humanidades y otras, la participación de los hombres es aproximadamente 40% mayor respecto a la participación de las mujeres. Respecto a los jóvenes investigadores, en el periodo 2008-2010, las mujeres representaron el 54% del total de investigadores versus un 46% de hombres. Caso contrario se observa en el beneficio de becas para doctorado, donde los hombres obtuvieron un total de 841 becas y las mujeres 659 para el periodo 2008-2010. Este hecho, que corresponde a una tendencia latinoamericana, supone un reto particular de lograr una mayor participación de mujeres en programas de doctorado, y así eliminar los efectos de la discriminación de género en esta etapa que resulta crucial para alcanzar.

Con respecto a la participación femenina en la enseñanza, las mujeres tienen una mayor vinculación a los niveles de educación iniciales. De acuerdo con información de la encuesta de educación formal del DANE para el año 2010, un 78,2% del personal docente en educación básica primaria corresponde a mujeres. Esta participación disminuye a lo largo del ciclo educativo, en el caso de los niveles de secundaria y media, las educadoras representaron un 50,5% del personal docente. En la educación superior este fenómeno se profundiza, ya que del total de profesores universitarios sólo el 34,8% son mujeres, según datos del SNIES para el segundo semestre de 2011.

La feminización de los primeros niveles escolares y la predominancia de la docencia masculina en la educación universitaria, refuerzan la división sexual del trabajo en el sector educativo e implican una subvaloración de la enseñanza impartida por las mujeres, lo cual está directamente relacionado con la menor graduación de las mujeres en los niveles de maestría y doctorado.

Otro aspecto asociado con la docencia que puede conllevar a reproducir inequidades y estereotipos discriminatorios, es la insuficiente capacitación a educadores de todos los niveles sobre el enfoque de género en la educación. La sensibilización del personal docente en este aspecto es imprescindible para avanzar con prácticas incluyentes en el aula de clase, tales como la implementación de un lenguaje no sexista, la supresión de materiales y contenidos con sesgo de género, la promoción de la participación igualitaria por parte de hombres y mujeres en todas las áreas del conocimiento, el estímulo al trabajo en grupos mixtos y la incorporación de contenidos currículares que fomente la igualdad, capacidad, libertad y autonomía de los sexos en el marco de los derechos humanos, tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 1257 de 2008.

6. PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS. (68)

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) presta auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el país. Las cifras que maneja el Instituto son registros que constituyen una herramienta valiosa para la determinación y seguimiento de las violencias de género. La población de referencia en el caso de los registros, son todas aquellas personas que están denunciando casos de violencia.

El país ha avanzado significativamente en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres o violencia basada en género(69) como una violación a los derechos humanos y un problema social que debe ser abordado de forma multicausal y con enfoques interdisciplinarios. Así mismo, existe una normativa adecuada y reglamentada que requieren implementación. No obstante, el fenómeno y su magnitud se mantienen latentes dentro de la sociedad y se configura en un grave problema de salud pública, de convivencia, de seguridad pública y de justicia.

Para una comprensión adecuada de la magnitud y frecuencia del fenómeno se analizan las violencias según los tipos que establece la Ley 1257 de 2008. Es de señalar, que se estima un subregistro en los niveles de denuncia y las fuentes de información de los eventos de violencia así como de adecuada intervención tanto en promoción de buen trato como a nivel preventivo y de atención, no solo de los casos asociados a lesiones y otros problemas, sino en su adecuada resolución por las vías de la justicia. La Procuraduría General de la Nación, en su Informe “La efectividad de los derechos de las mujeres, una deuda de justicia”, evidencia que no hay un adecuado registro de las cifras oficiales, las entidades no tienen siempre disponible la información pertinente y esto deriva en el subregistro de los indicadores y la consecuente debilidad en el diseño de las políticas, programas y estrategias para proteger los derechos de esta población(70).

La ley 1257 de 2008, define por violencia contra la mujer en su artículo 2, cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado(71).

En Colombia, la mayor parte de las víctimas de homicidio son hombres, así, en el 2011 de las 16.554 necropsias que se presentaron, el 91% afectaron a hombres, siendo la razón de hombre a mujer de 11 a 1(72), esta tendencia se ha mantenido estable históricamente. Sin embargo, de las 1.415 mujeres asesinadas en el 2011, 9.6% fueron víctimas de su pareja o ex pareja. Es decir, casi el 10% de los homicidios cometidos anualmente contra las mujeres son casos de feminicidios. Respecto a presuntos homicidios contra la mujer ocasionados por la pareja o ex pareja entre el 2007 y el 2010 se registraron 453 casos, correspondientes al 8,5% de los 5.313 homicidios contra mujeres que se presentaron en este período(73). El alto número de casos muestra la importancia de profundizar en el conocimiento del feminicidio para avanzar en su tratamiento y prevención, particularmente en el marco de la violencia intrafamiliar y de pareja.

Con respecto a la violencia Intrafamiliar (VIF), según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF, durante el 2011, se registraron 89.807 de violencia intrafamiliar, 371 casos más que en el 2010; entre las víctimas, el 78,1% fueron mujeres. Dentro de la tipología de VIF(74), la violencia de pareja o conyugal es la que más afecta a las mujeres; las cifras son elevadas y se mantienen constantes. En el periodo comprendido entre 2007 y 2011, de los 261.581 casos por maltrato de pareja, 232.361, es decir, el 88,8% corresponden a mujeres. Específicamente para 2011, se registraron un total de 57.761, de los cuales 51.092 fueron mujeres, es decir el 88,4% de las víctimas(75).

Sobre la violencia sexual, en el país entre 2007 y 2011 se reportaron 82.894 dictámenes sexológicos en mujeres, correspondientes al 84,1% de los casos; mientras que la cifra en hombres es de 15.706 (15.9%). Durante el 2011, se realizaron 22.597 exámenes sexológicos, 11% más que en el 2010, la relación hombre a mujer fue de 1 a 5. Es decir, las víctimas mujeres fueron 18.982 que representan el 81,4%. Los grupos más prevalentes en hombres fueron los niños en un 94%, y en el sexo femenino las niñas y adolescentes tempranas en un 85%(76).

Con respecto a los otros dos tipos de violencia que regula la Ley 1257, la tipología más difícil de identificar estadísticamente y de demostrar legalmente es la violencia psicológica. Sin embargo, en la ENDS 2010, un 65% de mujeres encuestadas manifestó haber padecido las situaciones de control por parte del esposo o compañero(77).

En lo que tiene que ver con violencia económica o patrimonial, en el país, la inasistencia alimentaria(78) fue el delito de mayor frecuencia a nivel nacional en el periodo comprendido entre agosto de 2009 y mayo de 2010 con 68.546 casos(79). Cabe anotar que la violencia contra la mujer está directamente asociada con su ausencia de autonomía económica. El no tener acceso a activos propios y el depender del hombre para su sostenimiento, pone a la mujer en una situación de vulnerabilidad en donde la sumisión es una respuesta común frente a la violencia masculina. El empoderamiento económico y el cierre de brechas laborales entre hombres y mujeres son elementos esenciales para garantizar a las mujeres la independencia suficiente para tener una vida libre de violencia.

Pese a los avances normativos y la construcción de un andamiaje institucional, tanto a nivel de la justicia como del sector salud y en áreas complementarias, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema de gran relevancia que requiere un abordaje integral tanto en la prevención como en la atención y protección de las víctimas y en la sanción a los agresores como lo muestran las cifras que se han revisado. El país debe avanzar aún más en garantizar el derecho a una vida libre de violencias a las mujeres, incorporando un enfoque diferenciado e integral en su accionar(80).

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la tolerancia social que hay hacia la violencia contra las mujeres. La tolerancia social a la violencia contra las mujeres va ligada a las actitudes y prácticas que facilitan la violación de sus derechos, y a las creencias y representaciones culturales, que históricamente han impedido que las mujeres ocupen lugares destacados en los ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos del país. El Estudio sobre la tolerancia social a la violencia contra las mujeres en Colombia, señala que de las mujeres encuestadas, el 48% manifestó haber sido víctima de la violencia basada en el género, pero sólo el 38% denunció los hechos ante las autoridades. El Estudio revela, entre otros datos, el desconocimiento que aún tiene la gran mayoría de las mujeres sobre sus derechos y las leyes que las protegen(81).

Al indagar por los imaginarios que buscan reafirmar o exacerbar la masculinidad, se encontró que 8 de cada 10 encuestados creen que cuando los hombres están bravos es mejor no provocarlos. 51% no está de acuerdo con que los hombres necesiten más sexo que las mujeres, sin embargo, el 64% dice que los hombres siempre están listos para tener sexo, siendo las personas mayores de 65 quienes presentan mayor afinidad con este tipo de afirmaciones (68%), seguidos por las personas entre los 18 y los 30 años (65%). Uno de los roles que se han asignado al género femenino está relacionado con el cuidado del hogar y de sus miembros. Para explorar este asunto se indagó si el papel más importante de las mujeres es cuidar de su casa y cocinar para su familia: el 22% de la población dijo estar totalmente de acuerdo y el 17% parcialmente de acuerdo; los hombres están de acuerdo en un 41% y las mujeres en un 37%(82).

Existen desafíos en materia de coordinación interinstitucional; de lucha contra la impunidad; de adecuación de los sistemas de información, y en la cobertura y calidad de los sistemas de atención existen muchos desafíos para garantizar la adecuada atención a la violencia. En materia de coordinación interinstitucional, a partir de la Ley 1257 y sus decretos reglamentarios se han creado una serie de Mesas y comités para coordinar la problemática, tales como Mesa nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, la Mesa de sistemas de información de la Ley 1257 de 2008 y Comité de seguimiento de esta Ley. Todos estos deben fortalecerse y actuar en forma articulada, además de cumplir funciones de monitoreo y control(83).

En lo que tiene que ver con los niveles de impunidad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que el 90% de las denuncias por violencia contra las mujeres en América Latina quedan en la impunidad, fundamentalmente porque las propias víctimas no denuncian por temor a represalia por parte de sus victimarios(84). En cuanto a la Información sobre Colombia, la Procuraduría General de la Nación, señala "información reportada sobre estas violencias por el Consejo Superior de la Judicatura, llama la atención que en el 2007 hayan sido condenadas solo 611 personas por violencia intrafamiliar y 3.197 por violencia sexual. Dada la magnitud de estas violencias en el país, el panorama se torna complejo cuando muchos de los casos que llegan a conocimiento de las autoridades siguen impunes"(85).

Actualmente los sistemas de información con que se cuenta para registrar la violencia contra las mujeres en las entidades estatales no se encuentran integrados por lo que la información no puede ser comparada en alguna de las variables. Además no han incorporado herramientas de medición del enfoque étnico y diversas formas de violencia. Tampoco, existen sistemas de información que registren sanciones disciplinarias a funcionarios públicos que no aplican el marco jurídico de derechos humanos de las mujeres ni se registra el número de casos tipificados por parte de fiscales y aplicación por jueces del agravante al homicidio cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer (feminicidio). Por otra parte, no se está registrando el nivel de cumplimiento de la disposición de la Ley 1257 de incorporar en los Planes de Desarrollo Territoriales un capítulo sobre la No Violencia Contra las Mujeres, ni el nivel de incorporación en la agenda de los Consejos de Política Social Territoriales de la temática de violencia contra las mujeres, entre otras. En definitiva, en sistemas de información se requiere avanzar en la integración de algunas variables e incorporar nuevas a los sistemas de medición(86).

El sector salud ha avanzado en el registro de los casos de la violencia de género, desde el mes de julio de 2012, se cuenta con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia contra la Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual(87). A través de éste registro, entre julio a octubre de 2012, se identificó un total de 16.468 casos, de los cuales el 80% fueron mujeres (13.122) y el 20% hombres (3.346). Las formas de violencia identificadas fueron: física, psicológica, sexual y, privación y negligencia. El 82% de estas de formas de violencia se presentan en el ámbito familiar. La violencia física, psicológica y sexual afecta principalmente a las mujeres con el 84,6% de los casos y en el 15.3% a los hombres, a diferencia de la privación y negligencia que tiene una distribución más homogénea (en mujeres un 55% y en hombres un 45%) ya que esta se registra en niños, niñas y adolescentes.

Además, en el 82% de los casos de violencia reportados, el agresor fue un familiar y en el 18% una persona diferente a la familia. Al hacer la relación entre las diferentes formas de violencias y la edad de las víctimas, se observa que los niños y las niñas hasta los 9 años y las personas mayores son las principales víctimas de la privación y negligencia. Los grupos poblacionales más afectados por la violencia física se concentran entre: 0 y 4 años, 15 a 39 años y mayores de 60 años. En violencia sexual se registra el mayor número de casos entre los 10 a 19 años; y para la violencia psicológica, se observa que no hay una edad más crítica, ya que la tendencia se mantiene estable para todo el ciclo vital.

Adicionalmente, y pese a los esfuerzos planteados desde el Documento Conpes 3077 de junio de 2000 sobre Política Nacional para la Construcción de la Paz y Convivencia Familiar - Haz Paz, en materia especifica de violencia intrafamiliar y desde el Plan Nacional de construcción de Paz y Convivencia Familiar del 2005, el informe señala que "el sistema de salud no cuenta con la preparación necesaria para detectar, atender y prevenir las violencias intrafamiliar y sexual. Muchos de los casos que ingresan al sistema son reportados por otros eventos, con lo cual se ocultan las características propias de estas violencias que, de ser identificadas como tales y atendidas de manera oportuna e integral, incidirían en el restablecimiento de los derechos de las víctimas"(88).

Grafica 7. Porcentaje de mujeres forzadas físicamente por el esposo, compañero a tener relaciones o actos sexuales

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Año 2000 – 2005 -2010

Grafica 8. Porcentaje de mujeres que han sido forzadas físicamente por otra persona diferente al esposo, compañero a tener o actos relaciones o actos sexuales.

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Año 2000 – 2005 -2010

En relación a la atención del sistema de justicia, la Procuraduría resalta la inexistencia de seguimiento a las conciliaciones "lo cual conlleva a cuestionar la efectividad del acceso de las mujeres a la justicia, las condiciones de protección que se les debe a las víctimas que a ésta acuden, así como el derecho a la justicia y la reparación."(89). También destaca la debilidad en los sistemas de información de las Comisarías de Familia, pues a pesar de ser el primer ente de atención a la violencia intrafamiliar para el "Ministerio Público no ha sido posible determinar cuántos casos de violencia al interior de la familia han sido atendidos a nivel nacional después de veintidós años de haber sido creadas las Comisarías de Familia".(90)

Se requiere avanzar en garantizar el acceso a la justicia a las víctimas revisando aspectos procedimentales y garantizando la aplicación de estándares probatorios acordes con nuestra legislación e incorporando la jurisprudencia de las Altas Cortes(91). A su vez, es imperativo garantizar que los funcionarios/as incorporen en su accionar y práctica profesional, el enfoque de género como un criterio sustancial en el ciclo de gestión de las políticas públicas, de tal forma que permitan modificar prejuicios y estereotipos que perjudican actualmente a las mujeres en la atención que reciben, avanzando en procesos de formación interdisciplinarios y basados en análisis de casos(92).

Por último, es pertinente avanzar en la comprensión de otras formas de violencias basadas en género que no han sido lo suficientemente documentadas y que comienzan a ser visibilizadas en nuestro contexto y a demandar una atención integral y diferenciada. Tales como la trata de personas, la violencia económica, la violencia asociada a sectores productivos con amplia concentración de hombres como la minería, las prácticas nocivas para la salud y la vida de mujeres y niñas indígenas, la violencia a la comunidad LBTI y el acoso sexual; así como en el enfoque diferencial en el tratamiento de las violencias, en particular, con la violencia que afecta a las mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras y Rrom. De particular atención debe ser también la violencia sexual que afecta a las mujeres en el marco del conflicto armado.

III. PLAN DE ACCION INDICATIVO 2013-2016.

1. OBJETIVOS.

El objetivo central de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres es contribuir a garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres colombianas aplicando los principios de igualdad y no discriminación.

Los objetivos específicos del Plan de Acción Indicativo 2013-2016 son los siguientes:

- Avanzar en la eliminación de las prácticas que construyen, reproducen y refuerzan la violencia y la intolerancia, y vulneran derechos de las mujeres, hacia la construcción de una sociedad democrática y en paz.

- Brindar oportunidades y condiciones para promover autonomía económica, el acceso a los factores productivos como la tierra, la vivienda, la financiación de la producción, la asistencia técnica y la capacitación.

- Fomentar la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones y fortalecer el reconocimiento de sus diferentes formas organizativas.

- Fortalecer el enfoque diferencial en el sistema de salud, para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo su ciclo de vida.

- Fomentar las prácticas pedagógicas que incorporen metodologías y contenidos que transversalizan el enfoque de género en el sector educativo e incorporar la variable de género en sus procesos institucionales.

- Poner en funcionamiento el plan integral para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias, que de manera articulada, permita la prevención, la atención integral y diferenciada garantizando el acceso a la justicia, a la salud y a la protección y restitución de los derechos de las mujeres víctimas.

- Avanzar en la adopción del enfoque diferencial de género por parte de las entidades públicas

2. ALCANCES Y ACCIONES INDICATIVAS.

A partir de la situación descrita en la sección II de este documento, el Plan de Acción Indicativo 2013-2016, se ha estructurado precisando los alcances y acciones indicativas en cada uno de los seis (6) ejes, de manera que la implementación de tales acciones permita alcanzar el logro de los objetivos propuestos

Enseguida se resume para cada uno de los ejes temáticos los alcances y acciones indicativas.

2.1. TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ.

Dado la transversalidad de este eje, las acciones indicativas se dirigen a fortalecer los espacios, mecanismos, sistemas y herramientas institucionales para garantizar la no discriminación a las mujeres en la sociedad y en sus instituciones.

Estas acciones indicativas son:

- Incluir el enfoque diferencial de género de manera coordinada y articulada en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas, planes y programas que adelanten las instituciones.

- Reconocer socialmente las violencias que afectaron a las mujeres en el marco del conflicto.

La transformación cultural y la construcción de paz como ejes transversales buscan articular y armonizar las acciones a adelantarse en esta Política, donde el fortalecimiento institucional, la gestión del conocimiento y estrategias de comunicaciones asertivas y pedagógicas sirvan como herramientas de promoción e interiorización del tema de género en el accionar de la sociedad en general. La transformación cultural es apremiante en la medida que apunta a la construcción de una sociedad respetuosa de las diferencias y al reconocimiento del papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y familiar.

Por tanto, las acciones a adelantar por las entidades, comprenden una amplia gama, que van desde la asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en el diseño de planes y programas sectoriales, hasta la coordinación y armonización de acciones transversales e intersectoriales asociadas con la investigación y generación de conocimiento, la divulgación de lineamientos, estándares y rutas de atención, la implementación de estrategias de comunicación para la movilización y visibilización de las problemáticas de género, la capacitación de funcionarios en la temática y la formalización de áreas y/o grupos de trabajo al interior de las instituciones, para responder de manera oportuna a los requerimientos de esta Política. (Ver detalle en el Anexo 1).

2.2. AUTONOMÍA ECONÓMICA Y ACCESO A ACTIVOS.

Como se menciona a los largo de este documento, fomentar y potenciar la autonomía económica de las mujeres, tanto a nivel de ingresos, como de acceso y control a bienes y servicios, no solamente posibilitará la inserción de las mujeres a las actividades productivas y al mercado laboral, sino que además, esa autonomía económica tendrá importantes implicaciones en la medida en que les permitirá contar con mayor libertad de actuar y de tomar sus propias decisiones.

Por lo anterior, las acciones indicativas en este eje son:

- Ampliar y cualificar la participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de oportunidades, incorporando el enfoque de género.

- Adoptar medidas tendientes a alcanzar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral.

- Fomentar mecanismos de acceso a servicios, recursos financieros y a la propiedad de activos, por parte de las mujeres.

- Incrementar el acceso a oportunidades para las mujeres rurales a los factores productivos como la tierra, la vivienda, la financiación de la producción, la asistencia técnica y la capacitación.

Dada la relevancia estratégica del eje, para visibilizar el tema de la economía del cuidado y su inclusión en las cuentas nacionales, pero además, para que las mujeres amplíen sus oportunidades laborales por fuera de las actividades propias del hogar, entre otras (Ver Anexo 2), hay tres acciones institucionales de la mayor relevancia e impacto en este eje:

(i) El reconocimiento del trabajo de cuidado que desempeñan las madres comunitarias, a través del pago de un salario mínimo y de la atención de sus hijos e hijas mediante distintas modalidades de atención.

El ICBF consiente de las necesidades de las mujeres colombianas y en busca de una mejora en la calidad de vida de las Madres Comunitarias, iniciará la implementación durante el 2013 de una bonificación equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente(93), con esta medida se beneficiarían cerca de 70 mil madres que han sido aliadas estratégicas para la prestación de los servicios de primera infancia. Para ello, se adoptarán de manera progresiva diferentes modalidades de vinculación en procura de garantizar una mejora en sus ingresos. Para la financiación de esta operación en 2013 se cuenta con un presupuesto cercano a los $440 mil millones, que tiene como fuente los recursos parafiscales y los recursos de la nación.

Adicionalmente mantendrán los beneficios en cuanto a Seguridad Social en Salud, Pensión, ARP, afiliación a la caja de compensación y servicios públicos.

Para la vigencia 2014, se prevé la vinculación formal de las madres por medio de los operadores que suscribirán contratos de aporte con el ICBF para la ejecución de los programas relacionados con la atención a la primera infancia Programa

En concordancia con lo anterior, el ICBF ajustará las normas y lineamientos que regulan el Programa, dando las directrices necesarias para la implementación del nuevo modelo, el cual implica un cambio sustancial en la forma de relación entre las entidades contratistas y las madres comunitarias.

Así, en procura de la calidad de la atención integral a la primera infancia, se ha promovido el tránsito de las modalidades tradicionales a la modalidad institucional y a la modalidad familiar, siempre amparados en procesos de concertación con las madres comunitarias, asociaciones y padres usuarios, garantizando la vinculación de las madres en las nuevas unidades de servicio. Es de anotar, que la oferta de atención de primera infancia en los Centros de Desarrollo Integral, puede convertirse en un instrumento que favorezca la participación femenina en el mercado laboral, más aún si consideramos que 1.200.000 niños serán atendidos en promedio 8horas/día.

(ii) La entrega de subsidios a 20.000 mujeres jefas de hogar, que serán priorizadas dentro del Programa de Vivienda Gratuita que adelanta el Ministerio de Vivienda.

(iii) El apoyo a la provisión de soluciones de vivienda o mejoramiento de las mismas, a través de la asignación de un subsidio de interés social rural, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2.3. PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS DE PODER Y TOMA DE DECISIONES.

Acorde con lo planteado en el análisis de la situación actual (numeral II.3 de este documento), se trata, de adelantar acciones a través de las cuales se avance en el fortalecimiento de la participación social, cultural y política de las mujeres, de manera que sus aportes logren incidir activamente en la construcción de paz y desarrollo del país. Para ello, las acciones indicativas de este tercer eje son:

- Diseñar y ejecutar programas orientados a fortalecer la participación de las mujeres, teniendo en cuenta sus diferencias, en los escenarios sociales, culturales y políticos.

- Hacer seguimiento y monitoreo a las normas establecidas para aumentar la participación de las mujeres en los escenarios de poder y toma de decisiones.

Como se presenta en detalle en el Anexo 3, las acciones institucionales se dirigen a la formación y cualificación de las mujeres, para su participación en espacios de elección popular, la formación en nuevos liderazgos de participación ciudadana y en el fortalecimiento de las redes y organizaciones sociales de mujeres, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior.

2.4. SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

Si bien se reconocen avances en estos aspectos, es fundamental para los objetivos de la Política Nacional de Equidad de Género para las mujeres, precisar acciones dirigidas a elaborar y poner en funcionamiento herramientas, programas y procesos para fortalecer el enfoque diferencial de derechos en las condiciones de acceso y la calidad de la atención en los diferentes niveles del sistema de salud y en el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo su ciclo vital.

Las acciones indicativas del eje son:

- Adelantar acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud, con enfoque diferencial de derechos.

- Desarrollar acciones de promoción y prevención en materia de derechos sexuales y reproductivos

El Ministerio de Salud y Protección Social ha dado un importante paso, al incluir dentro de sus acciones “Garantizar la entrega oportuna del biológico e insumos para la vacunación contra el VPH de todas las niñas escolarizadas ente el cuarto y onceavo grado de educación básica primaria y secundaria y que tengan 9 años o más”, acción que no solamente implica la destinación de cuantiosos recursos, sino que fundamentalmente tiene un impacto muy importante en la prevención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Otras acciones relevantes incluidas en este plan de acción son (Ver Anexo 4) el ajuste, validación y socialización de la Política Nacional de Salud Mental, incorporando los enfoques de: derechos, género y diferencial(94), al igual que la revisión y actualización de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo los enfoques de género y diferencial, el seguimiento a las estadísticas de mortalidad materna en temas como deceso en periodo de embarazo, parto o puerperio y producción de documentos de análisis de la problemática desde una perspectiva de DDHH, así como las acciones para el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) con enfoque diferencial.

2.5. ENFOQUE DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN.

En cuanto a este eje, es necesario dinamizar y poner en funcionamiento herramientas, programas y procesos para fortalecer el enfoque diferencial de derechos y adelantar acciones dirigidas a disminuir las barreras de permanencia de las mujeres por razones de género en el sistema educativo colombiano. Las acciones indicativas son:

- Diseñar, ajustar, ejecutar y hacer seguimiento a acciones con enfoque de género y enfoque diferencial, que contribuyan a disminuir las barreras de permanencia de las mujeres en el sistema educativo.

- Incorporar el enfoque de género en los lineamientos y los referentes pedagógicos que promuevan reflexiones en torno a las concepciones e imaginarios del rol de las mujeres desde el contexto educativo

- Desarrollar acciones, estrategias, programas y proyectos con enfoque de género, y con enfoque diferencial

- Fortalecer las capacidades institucionales del sector educativo mejorar los conocimientos de los docentes y funcionarios públicos

Las acciones institucionales más significativas de este eje son:

i) Fortalecer el enfoque de género en los materiales de los modelos educativos flexibles que el Ministerio de Educación Nacional diseñe o cualifique dirigidos a grupos diversos y población vulnerable.

ii) Incluir el enfoque de género en los criterios utilizados para conceptuar los modelos educativos flexibles y en todas las evaluaciones de material educativo que se requieran

iii) Elaboración y validación de orientaciones pedagógicas para incorporar en los programas pedagógicos transversales el enfoque de educación inclusiva, de manera que tengan pertinencia étnica y cultural para un país diverso.

iv) Desarrollo de procesos de formación orientados a la generación de competencias para el uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres

Las tres primeras acciones las lidera el Ministerio de Educación Nacional(95), en tanto que la última la lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La matriz de acciones de este eje se presenta en el Anexo 5.

2.6. PLAN PARA GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS.

En materia de prevención y atención en violencia contra las mujeres, las acciones indicativas se dirigen a fortalecer los espacios, mecanismos, sistemas y herramientas de articulación interinstitucional y de seguimiento. Así las acciones indicativas para este eje son:

- Inclusión del enfoque de género en el diseño e implementación de las políticas públicas y proyectos institucionales en materia de violencia contra la mujer

- Diseño y puesta en marcha de estrategias de información, comunicación y educación que contribuyan a superar la tolerancia social frente a las violencias basadas en género.

- Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los sectores vinculados a la prevención y atención de la violencia y cualificación de sus funcionarios en estas temáticas.

- Fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención en salud y en justicia a las mujeres víctimas de violencia

- Fortalecimiento de los espacios de articulación nacionales en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres

- Seguimiento, adecuación normativa sobre legislación relevante en materia de violencia contra las mujeres

- Fortalecimiento de los sistemas de información y gestión del conocimiento en materia de violencia contra las mujeres

NOTAS AL FINAL:

1. Consagrados en nuestra Constitución Política en los art. 1, 13 y 42; entre otros, así como en el Bloque de Constitucionalidad del art. 93.

2. Banco Mundial. The effect of women´s economic power in Latin America and the Caribbean. Agosto 2012

3. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos", establece la adopción de una Política Pública Nacional de Equidad de Género, para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y Rom, que asegure el cumplimiento del Estado colombiano de los estándares internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres con un enfoque multisectorial y transversal (ver artículo 177 de la Ley 1450 de 2011)

4. La directriz sobre la cual está construida la política responde al artículo 177 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad Para Todos 2010-2014".

5. http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Lineamientos-politica-publica-equidad-de-genero.pdf

6. Desde el último trimestre de 2012, la ACPEM conjuntamente con el DNP lideraron varias sesiones de trabajo con los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Defensa; de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Trabajo, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo, Educación Nacional, de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Transporte, de Cultura,, Colciencias, ICBF, Fiscalía General de la Nación, INCODER, Policía Nacional, SENA, INMLCF, Instituto Nacional de Salud, DANE, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Resultado de estas sesiones de trabajo y, en el marco de la oferta programática de cada una de las entidades, se identificaron y priorizaron las acciones y recursos para dar respuesta a los requerimientos de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres.

7. Se encuentran en construcción el documento de política para las mujeres víctimas del conflicto, y un capítulo de mujeres tanto en la "Política contra la discriminación racial y racismo", como en la "Política para los pueblos indígenas"

8. En 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; posteriormente en 1994, la Política de Participación y Equidad y de la Mujer –EPAM–; en 1999 el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujeres; en 2003, la Política Mujeres Constructoras de Paz y en 2010, la política nacional para la Construcción de paz y convivencia familiar Haz Paz

9. De 1981 a la fecha se han promulgado por lo menos 18 leyes en materia de derechos de las mujeres. Para mayor detalle, consultar http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Lineamientos-politica-publica-equidadde genero.pdf. Pág.13

10. Se retoman en este apartado algunos elementos del marco conceptual de los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. Para mayor detalle consultar en http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Lineamientos-politica-publica-equidad-de-genero.pdf

11. Lineamientos para la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (2012:45).

12. D´Elia Yolanda y Maingón Thais. "La equidad en el Desarrollo Humano: Estudio conceptual desde el enfoque de igualdad y diversidad". En: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [Venezuela], 2004

13. La Convención de la CEDAW, ha desarrollado el concepto de igualdad sustantiva, es decir, no basta con brindar igualdad de oportunidades, sino que hay que garantizar igualdad de acceso a las oportunidades e igualdad de resultados.

14. Entendidas como aquellas intervenciones y/o medidas de carácter temporal dirigidas a garantizar un trato diferente a las mujeres para superar las brechas existentes, corrigiendo la representación insuficiente y la redistribución de los recursos y el poder que actualmente las afectan.

15. La gravedad de estas violaciones y de las infracciones al derecho internacional humanitario, condujo a la construcción de un documento de política específico para el tema de mujeres víctimas del conflicto.

16. Al respecto la situación ha sido documentada por el sistema de Naciones Unidas e Interamericano en sus diversos informes sobre Colombia. Además de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, ha documentado la situación para mayor información véase: www.mesamujeryconflictoarmado.org

17. El Ministerio de Trabajo creo el Grupo para la Equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres por medio de la Resolución 162 de 2011 y el Ministerio de Justicia y del Derecho creo el Grupo de género de la entidad por medio de la Resolución 172 de 2012.

18. Información tomada y adaptada del Boletín No 6, noviembre de 2011. Ciudades e igualdad de género. AECID Colombia. [Consultado 21 Agosto. 2012].

Disponible en < http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/boletin_noviembre_2011__2_.pdf

19. Antioquia, Secretaria de Equidad de Género para las Mujeres. Meta, Córdoba y Valle del Cauca, Secretaria de la Mujer. Norte de Santander, Secretaria de la Equidad y la Participación.

20. Caldas, Cundinamarca, Magdalena y Santander

21. Amazonas, Arauca, Boyacá, Casanare, Huila, Nariño y Putumayo.

22. Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, Guajira, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada.

23. Adicionalmente varias Gobernaciones plasmaron el compromiso de diseñar y ejecutar Políticas de equidad de género o Políticas para mujeres en el marco de los Planes de Desarrollo correspondientes a la vigencia 2012-2015

24. DANE. – DIMPE. (2012). Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - Colombia 2011.

25. DANE-ACPEM. (2012). Boletín de prensa de Asuntos de Género 2011. p.10

26. "Se entiende como persona de cuidado a aquella que es menor de 5 años o mayor de 65". DANE-ACPEM. Op. cit. p.9

27. Este programa el cual está siendo implementado por el Ministerio del Trabajo, busca disminuir las principales discriminaciones que afectan a las mujeres en el mundo del trabajo, mediante el diseño, implementación, validación y transferencia de herramientas que propendan por la igualdad entre hombres y mujeres. Lo anterior a través de cinco objetivos específicos 1) Desarrollar acciones de prevención de discriminación e inequidad en el ámbito laboral por razones de género 2) Reducir los índices de desempleo de la mujer 3) Reducir la informalidad concentrada en la mujer 4) Eliminar Brechas salariales entre hombres y mujeres 5) Diseñar y poner en marcha un sistema de vigilancia y control así como un sistema de monitoreo a indicadores de gestión.

28. World Bank. World Development Report 2012: Gender Equality and Development. 2011 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; Washington DC.

29. DANE GEIH junio-agosto 2012.

30. El artículo 3 de la Ley de Mujer Rural, es englobante en la definición de la actividad rural al señalar que esta "comprende desde las actividades tradicionales, tales como las labores agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras, hasta las no tradicionales, como el desarrollo de agroindustrias y microempresas, además de otras actividades realizadas en el marco de una perspectiva más amplia de la ruralidad, como son las relacionadas con la integración a cadenas agro productivas y comerciales en todas sus expresiones organizativas, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales y piedras preciosas y otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas".

31. DANE-ACPEM. Op. cit. p.12

32. DANE-ACPEM. Op. cit. p.17

33. Unidad de restitución de tierras. Mujeres. Disponible en: http://www.restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=12 consultado el 25 de junio de 2012

34. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. (2010). Protección de Tierras y Patrimonio de Población Desplazada. Síntesis de la experiencia del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Bogotá

35. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. 2011. Informe de desarrollo Humano. Colombia rural, razones para la esperanza. Bogotá: p. 206 con base en Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) Proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada 2010. Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Bogotá: Acción Social, p 10.

36. Las esferas públicas, “no son sólo espacios para la formación discursiva; son también espacios para la concreción de las identidades sociales”. Fraser, Nancy. Iustitia Interrupta, Universidad de Los Andes, 1997, pág. 97.

37. En la cuantitativa, se hace referencia al número de mujeres que participan con respecto a los hombres, y en la cualitativa, a la posición que ocupan las mujeres en la toma de decisiones y a la incorporación de sus agendas en los asuntos públicos.

38. Con relación a la generación de indicadores estratégicos sobre participación ciudadana y política, el DANE viene realizando la Encuesta de Cultura Política, operación estadística que cada dos años entrega información sobre la vinculación de las mujeres en diferentes tipos de organizaciones sociales, así como las acciones que emprenden para resolver problemas de su comunidad. Esta encuesta ofrece información acerca de las percepciones de la población sobre la vinculación de las mujeres en cargos de elección popular, así como de las valoraciones e imaginarios que tienen las mujeres acerca del sistema democrático y la garantía y protección de derechos. Un indicador significativo es el porcentaje de personas de 18 años y más que expresaron haber formado parte de alguna organización y/o grupo en el último año. La tasa de participación de las mujeres fue de 35,2% mientras que la de los hombres fue de 29,8%. Las organizaciones con mayor vinculación por parte de los colombianos de 18 años y más en el último año, fueron las iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos (20,2%). Se destaca que del total de mujeres 24,3% estuvo vinculado a iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos, mientras que de los hombres fue 15,6%.

39. Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

40. Caldas, San Andrés, Santander, Atlántico, Vaupés, Putumayo, Vichada y Chocó. No reportaron información las gobernaciones de Cauca, Amazonas y Guainía.

41. Santiago de Cali, San José del Guaviare, Manizales, Puerto Carreño y Cúcuta. No reportaron las alcaldías de Inírida, Santa Marta y Mitú. Igualmente, se observa que la Alcaldía de Manizales no ha dado cumplimiento a esta ley en los últimos cinco años.

42. OEA – CIDH. (2011). El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en las Américas. p. 33

43. CEPAL. (2008). Nota técnica género y gobernabilidad. p.3 En:

http://www.pnud.org.co/img_upload/196a010e5069f0db02ea92181c5b8aec/nota%20genero%20y%20gobernabilidad

44. Idrovo Carlier, S. (2012). La Mujer en la Alta Dirección Colombiana. En Revista INALDE, 33, 34-42. Disponible en http://www.inalde.edu.co/fileadmin/Documentos/CENTRO_DE_MEDIOS/REVISTA/ARCHIVO/Revista_Inalde_33.pdf

45. Cuesta, L. (2005). Impacto de los sindicatos en Colombia: ¿mayores salarios y más desigualdad? Facultad Economía, Universidad de Los Andes. Bogotá

46. OEA – CIDH, Op. cit. P. 12

47. La vivencia de los Derechos Sexuales y Reproductivos es un ejercicio cotidiano de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, hombres y mujeres sin discriminación alguna. Estos derechos tienen que ver con lo íntimo, lo esencial para cada individuo como tomar decisiones sobre su propio cuerpo, como vive y expresa su sexualidad y sobre su reproducción. Por ello, educar desde la primera infancia para la apropiación y reconocimiento como sujetos titulares de derechos sexuales y reproductivos se considera un factor protector que permite: desarrollar la autonomía y la autoestima; contar con más elementos y habilidades para enfrentar la presión de grupo; establecer relaciones equitativas entre hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes y crear un clima de confianza donde puedan expresar sus miedos, inquietudes y dudas.

48. Organización Panamericana de la Salud. Equidad de Género en Salud. Hoja informativa del Programa Mujer, salud y desarrollo. Washington. Consulta realizada el 2 de octubre de 2012. www.paho.org/spanish/ad/ge/GenderEquityinHealthsp.pdf

49. España, Ministerio de Sanidad y Consumo. (2007). Informe salud y género 2005. Informes, estudios e investigación 2007. p. 18.

50. Por ejemplo: i) la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo se encuentra discriminada por sexo, en los grupos etarios que presentan mayores riegos, ii) El Acuerdo 31 de 2012 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES) establece la cobertura que debe tener el Plan Obligatorio de Salud (POS) para menores de 18 (discriminado por ciclo vital), en particular se resalta la atención para el embarazo adolescente y para los hijos de madres con VIH/SIDA50, iii) Implementación de un modelo de atención para adolescentes y jóvenes -Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ) con el fin de dar una atención diferencial a este grupo poblacional, en lo relacionado principalmente con los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), haciendo énfasis en la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, iv) Documento Conpes Social 147 de 2012 que busca reducir el embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para adolescentes y jóvenes, entre otras acciones. Además el Acuerdo 30 de 2011, establece explícitamente UPC diferencial en los grupos de edad de 15-18 años y de 19 a 44 años.

51. Los resultados en salud de una persona están determinados por las condiciones de su sexo, lugar de nacimiento, aspectos culturales, sociales, políticos y económicos que se tiene pero a su vez esas condiciones están determinadas por los acuerdos institucionales en estos ámbitos, situación de vital importancia para analizar lo que ocurre con las mujeres desde un enfoque de género.

52. DANE – EEVV (datos de recolección sin Ajuste). Cálculos del Ministerio de Salud y Protección Social.

53. Estadísticas Vitales –EEVV (DANE).

54. Prada E, Singh S, Remez L, Villarreal C. Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias. Instituto Guttmacher. Nueva York. 2011.

55. Barraza Morelle. C. y Gómez López. C. (2009). La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. La Despenalización parcial del Aborto en Colombia. Un derecho para las mujeres. Bogotá.

56. 6852 nacimientos con madres entre 10 a 14 años para el 2009 Fuente DANE.

57. La Ley 599 de 2000, señala como tipos penales en relación con la libertad sexual en menores de catorce años: Artículo 208: Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años; Artículo 209: Actos sexuales abusivos con menor de catorce años; hay que hacer énfasis además, en que de conformidad con la Ley 1098 de 2008 (Código de Infancia y Adolescencia), los delitos contra los menores no pueden ser objeto de los mecanismos de negociación de penas, propios del Sistema Penal Acusatorio

58. Tasa calculada a partir del Sistema de Estadísticas Vitales y proyecciones poblacionales DANE

59. SIVIGILA 2011 a corte de Mayo de 2012. Procesada por el Observatorio de la Gestión del VIH del Ministerio de Salud y Protección Social.

60. Al analizar dichos datos por edad, sexo, mecanismo de transmisión y tipo de aseguramiento, se evidencia que en el grupo de 0 a 5 años de edad se reportaron 90 casos de los cuales 38 fueron hombres y 52 mujeres. En éste grupo poblacional, es altamente probable haber contraído la infección por vía materno-infantil, durante el embarazo, el parto o la lactancia de una madre viviendo con VIH.

61. CIDI corresponde a una entrevista utilizada por la OMS, denominada Entrevista Diagnostica Internacional Compuesta, esta fue utilizada para la recolección de información para el Estudio nacional de Salud Mental, 2003.

62. Los trastornos mentales con mayor frecuencia en la población general son: cualquier trastorno de ansiedad (19.3%), la fobia especifica (12.6%) y el trastorno depresivo mayor (12.1%).

63. Capitulo 9. Autopercepción del peso corporal, consultas asociadas y de riesgo. ICBF. (2010). Encuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia. Bogotá. p. 470

64. Ibid p. 475 y 476

65. En algunos estudios como el elaborado por María Elvia Domínguez Blanco en 2004, titulado "Equidad de género y diversidad en la educación" se aborda esta temática.

66. realizada por el Ministerio de Educación junto con la Universidad Nacional en el año 2010

67. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Indicadores de Ciencia y Tecnología. 2011.

68. Las principales fuentes de información son la Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDS realizada en 2010 y las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (ENDS), cofinanciada por el Ministerio de Salud y Protección Social y desarrollada cada cinco años por Profamilia desde 1990, que recolecta información sobre la salud de las mujeres en edad fértil, su historia reproductiva y su entorno familiar. En el año 2010 se entrevistaron 53.521 mujeres en edad fértil (13 a 49 años) con una tasa de respuesta del 94%. La Encuesta ofrece una muestra de la situación con representatividad nacional, lo cual resulta importante porque permite obtener información en el conocimiento de la magnitud de la violencia contra las mujeres.

69. En el texto se usa indistintamente violencia contra las mujeres o violencia basada en género, para referirse a la violencia que afecta a las mujeres o que tiene un efecto diferencial sobre estas por el hecho de ser mujer.

70. Procuraduría General de la Nación. (2010). Informe “La efectividad de los derechos de las mujeres, una deuda de justicia”. Bogotá. Disponible en http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2010/noticias_607.htm

71. Con respecto a la trata de personas que es una forma de violencia en la cual las niñas y las mujeres son las más afectadas, el delito de Trata de personas es definido por el Articulo 188 A del Código Penal (Ley 599 de 2000): "El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación […]se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación". Para los años 2009 y 2010 las mujeres (niñas, adolescentes y adultas) fueron la población mayormente afectada por el delito de trata de personas Seguimiento a indicadores poblacionales, con enfoque de género. Observatorio de asuntos de género. Alta consejería presidencial para la equidad de la mujer año 2010. Documento disponible en el sitio web http://www.equidadmujer.gov.co/OAG/Documents/Violencia-contra-Mujeres-2010.pdf. Actualmente, el gobierno nacional adelanta la Estrategia de lucha contra la trata de personas.

72. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2012). Forensis 2011. Bogotá. p. 63

73. De estos, en el 43% la causa de la muerte fue arma corto punzante y en el 38,4% fue proyectil de arma de fuego. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2009). Masatugo 2004-2008. Bogotá

74. Artículo 229 del Código Penal (Ley 599 de 2000).

75. Forensis. Op. cit. p. 143.

76. Ibid, p. 215

77. Profamilia. Op. cit. p. 362

78. La inasistencia alimentaria puede considerarse como una forma de violencia económica. En los casos en los que los padres no asumen su responsabilidad y las mujeres se ven obligadas a asumir solas el cuidado y mantenimiento de los hijos e hijas se está produciendo una reducción en su patrimonio y en la capacidad de satisfacer sus necesidades y las de su familia

79. Fiscalía General de la Nación. (2010). Informe Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2009 – 2010. Disponible en el sitio web

http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/RendiciondeCuentas/audienciapublica2010.pdf. Pág. 23.

80. Dentro de los antecedentes de política en materia específica de Violencia Intrafamiliar es necesario tener en cuenta el Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar 2005-2015.

81. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. (2010). Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia: Programa integral contra violencias de género. Bogotá.

82. Ibíd.

83. Un antecedente insoslayable en términos de coordinación interinstitucional en materia específica de violencia intrafamiliar, es la que a través del CONPES 3077 del 2000 se debía liderar (en su momento) desde la Consejería Presidencial de Política Social. El mencionado CONPES convocaba la concurrencia de los Ministerios de Salud, Educación, Justicia, Interior, Cultura, Trabajo y Comunicaciones; además la Red de Solidaridad Social; el Instituto de Bienestar Familiar; la Defensoría del Pueblo; el Consejo Superior de la Judicatura; la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; la Policía Nacional; el programa presidencial Rumbos y los distintos niveles de las entidades territoriales. La apuesta en su momento era: "buscar la institucionalización de la política, así como su continuidad y sostenibilidad". Pág 5. http://titan.utadeo.edu.co/comunidad/paz/images/stories/documentos/centro_de_documentacion/politica_publica/3077-de-2000.pdf. Adicionalmente, más adelante y sobre los lineamientos del CONPES 3144, se estableció que el ICBF asumiera la coordinación intersectorial "no ya como un programa de gobierno, sino como una política pública integral de prevención, detección, atención y vigilancia de la violencia intrafamiliar", responsabilidad que inició en el 2003. Pág 9. http://www.annaobserva.org/ckfinder/userfiles/files/Plan_Nacional_Construccion_de_Paz_y_Convivencia_Familiar_2005_2015_colombia.pdf

84. ECLAC. (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos, serie Mujer y desarrollo, N°16 (LC/L.957): Nieves Rico

85. Procuraduría General de la Nación. (2009). Aproximación a la situación de la violencia contra las mujeres en Colombia. Informe de vigilancia. Procurando la equidad No 4. p. 22.

86. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer. Observatorio de Asuntos de Género.

87. Instituto Nacional de Salud. 2012. Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Subsistema de Información SIVIGILA, Ficha de notificación.

88. Ibíd. p. 11

89. Ibíd. p. 12

90. Procuraduría General de la Nación. (2011). Génesis y razón de ser de las Comisarías de familia. En Procurando la equidad. Vigilancia superior a la garantía de los derechos desde la perspectiva de género No 6. p. 6

91. Para mayor información se pueden revisar las investigaciones: Corporación Humanas. (2008). La situación de las mujeres víctimas de violencias de género en el sistema penal acusatorio, Colombia. Bogotá. Corporación Humanas. (2010). Estudio de la jurisprudencia colombiana en casos de delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas

92. Esta preocupación ha sido planteada a la ACPEM por las mismas autoridades que están involucradas en el sistema de justicia, avanzando así en la realización del primer curso de formación a funcionarios/as que se realiza a partir de octubre de 2012 en forma coordinada. El proyecto está liderado por El Ministerio de Justicia, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, La Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses de la Fiscalía General, La Escuela Superior de Administración Pública, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional

93. Lo anterior, sin que implique darles la calidad de funcionarias públicas

94. En dicha revisión se tendrán en cuenta los eventos priorizados por el CONPES: Depresión, baja autoestima, sobre carga de trabajo por los múltiples roles asumidos por las mujeres, suicidio e intentos de suicidio, desórdenes alimentarios –anorexia y bulimia.

95. Es importante mencionar la necesidad de identificar acciones que contribuyan a disminuir las diferencias en los puntajes de hombres y mujeres en las pruebas de conocimiento.

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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Derecho del Bienestar Familiar"
ISBN [978-958-98873-3-2]
Última actualización: 31 de diciembre de 2019
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