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CONCEPTO 50684 DE 2008

(9 septiembre)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF

11300/22523

MEMORANDO

Para:

Coordinadora Grupo Jurídico

ICBF Regional Cundinamarca

Asunto: Su consulta del 12 de agosto de 2008

En atención a la consulta del asunto, allegada a esta Oficina el 12 de agosto de 2008, con el radicado No.22523 relacionada con la venta de inmuebles de propiedad de los niños, las niñas y los adolescentes, según lo consagrado en la Ley 9 de 1989, es necesario precisar:

1. CONSULTA.

1.1. “Actuación de los Defensores de Familia en los procesos de venta de inmuebles de propiedad de los niños, las niñas y los adolescentes.

1.2. Requisitos para el trámite de la venta de bienes raíces de propiedad de los niños, las niñas y los adolescentes, según lo consagrado en la Ley 9 de 1989”.

2. ANÁLISIS JURÍDICO

2.1. ACTUACION DE LOS DEFENSORES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DE VENTA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. El Código de la Infancia y la Adolescencia al brindar protección integral a los niños, las niñas y los adolescentes les reconoce como sujetos titulares de derechos de contenido patrimonial y extramatrimonial, ante las autoridades competentes, les garantiza y previene de su amenaza o vulneración y les da la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior como el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

Si bien es cierto que el Código del Menor fue derogado y el artículo 82 de la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia expresamente no contempló dentro de las funciones de los Defensores de Familia la tarea de autorizar la venta de inmuebles de propiedad de los niños, las niñas y adolescentes en los casos señalados el artículo 16 de la Ley 9 del 11 de enero de 1989 de Reforma Urbana, no por ello dicho servidor público, pierde la competencia para autorizar esta venta por cuanto es la autoridad administrativa que tiene como competencia genérica intervenir en defensa y protección de los derechos, intereses y garantías de contenido patrimonial o extrapatrimonial de los niños, las niñas y los adolescentes, especialmente cuando su patrimonio o sus vienes de contenido patrimonial se encuentren amenazados por quienes los administren, tal como lo prevé el numeral 16 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006, además que la citada Ley 9 de 1989 se encuentra vigente y no fue derogada por aquella.

Si analizamos la Ley 1098 de 2006, además de las competencias específicas del Defensor de Familia, este funcionario público ahora se constituye en el garante de la efectividad de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ante todas las entidades públicas y privadas y no solo ante las que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Además defiende a aquellos sujetos titulares de derechos de los problemas que les genera su propia familia, cuando se amenacen, vulneren, abusen o ponen en peligro su integridad o sus derechos.

El Defensor de Familia entonces es un servidor público polifacético, actúa en diferentes frentes; ejerce distintas competencias: tiene funciones de policía; actúa como accionante permanente para amparar los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, es juez administrativo, cuando toma decisiones de protección y sobre el estado civil de los niños, las niñas y los adolescentes, y decide asuntos de su competencia; es litigante en representación de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cuando presenta demandas ante las distintas jurisdicciones. Sería extenuante relacionar todas las funciones del Defensor de Familia, ya que existen muchas otras de ellas dispersas en Leyes y Decretos como en el caso que nos ocupa, con la Ley 9 de 1989.

En conclusión, el Defensor de Familia, esta facultado para autorizar la venta de inmuebles pertenecientes a los niños, las niñas y los adolescentes de que trata el artículo 16 de la Ley 9 del 11 de Enero de 1989, siempre y cuando: (i) Se traten de los planes y programas sobre bienes raíces a que hace referencia dicha norma (planes de desarrollo de vivienda de interés social, preservación de patrimonio cultural, zonas de reserva para el desarrollo y crecimiento futuro de ciudades y recursos hídricos, desarrollo de servicios públicos, etc.), y (ii) La enajenación garantice la protección integral, el interés superior y la prevalencia de los derechos del niño, la niña y el adolescente.

En los demás casos de venta de inmuebles de infantes y adolescentes, sigue vigente el artículo 303 del Código Civil, y la autorización de venta tendrá carácter judicial siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 649 de C.P.C.

2.2. REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE LA VENTA DE BIENES RAICES DE PROPIEDAD DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES, SEGÚN LO CONSAGRADO EN LA LEY 9 DE 1989. Se entiende por trámite la serie de diligencias, formalidades y requisitos determinados para el curso y resolución del asunto de acuerdo con las leyes de procedimiento.

La autorización administrativa para la venta de bienes raíces de propiedad de los niños, las niñas y los adolescentes, sometidos a la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 1989), debe reunir los siguientes requisitos señalados como mínimos para que produzca efectos legales: (i). Elevar solicitud verbal o escrita ante el Defensor de Familia del Centro Zonal correspondiente al lugar de residencia del niño, la niña o el adolescente, propietario del inmueble de que se trate, (ii). Adjuntar copia del Registro Civil de Nacimiento de aquellos, (iii). Anexar fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los representantes legales de los infantes o adolescentes, (iv). Adjuntar copia de los documentos que acrediten que los niños, las niñas o los adolescentes son los propietarios del inmueble, (iv).<sic> Acreditar que el inmueble que se pretende enajenar se trata de los que hace referencia la Ley 9 de 1989 (planes de desarrollo de vivienda de interés social, preservación de patrimonio cultural, zonas de reserva para el desarrollo de crecimiento futuro de ciudades y recursos hídricos, desarrollo de servicios públicos, etc.). Su trámite es gratuito.

Para efectos de la autorización en todo caso el Defensor de Familia deberá tener en cuenta la garantía de la protección integral, el interés superior y la prevalencia de los derechos del niño, la niña y el adolescente.

El tratadista Hernán Fabio López Blanco ha conceptuado sobre el tema que: “El artículo 16 de la Ley 9 de 1989, establece que para autorizar la venta de inmuebles que indica el artículo 10 de la misma disposición, se debe tratar de planes de desarrollo de vivienda de interés social, preservación de patrimonio cultural, zonas de reserva para el desarrollo de crecimiento futuro de ciudades y recursos hídricos, desarrollo de servicios públicos, etc.) Los representantes legales de los niños, las niñas y los adolescentes pueden enajenar directamente los inmuebles de propiedad de aquellos, sin necesidad de autorización judicial, remate en pública subasta, siempre y cuando exista el visto Bueno del Defensor de Familia de que no se verán afectados los derechos e intereses de los niños, las niñas y los adolescentes.

En los demás casos de venta de inmuebles de infantes o adolescentes pertenecientes a los que hace referencia la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 1989), se deberá dar aplicación al artículo 303 del Código Civil y la autorización tiene el carácter de judicial, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 649 del Código de Procedimiento Civil.”

3. CONCLUSION

3.1 Interpretando armónicamente las Leyes 9 de 1989 y 1098 de 2006 se concluye que si bien es cierto el Código del Menor fue derogado y que el artículo 82 de esta ultima no contempló expresamente dentro de las funciones de los Defensores de Familia la tarea de autorizar la venta de inmuebles de propiedad de los niños, las niñas y adolescentes en los casos señalados el artículo 16 de la Ley 9 del 11 de enero de 1989- Ley de Reforma Urbana-, no es menos cierto que de conformidad con el numeral 16 del artículo 20 de la misma Ley 1098 de 2006 el derecho de protección de los niños, las niñas y los adolescentes también comprende la conservación de su patrimonio, función que para el caso aquí analizado está asignada al Defensor de Familia según el artículo 16 de la Ley 9 de 1989, la cual se encuentra vigente y no fue derogada por la Ley 1098 de 2006, además es por excelencia la autoridad administrativa llamada a hacer efectivos los derechos de protección que de manera enunciativa y no taxativa se establecen en el artículo 20 de la Ley 1098 de 2006.

Por lo anterior, el Defensor de Familia, está facultado para autorizar la venta de inmuebles pertenecientes a los niños, las niñas y los adolescentes de que trata el artículo 16 de la Ley 9 del 11 de Enero de 1989, siempre y cuando se traten de inmuebles destinados a los planes y programas sobre bienes raíces a que hace referencia dicha norma (planes de desarrollo de vivienda de interés social, preservación de patrimonio cultural, zonas de reserva para el desarrollo y crecimiento futuro de ciudades y recursos hídricos, desarrollo de servicios públicos, etc.

3.2. La autorización administrativa para la venta de bienes raíces de propiedad de los niños, las niñas y los adolescentes, sometidos a la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 1989), debe reunir los siguientes requisitos señalados como mínimos para que produzca efectos legales: (i). Elevar solicitud verbal o escrita ante el Defensor de Familia del Centro Zonal correspondiente al lugar de residencia del niño, la niña o el adolescente, propietario del inmueble de que se trate, (ii). Adjuntar copia del Registro Civil de Nacimiento de aquellos, (iii). Anexar fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los representantes legales de los infantes o adolescentes, (iv). Adjuntar copia de los documentos que acrediten que los niños, las niñas o los adolescentes son los dueños del inmueble, (iv). Acreditar que el inmueble que se pretende enajenar esta comprendido dentro de los referidos en la Ley 9 de 1989 (planes de desarrollo de vivienda de interés social, preservación de patrimonio cultural, zonas de reserva para el desarrollo de crecimiento futuro de ciudades y recursos hídricos, desarrollo de servicios públicos, etc.). El trámite es gratuito.

El Defensor de Familia en todo caso garantizará la protección integral, el interés superior y la prevalencia de los derechos del niño, la niña y el adolescente.

Finalmente, nos permitimos señalar que las consultas realizadas a la Oficina Jurídica deberán realizarse observando los parámetros contemplados en la Circular 003 del 25 de febrero de 2008, que son los siguientes: 1. La solicitud de conceptos se hará por parte del funcionario competente, según lo establecido; 2. Se necesita una exposición sucinta del asunto en consulta con los antecedentes mas sobresalientes; 3.Se requiere acompañar una tesis jurídica sobre el tema en cuestión, exceptuando las solicitudes provenientes de áreas o grupos donde no cuenten con un profesional del derecho, caso en el cual consultarán directamente a la Oficina Jurídica; 4. La solicitud de concepto debe estar motivada en la dificultad que ofrezca la interpretación o la aplicación de una norma; y 5. De ningún modo puede fundamentarse en la exclusiva necesidad de refrendar decisiones o para sustraerse de cumplir funciones y menos aún para eximirse de eventuales responsabilidades.

La presente respuesta tiene la naturaleza de un concepto jurídico; solamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de conformidad con lo establecido en los artículos 230 de la Constitución Política, 26 del Código Civil y 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ ROBLES

Jefe Oficina Jurídica

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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Derecho del Bienestar Familiar"
ISBN [978-958-98873-3-2]
Última actualización: 31 de diciembre de 2019
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