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CONCEPTO 119 DE 2017

(septiembre 26)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

10400/402111/Sim176097375

Bogotá, D.C.

Señor

XXXXX XXXXX XXXXX

Av. San Martín No. 8-153, edificio Panorama apto 21-D

Cartagena Bocagrande- Bolívar

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de concepto radicado SIM 1760973751 de 15/08/2017, y No. 402111

De manera atenta, en relación con el asunto de la referencia, en los términos previstos en el artículo 26 del Código Civil, la Ley 1755 de 2015, así como en el artículo 6o, numeral 4o del Decreto 987 de 2012, se responde la solicitud de concepto respecto del asunto en cuestión, en los términos que siguen:

1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la solicitud de concepto, se identifican los siguientes problemas jurídicos:

¿Cuál es la diferencia entre las causales para la suspensión y pérdida de la patria potestad: "por su larga ausencia" y “por haber abandonado al hijo”?

¿El Defensor de Familia está facultado para solicitar la suspensión y pérdida de la patria potestad de un menor de edad y cuáles son las pruebas que puede aportar?

¿Cuándo puede un Defensor de Familia otorgar un permiso de salida del País, y cuáles son los requisitos que se exigen para ello?

Adicionalmente, el peticionario solicita información de las Defensorías de Familia de la ciudad de Cartagena, y hace preguntas sobre situaciones concretas, a lo cual se dará la respuesta en los últimos numerales del análisis del problema jurídico.

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO

Metodológicamente, el presente concepto se emite dentro de las siguientes líneas argumentativas: 2.1; De la patria potestad; 2.2, De la suspensión y pérdida de la patria potestad; 2.3 Intervención del Defensor de Familia para autorizar la salida del País a menores de edad, 2.4 Conceptos de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF y 2.5 Sobre la prestación del servicio de las Defensorías de Familia en la ciudad de Cartagena D.T y C.

2.1. De la Patria Potestad

Según el artículo 288 del Código Civil, la patria potestad "es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone”.

A su vez, el artículo 14 del Código de la Infancia y la Adolescencia complementa la institución jurídica de la patria potestad establecida en el Código Civil, consagrando la responsabilidad parental, compartida y solidaria, en la que se condensan las obligaciones de los padres inherentes a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación, y proscribe todo acto de violencia física o psicológica en el ejercicio de esa responsabilidad o los "... actos que impidan el ejercicio de sus derechos”.

Frente al tema de la patria potestad, la Corte Constitucional en sentencia C-1003/07[1] manifestó:

“En armonía con la citada disposición, esta corporación ha considerado que la patria potestad mejor denominada potestad parental, tiene la función especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus hijos (permiso para salir del país, representación del menor, etc.) y sobre sus bienes (usufructo legal y administración del patrimonio). Igualmente ha considerado, que el ejercicio de la potestad parental tiene como finalidad el bienestar emocional y material de los menores no emancipados, y en consecuencia, el incumplimiento de los deberes de los padres puede conducir a su pérdida o suspensión.

En efecto, la patria potestad hace referencia a un régimen paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo".

En efecto, enuncia como características de la patria potestad las siguientes:

--“Se aplica exclusivamente como un régimen de protección a hijos menores no emancipados.

--Es obligatoria e irrenunciable pues los padres tienen la patria potestad, salvo que la ley los prive de ella o los excluya de su ejercicio.

--Es personal e intransmisible porque son los padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su ejercicio.

--Es indisponible, porque el ejercicio de la patria potestad no puede ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo permita.

--Constituye una labor gratuita, porque es un deber de los padres.

--La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la madre''

Es decir que la patria potestad corresponde de manera privativa y conjunta a los padres, que sólo puede ser ejercida por ellos, lo cual significa que la misma no rebasa el ámbito de la familia, ejerciéndose además respecto de todos los hijos, incluyendo los adoptivos. Es por ello que la propia ley prevé que, a falta de uno de los padres, la patria potestad será ejercida por el otro, existiendo también la posibilidad de que, en algunos aspectos, sea delegada entre ellos mismos, del uno al otro (C.C. arts. 288 y 307).

Respecto a la patria potestad, la Corte ha indicado que es de orden público, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, pues es deber de los padres ejercerla, en interés del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada, sino en tos casos que la propia ley lo permite.

2.2. De la suspensión y perdida de la patria potestad

La patria potestad sobre un menor de edad podrá ser suspendida y terminada, cuando cualquiera de los padres incurre en alguna de las causales que ha erigido el legislador como motivos para su procedencia, el juzgador puede dejar su ejercicio en el padre que no ha dado lugar a los hechos, o designar un guardador al niño, niña o adolescente cuando ambos progenitores han incurrido en las conductas que ameriten la suspensión o privación de los mencionados derechos, y sus efectos jurídicos se proyectan concretamente sobre las facultades de representación legal, administración y usufructo.

En efecto, el artículo 315 del Código Civil, norma que se aplica por remisión expresa del artículo 310 ibídem, se ocupa de consagrar las causales que dan lugar a la terminación de la patria potestad.

ARTÍCULO 310. “La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315, pero si éstas se dan respecto de ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo.

Cuando la patria potestad se suspenda respecto de ambos padres, mientras dure la suspensión se dará guardador al hijo no habilitado de edad.

La suspensión o privación de la patria potestad no exonera a los padres de sus deberes de tales para con sus hijos.

ARTÍCULO 315. La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:

1a) Por maltrato del hijo,

2a) Por haber abandonado al hijo.

3a) Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad.

4a) Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año.

5) Cuando el adolescente hubiese sido sancionado por los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual y se compruebe que los padres favorecieron estas conductas sin perjuicio de la responsabilidad penal que les asiste en aplicación del artículo numeral 2 del Código Penal, que ordena.

En los casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aun de oficio.

Los efectos de la terminación tienen carácter definitivo, siendo imposible su recuperación, puesto que su consecuencia es la emancipación del hijo.

Por virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 22 del Código General del Proceso,[2] les corresponde a los jueces de familia conocer de los procesos sobre pérdida, suspensión o rehabilitación de la patria potestad. En cualquier caso, la suspensión o terminación de la patria potestad, no libera ni exonera a los padres de los deberes que tienen para con los hijos, manteniéndose vigente la obligación de proveer alimentos en favor de ellos, al igual que los deberes de crianza, cuidado personal y educación.

Para que se configure la causal del numeral 2 del artículo 315 del Código Civil, la H. Corte Suprema de Justicia en providencia del 25 de mayo de 2006, Mag. Pon, Dr. Pedro Octavio Munar Cadena, ha dicho que:

“Olvidó el juzgador ad quem que ni siquiera el incumplimiento injustificado de los deberes de padre, conduce per se a la privación de la patria potestad, pues al efecto se requiere que el abandono sea absoluto y que obedezca a su propio querer. Así lo destacó esta Corporación en sentencia del 22 de mayo de 1987, al decir que: en verdad el incumplimiento de los deberes de padre, grave e injustificado, no conduce por si a la privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad, pues para ello se requiere que dicho incumplimiento se derive del abandono del hijo, circunstancia ésta prevista en el artículo 315-2 del C.C. como causa de una u otra. En el caso presente dadas las particularidades que lo rodean, se concluyó en el aquel incumplimiento como causa de separación, pues la situación de enfrentamiento conyugal que de hecho separó a los esposos le dio origen, más no se puede concluir, por el mismo camino, que el demandado ha abandonado -por su querer-al hijo".

(…)

"No se trata, entonces de predicar un juicio de valor, de más o menos, sobre la responsabilidad que le atañe al padre, ni de establecer cuánto aportó para la educación y bienestar material de la infante, sino de comprobar de manera irrefragable que éste se desentendió totalmente de estos menesteres: por consiguiente, si como lo afirmaron unos testigos, en algunas oportunidades el accionante dejó a su hija bajo el cuidado de sus abuelos o que en ocasiones la recibía del colegio el celador, le incumbía al juzgador examinar si esos hechos verdaderamente implicaban un total abandono de los deberes filiales del demandado; inclusive, valga la pena destacado, tales circunstancias miradas con otra óptica, en verdad razonable podrían estimarse de una manera muy distinta a la que coligió el sentenciador, máxime si se articulan con otras pruebas..”.

En lo que se refiere a las causales larga ausencia y el abandono al hijo, según lo indicado por la Corte podemos inferir que la primera se configura cuando el padre o la madre desaparece o se ausenta de su entorno habitual sin ninguna explicación, y el abandono en cambio debe entenderse como un abandono total sobre un hijo, que se evidencia en no cuidarlo, no protegerlo, no cumplir con sus obligaciones para su manutención y otras prácticas que establece el Código Civil.

Cualquiera de los padres podrá solicitar ante el Juez de familia, la suspensión o privación de la patria potestad del otro padre por cualquier causal, e incluso el Juez de Familia puede entregar bajo guarda va una tercera persona al hijo, con conocimiento de causa y a petición de parte, si lo considera conveniente para los intereses del hijo. Al respecto el Código General de) Proceso señala:

ARTÍCULO 395. PRIVACIÓN, SUSPENSIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LA PATRIA POTESTAD, REMOCIÓN DEL GUARDADOR Y PRIVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL HIJO. Cuando el juez haya de promover de oficio un proceso sobre privación, suspensión o restablecimiento de la patria potestad, o remoción del guardador, dictará un auto en que exponga los hechos en que se fundamenta y la finalidad que se propone, de cuyo contenido dará traslado a la persona contra quien haya de seguirse el proceso, en la forma indicada en el artículo 91.

Quien formule demanda con uno de los propósitos señalados en el inciso anterior o para la privación de la administración de los bienes del hijo indicará el nombre de los parientes que deban ser oídos de acuerdo con el artículo 61 del Código Civil, los cuales deberán ser citados por aviso o mediante emplazamiento en la forma señalada en este código.

PARÁGRAFO. Cuando se prive al padre o madre de la administración de los bienes del hijo, una vez ejecutoriada la sentencia el juez proveerá el curador adjunto mediante incidente, salvo que el otro padre o madre conserve la representación legal.

En lo que respecta a si el Defensor de Familia puede solicitar la privación o suspensión de la patria potestad, tenemos que la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia establece que es la autoridad administrativa encargada de restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando han sido amenazados, inobservados o vulnerados, y le asigna una serie de funciones, entre las cuales se encuentra: 1. Adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes guando tenga información sobre su vulneración o amenaza. Y 11. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la representación judicial a que haya lugar.

Adicionalmente, el Código de la Infancia y la Adolescencia establece en el artículo 98 la Competencia Subsidiaria, en la que se señala que en los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones serán suplidas por el Comisario de Familia y en ausencia de este último corresponderán al inspector de policía, salvo la declaración de adoptabilidad, que es competencia exclusiva del Defensor de Familia.

Es decir que la ley faculta a las autoridades administrativas competentes para que, en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes puedan solicitar ante el Juez de Familia la suspensión o privación de la patria potestad de un menor de edad.

En lo referente a las pruebas para determinar la suspensión o privación de la patria potestad, la Ley señala que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y entre ellas tenemos: la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez, incluso se le otorga la facultad al juez de practicar pruebas no previstas siempre que estén de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.[3]

Por lo anterior, le corresponde al Juez de Familia de conocimiento, evaluar las pruebas de acuerdo a la sana critica, y estudiar la credibilidad de los testigos que citan en los procesos.

2.3. Intervención del Defensor de Familia para autorizar la salida del país a menores de edad.

El permiso de salida del país es una facultad que la ley confiere a los representantes legales del menor de edad conjuntamente, es decir, que se requiere de la autorización de los dos padres, en el evento en que el niño, niña o adolescente pretenda salir con un tercero, o de uno de ellos si el otro no viaja, independientemente de cuál sea la razón para ello, y es en esencia el ejercicio de la representación legal en una figura derivada de la patria potestad.

Cuando uno de los padres se encuentra ausente y no puede manifestar su asentimiento, o no está en condiciones de hacerlo, o se desconoce su paradero, debe acudirse ante et Defensor de Familia competente para que, luego de agotado el procedimiento previsto en el artículo 110 del Código de la infancia y la Adolescencia, conceda el respectivo permiso.

En efecto, en artículo 110 de la ley 1098 de 2006 prevé que:

“La autorización del Defensor de Familia para la salida del país de un niño, niña o adolescente, cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, se sujetará a las siguientes reglas:

(…)

El artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia determina que cuando un niño, niña o adolescente vaya a salir del País con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al País; los menores de edad con residencia en el exterior no requerirán de una nueva autorización para salir del País, cuando decidan volver a este, siempre y cuando hayan obtenido el permiso por el Defensor de Familia competente por las razones contenidas en el mencionado artículo.[4]

En estos casos, señalados de manera expresa por el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 y teniendo en cuenta lo previsto en el Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con sus Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados,[5] la Autoridad Administrativa proferirá auto de trámite en el que ordenará la citación a los padres o al representante legal que no haya suscrito la solicitud. Cuando se desconozca el paradero del representante legal del menor de edad, se realizará emplazamiento, mediante aviso publicado, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, surtiéndose seguidamente el trámite establecido en el Art. 110 de la Ley 1098 de 2006.

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, la Autoridad Administrativa ordenará la práctica de las pruebas que considere pertinentes.

Una vez practicadas las pruebas, la Autoridad Administrativa emitirá Resolución por medio de la cual decidirá sobre el permiso de salida de país. En caso de concederse el permiso y una vez en firme el acto administrativo, se remitirá copia del mismo al Ministerio de Relaciones Exteriores- Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. En este mismo acto administrativo se ordenará el cierre, del trámite.

2.4. Conceptos de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF

De conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, que establece el alcance de los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, cuya naturaleza es ilustrativa e indicativa, es decir, son conceptos generales que no se emiten respecto de casos particulares y no tienen carácter vinculante, así como tampoco se pueden pronunciar respecto de elementos bajo juicio en procedimientos judiciales particulares.

Tal como lo sostiene la Corte Constitucional, en su revisión de dicho artículo, mediante sentencia C- 951 de 2014,[6] dichos conceptos se entienden que tienen efectos facultativos, auxiliares o indicativos, a la vez que, en su carácter orientador, pueden ser acogidos o no por quien, ejerciendo su derecho de petición, recibe respuesta al mismo con este tipo de respuestas interpretativas de la Administración. En este sentido, la Corte Constitucional reitera su jurisprudencia[7] en torno a la aplicación general de dichos conceptos.

En adición a lo anterior, en el plano reglamentario, los numerales 4, 8 y 20 del artículo 6 del Decreto 987 de 2012, establecen la competencia de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, por lo que la facultad de atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia, se enmarca en la facultad de la Administración peticiones de las que habla el citado artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.

Por todo lo anterior, el presente concepto, como los conceptos que emite esta Oficina, siguen el criterio arriba expuesto, sin establecer elementos que se encuentran en discusión tanto en la sede de lo Contencioso Administrativo como en la de Familia.

2.5. Sobre la prestación del servicio de las Defensorías de Familia en la ciudad de Cartagena D.T y C.

Dada la naturaleza de lo planteado daremos respuesta a las preguntas No. 1, 2 y 3 sobre la prestación del servicio de las Defensorías de Familia en fa ciudad de Cartagena D.T. y C según información suministrada por la Dirección de Protección y Dirección de Gestión Humana, así:

1) ¿Los Defensores de Familia de la ciudad de Cartagena, tienen asignados una jurisdicción territorial para ejercer sus funciones o pueden hacerlo libremente en cualquier localidad territorial en que se encuentra dividida la ciudad de Cartagena?

El artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia establece como criterio determinante para definir la competencia de la Autoridad Administrativa (Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de Policía), el factor territorial. Al respecto, precisa la norma, que "Será competente fa autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente, pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional”.

Es decir, el Defensor de Familia competente es el del lugar en el cual encuentre ubicado el menor de edad al momento en que se ponga en conocimiento el caso o del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional si se encuentra fuera del país.

Ahora bien, resulta pertinente resaltar que El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- con el objeto de optimizar la prestación del servicio y atención al público, dispuso la conformación de los Centros Zonales, como unidades territoriales por medio de las cuales se "podrán atender la población, operación y supervisión de los programas de primera infancia, niñez y adolescencia, nutrición, familia y comunidad, y situaciones de emergencia de municipios, localidades, zonas, comunas o sectores o áreas de municipios pertenecientes a otro departamento, previa concertación entre los Directores de las Regionales involucradas".

Para ello, mediante Resolución No. 2859 de 2013, el ICBF determinó que el Director Regional, podrá establecer mediante Resolución el área de influencia de cada uno de los Centros Zonales de la Dirección Regional, para lo cual tendrá en cuenta el número de municipios del departamento o el número de localidades, zonas, comunas o sectores, la facilidad de acceso y desplazamiento, la oferta de servicios de los programas de primera infancia, niñez y adolescencia, nutrición, familia y comunidad, la demanda de los servicios de protección y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, las características socioculturales de los municipios, las dinámicas de ordenamiento territorial, la jurisdicción de familia y la racionalización y eficiencia en el servicio público de bienestar familiar.

Así mismo, establece el artículo 19 de la Resolución No. 2859 de 2013 del ICBF, que “el Centro Zonal es fa dependencia encargada de desarrollar dentro de su área de influencia la Coordinación del Sistema, Nacional de Bienestar Familiar, coordinar la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar y la implementación de la política de protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia, el bienestar de las familias y comunidades, y el desarrollo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes <sic>. Para ello adelantará las siguientes funciones generales:

1. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Centro Zonal dentro del marco de las normas y de los lineamientos de los niveles nacional y regional (...)”.

Ahora bien, teniendo en cuenta, que tanto el Director Regional como los Coordinadores de los Centros Zonales, cuentan con la facultad para efectuar los traslados y la rotación que considere pertinente al interior de la entidad, además de determinar la organización administrativa de la misma, corresponderá a ellos mismos definir que funcionarios asumirán el conocimiento de los procesos.

En este punto, vale recalcar que las designaciones especiales efectuadas en el centro zonal en cuanto a las funciones de los Defensores de Familia, resultan legítimas en el entendido que obedecen estrictamente a una estrategia de funcionamiento para optimizar la resolución de los casos, y evitar la congestión de los procesos. No obstante, al no tratarse de una categorización prevista por la ley, que asigne funciones específicas a cada uno de los Defensores de Familia, sino que por el contrario son funcionarios que se encuentran habilitados legalmente para ejercer cada una de dichas tareas, no podrán bajo ninguna circunstancia negarse a su ejercido, alegando falta de competencia.

En conclusión, en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. Y C., la prestación del servicio se realizará por Centros Zonales (relacionados en la respuesta a la pregunta No. 2), no obstante, todos los Defensores de Familia de la ciudad, son competentes para conocer las situaciones que se presenten en cualquier localidad territorial.

Por último, se considera importante informar que de conformidad con el artículo 2.2.4.9.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en virtud de los principios de corresponsabilidad y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando el Defensor de Familia o el Comisario de Familia conozca de casos diferentes a los de su competencia, los atenderá y remitirá a la autoridad competente, y en aquellos que ameriten medidas provisionales, de emergencia, protección o restablecimiento de derechos, las adoptará de inmediato y remitirá el expediente a más tardar el día hábil siguiente.

2) En caso de tener asignada una jurisdicción territorial, informarme el nombre de los Defensores de Familia, que ejercen en la ciudad y su jurisdicción.

Teniendo en cuenta lo expuesto en la pregunta que antecede, nos permitimos informar la distribución administrativa establecida actualmente en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C. así:

DependenciaUbicación
C.Z. De La Virgen y TurísticoPlaza Estadio 11 de Noviembre - Calle 31B con carrera 56 - 58 Barrio Olaya Herrera, Cartagena
C.Z. El Carmen de BolívarCalle 25 # 47 -17, Carmen de Bolívar
C.Z. Histórico y del Caribe NorteCalle 43 # 14 A - 34 Barrio Torices, Cartagena
C.Z. Industrial de la BahíaCalle 31 D # 69 A - 04 Manzana E Lote 35 Barrio Santa Lucía, Cartagena
C.Z. MaganguéAvenida Colombia #6-36, Magangué
C.Z. MompoxCalle 19 # 1 A -15 Barrio Centro, Mompox
C.Z. SimitíCalle del Hospital - Calle 26 # 20 - 38 Simití
C.Z. TurbacoPlan Parejo Carretera - Troncal de Occidente, Barrio Plan Parejo, Turbaco

3) La dirección carrera 21 # 6-27, barrio Manga Cartagena a que jurisdicción corresponde y a qué Defensor de Familia.

Con relación a este interrogante, es necesario indicar que el Centro Zonal más cercano a la dirección indicada, es el Centro Zonal Histórico y del Caribe Norte, ubicado en la Calle 43 # 14 A - 34 Barrió Torices, Cartagena, en donde se encuentran varios Defensores de Familia que atenderán los casos conforme la distribución administrativa interna.

3. CONCLUSIONES

Primero: La pérdida o suspensión de la patria potestad, por ser ésta una institución jurídica constitucional y legalmente irrenunciable, intransferible, imprescriptible y temporal, debe ser decretada mediante sentencia por el Juez de Familia o Juez Penal, solo cuando se configure una de las causales taxativas contempladas en la ley.

Segundo: De acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia estudiadas, están legitimados para solicitar la suspensión o privación de la patria potestad de un menor de edad, uno de los padres, la Autoridad administrativa (Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de Policía) y de oficio el Juez de Familia.

Tercero: El Defensor de Familia está facultado para otorgar el permiso de salida del país de un niño, niña o adolescente, cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, conforme a los preceptos y requisitos previstos en el artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

Cuarto: Esta Oficina Asesora Jurídica reitera que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, los conceptos que emite son de carácter general, con una naturaleza ilustrativa e indicativa, que no pueden versar sobre casos particulares o cuya materia está pendiente de definición por parte de la autoridad administrativa o jurisdiccional.

Por último, es preciso indicar que el presente concepto no es de obligatorio cumplimiento o ejecución para particulares o agentes externos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015. No obstante lo anterior, tiene carácter vinculante para las dependencias internas del Instituto y terceros que colaboren en la prestación del servicio público o en et desarrollo de la función administrativa de competencia del ICBF, en virtud de la función asignada a la Oficina Asesora Jurídica de mantener la unidad doctrinaria e impartir las directrices jurídicas necesarias para el desarrollo de las funciones del instituto, de conformidad con los numerales 4, 8 y 20 del artículo 6 del Decreto 987 de 2012.

Cordialmente,

LUZ KARIME FERNANDEZ CASTILLO

Jefe Oficina Asesora Jurídica

NOTAS AL FINAL:

1. Corte Constitucional, Sentencia C-1003/07, Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 (parcial) del artículo 315 del Código Civil, M.P: Clara Inés Vargas Hernández.

2. ARTÍCULO 22. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE FAMILIA EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos:...4. De la pérdida, suspensión y rehabilitación de la patria potestad y de la administración de los bienes de los hijos.

3. Artículos 164 y 165 del Código General del Proceso

4. Artículo 228 del Decreto Ley 19 de 2012 que adicionó el parágrafo 3o del artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.

5. Aprobado mediante Resolución No. 1526 de 23 de febrero de 2016. Modificado mediante Resolución No. 7547 de julio 29 de 2016 del ICBF

6. Corte Constitucional. Sentencia C - 951 cíe 4 de diciembre de 2014. M.P.: María Victoria Sáchica Méndez.

7. Ibíd. Sentencia C-467 de 26 de septiembre de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; C - 877 de 12 de julio de 2000. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; T - 807 de 29 de junio de 2000. M.P.: Alfredo Bertrán Sierra; y C - 542 de 24 de mayo de 2005. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Derecho del Bienestar Familiar"
ISBN [978-958-98873-3-2]
Última actualización: 31 de diciembre de 2019
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