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CONCEPTO 52 DE 2013

(abril 17)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF

10400/10401

MEMORANDO

PARA:Coordinadora Jurídica
Regional ICBF – Antioquia
ASUNTO: Consulta remitida por la Dra. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Defensora de Familia del Centro Zonal ICBF Nororiental Regional - Antioquia, mediante correo electrónico del 5 de Marzo de 2013

De manera atenta, en relación con el asunto de la referencia, en los términos previstos en los artículos 26 del Código Civil, 13 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 6o, numeral 4, del Decreto 987 de 2012, se responde la solicitud de concepto definitivo sobre el caso en cuestión, en los términos que siguen:

1. PROBLEMA JURÍDICO

¿Cuáles son los requisitos que el Defensor de Familia debe tener en cuenta para autorizar venta de inmuebles de propiedad de los niños, niñas y adolescentes de conformidad con artículo 16 de la Ley 9o de 1.989?

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO

Metodológicamente, estudiaremos 2.1 la vigencia del artículo 16 de la Ley 9 de 1989; 2.2 los requisitos que debe tener en cuenta el Defensor de Familia para la autorización de la venta de inmuebles de propiedad de los menores de edad, de conformidad con la Ley 9o de 1989.

2.1 Vigencia del artículo 16 de la Ley 9 de 1989

La Ley 388 de 1997 que modificó la Ley 9 de 1989 tiene por objeto lograr condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas de influencia en los aspectos físico, económico, social y administrativo; con ella se permite la enajenación de los mismos requerir autorización judicial, cuando se trate de motivos de utilidad pública e interés general.

Para la venta de aquellos inmuebles que son de propiedad de los menores de edad los cuales serán destinados a los planes y programas de reforma urbana, el artículo 16 de la Ley 9 de 1989 que fue de las pocas disposiciones que quedaron sin modificación con la expedición de la Lley 388 de 1997, y que en la actualidad es válidamente aplicable, dispone que:

"... los representantes legales de las personas incapaces de celebrar negocios podrán y enajenar directamente a la entidad adquirente los inmuebles de propiedad de sus representados, sin necesidad de autorización judicial ni remate en pública subasta, siempre y cuando medie el visto bueno de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de los menores y del personero municipal en el caso de los incapaces.

En el caso de las sucesiones que se liquiden ante el juez, este autorizará la venta siempre que medie el consentimiento del albacea testamentario y en su defecto, del cónyuge supèrstite que hubiere optado por gananciales, y a falta de los anteriores, de la mayoría simple de los asignatarios reconocidos dentro del proceso. Si entre los herederos y legatarios reconocidos dentro del proceso hubiere menores e incapaces, se requerirá el visto bueno de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los primeros y del personero municipal para los segundos. La entidad adquirente consignará el precio de venta en Certificados de Depósito a Término en el Banco Popular. El precio reemplazará el bien enajenado para todos los efectos sucesorales”.

Al respecto, ésta Oficina Asesora Jurídica mediante concepto jurídico del 9 de septiembre de 2012 con radicado No. 38725, indicó que la Autoridad Administrativa luego de realizar una investigación y exploración sobre los pormenores de cada caso, sí está facultada para expedir mediante un concepto la autorización de la venta con carácter excepcional a lo dispuesto por los artículos 303, 483 y 484 del Código Civil.

2.2 Requisitos que debe tener en cuenta el Defensor de Familia para la autorización: de la venta de inmuebles de propiedad de los menores de edad, de conformidad con la Ley 9o de 1989

En torno a los requisitos que debe tener en cuenta la Autoridad Administrativa para emitir el referido concepto, es preciso indicar que la ley no los señala expresamente, sin embargo, la Autoridad Administrativa en aras de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, previo a emitir el concepto deberá analizar:

- Que con la venta no se afecten los derechos fundamentales y patrimoniales de los menores de edad propietarios del bien inmueble.

- Que se garantice la satisfacción integral, de todos los derechos del menor de edad, los cuales son universales, prevalentes e interdependientes.

- Que se trate de inmuebles destinados a planes de desarrollo de vivienda de interés social, preservación de patrimonio cultural, zonas de reserva para el desarrollo de crecimiento futuro de ciudades y recursos hídricos, desarrollo de servicios públicos, etc., de conformidad con la Ley 9 de 1989 modificada por la Ley 388 de 1997.

- Que los representantes legales de los niños, niñas o adolescentes garanticen que el dinero recibido por la venta del inmueble sea destinado al bienestar de aquellos.

En ese sentido, el Defensor de Familia deberá conceptuar sobre la conveniencia o no de la venta del inmueble de propiedad de un menor de edad, de conformidad con el artículo 16 de la ley 9 de 1989, en concordancia con artículo 82, numeral 3 de la Ley 1098 de 2006 que dice “Corresponde al Defensor de Familia: (...) 3. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas", analizando todos los supuestos de hecho y de derecho.

Ahora bien, en lo que se refiere al trámite que debe seguir el Defensor de Familia, es preciso indicar que no se es necesario adelantar un proceso como tal, sino de emitir un concepto que permita despejar dudas sobre eventuales vulneraciones de derechos a los menores de edad titulares de los bienes afectados.

Respecto a los documentos que tendrá en cuenta la Autoridad Administrativa para emitir el correspondiente concepto, serán todos aquellos que considere necesarios para verificar que se trate de venta de inmuebles destinados a los planes y programas sobre bienes raíces sometidas a la Ley de Reforma Urbana; entre otros documentos, como por ejemplo el registro civil de nacimiento del niño, niña o adolescente propietario.

Así las cosas, la Autoridad Administrativa competente previo a emitir un concepto autorizando la venta del bien inmueble sometido a la Ley, de Reforma Urbana, deberá estudiar los pormenores de cada caso, y estar completamente segura que con aquella venta no se vulneran los derechos fundamentales del menor de edad.

3. CONCLUSIONES

Primero: Actualmente se encuentra vigente el artículo 16 de la Ley 9 de 1989, motivo por el cual el Defensor de Familia sí está facultado para expedir la autorización correspondiente a la venta de bienes inmuebles de propiedad de un menor de edad sometido a la Ley de Reforma Urbana.

Segundo: El Defensor de Familia deberá verificar que se tratan de inmuebles destinados a los planes y programas sobre bienes raíces a que hace referencia dicha norma (planes de desarrollo de vivienda de interés social, preservación del patrimonio cultural, zonas de reserva para el desarrollo y crecimiento futuro de ciudades y recursos hídricos, desarrollo de servicios públicos, etc.).[1]

Tercero: La Autoridad Administrativa deberá ser garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso específico en la protección de los derechos patrimoniales que les asiste motivo por el cual no debe haber asomo de duda sobre la procedencia de la venta del inmueble.

Cuarto: Para finalizar le recordamos que las solicitudes de concepto que se sometan a consideración de la Oficina Asesora Jurídica, deben cumplir los requisitos señalados en la Circular No, 002 del 19 de enero del 2012. Reiteramos nuestra disposición y colaboración con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y su contexto familiar.

La presente respuesta tiene naturaleza de concepto jurídico; constituye un criterio auxiliar de interpretación, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 del Código Civil y 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO VALDERRAMA BELTRAN

Jefe Oficina Jurídica

* * *

1. Ley 9 de 1989 en concordancia con la Ley 388 de 1997

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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Derecho del Bienestar Familiar"
ISBN [978-958-98873-3-2]
Última actualización: 31 de diciembre de 2019
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