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Según información oficial, los hechos ocurrieron en zonas como Jamundí, Cali, Palmira y Buenaventura (Valle del Cauca), así como en El Bordo, Patía, Caloto, Villa Rica, Buenos Aires, Morales, Timbiquí, Corinto, Suárez y Toribío (Cauca). Los atentados dejaron al menos siete personas fallecidas, entre ellas dos policías, dos civiles y el autor de uno de los ataques, así como varios heridos.
 
Estas acciones representan una grave amenaza para los derechos fundamentales de la niñez, especialmente en regiones donde las comunidades más vulnerables enfrentan condiciones de riesgo por el conflicto armado.
 
En respuesta a esta situación, el Bienestar Familiar ha realizado un proceso de verificación territorial en articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), las autoridades locales y los supervisores de los contratos, con el fin de salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, así como garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio.
 
Como resultado de esta verificación, se han identificado afectaciones en la prestación del servicio en algunas unidades del Bienestar Familiar. Si bien no se reportan daños materiales ni personas lesionadas dentro de nuestras infraestructuras ni entre nuestros beneficiarios, por medidas de prevención y protección a la vida, ha sido necesario suspender temporalmente el funcionamiento de varios servicios de atención a la primera infancia.
 
Las unidades con suspensión temporal del servicio son:

 

• Hogar Infantil (municipio de Buenos Aires)
• CDI Granito de Oro (municipio de Suárez)
• Jardín Comunitario Los Angelitos (municipio de Toribío)
• Unidades Pedro León y Veinte de Agosto (municipio de Corinto)
• Jardín Comunitario ( municipio de Patía, y en el corregimiento El Estrecho)

 
 
El Bienestar Familiar hace un llamado urgente a los actores armados ilegales a respetar la vida e integridad de la población civil y, en especial, a no vulnerar los derechos de la niñez colombiana.
 
Reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y continuaremos articulando esfuerzos interinstitucionales para garantizar entornos seguros y protectores en los territorios afectados.
 
 

La firma se dio en el marco de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial, donde ambas delegaciones reconocieron que los derechos de la niñez deben ser garantizados de manera prioritaria, bajo un enfoque de dignidad, corresponsabilidad y respeto por la diversidad étnica y cultural del territorio. 

El Acuerdo 11 establece acciones urgentes y coordinadas para atender las vulneraciones que enfrenta la niñez en contextos de violencia, pobreza, desescolarización y reclutamiento. Entre los principales compromisos se destacan: 
 

• Creación de una Subcomisión Técnica para la Protección de la Niñez, integrada por delegados del Gobierno, Comuneros del Sur, el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y actores territoriales, para diseñar rutas prioritarias, protocolos de intervención y planes de acción. 
• Caracterización integral de la niñez en 10 municipios priorizados, liderada por el Bienestar Familiar, con el fin de identificar necesidades, riesgos y oportunidades de protección. 
• Compromisos de Comuneros del Sur para abstenerse de cualquier conducta que ponga en riesgo a personas menores de 18 años y promover activamente sus derechos en los territorios donde tienen presencia. 

En este sentido, la subcomisión tendrá como objetivo principal establecer una hoja de ruta que garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes desde la gestación hasta los 18 años, con enfoque territorial, comunitario, étnico e interseccional. Se reconocerán los usos, costumbres y sistemas propios de pueblos indígenas, consejos comunitarios y organizaciones campesinas del departamento. 

En un plazo máximo de 90 días, la subcomisión deberá presentar un informe preliminar con hallazgos, necesidades prioritarias y primeras acciones que servirá como base para definir la implementación progresiva de las rutas de protección. 


«Estamos construyendo paz desde quienes más la necesitan: nuestras niñas, niños y adolescentes. Este acuerdo es una apuesta por restituir derechos, sanar heridas y evitar nuevas formas de violencia», expresó directora general del Bienestar, Astrid Cáceres. 

El Acuerdo 11 cuenta con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Embajada del Reino de los Países Bajos. 

«La paz empieza por la infancia. Y desde Nariño, estamos poniendo la vida, los derechos y la dignidad en el centro del camino», precisó la directora.