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Junto al Ministerio de Transporte, Prosperidad Social, la Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Uribia, Ejército Nacional y las autoridades tradicionales wayuu del territorio, se realizó un recorrido por los sitios impactados durante la masacre para evaluar su estado actual y explorar alternativas para la restitución de derechos a nivel internacional.

“Equipos conjuntos vienen recorriendo La Guajira y trabajando juntos: comunidades e institucionalidad hoy en Bahía Portete. Al final solo juntos podemos hacer la diferencia. No es articulación, es un único equipo transectorial y una historia que no estamos contando bien”, manifestó la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres al referirse a la conmemoración, haciendo énfasis al trabajo conjunto que vienen desarrollando las instituciones del gobierno en La Guajira. 

Durante el acto conmemorativo, se llevó a cabo un velorio wayuu simbólico en el cementerio de la comunidad. Este homenaje incluyó la realización de bailes tradicionales como la yonna, acompañados por el sonido de la kasha, en honor a las víctimas que perdieron la vida en la masacre.

Como parte de las actividades de conmemoración, Bienestar Familiar ondeó banderas blancas como gesto que simboliza la protección y el respeto por los espacios educativos de Paz en la región y en el que las niñas y niños levantan sus voces para decir NO MÁS guerras. 

Adicionalmente, en una jornada continua de varios días, los equipos interdisciplinarios de las unidades móviles brindaron atención psicosocial, seguimiento nutricional y focalización de la población más vulnerable junto con la entrega de alimentos para 170 familias de las comunidades Iwasai, Irraipa, Amoloshon, Walintpanture y Portete en la Alta Guajira. 

Bienestar Familiar reafirma su compromiso con la justicia, la reparación y la construcción de una paz duradera, trabajando en el proceso de restauración de derechos y memoria para las comunidades afectadas por la violencia.

Este espacio formativo promovió el conocimiento de los participantes en la implementación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y sus características pedagógicas y de mecanismos de justicia restaurativa, así como el fortalecimiento de medidas no privativas de la libertad y principio de oportunidad en la capital del departamento del Meta. 

La iniciativa aportó conceptos acerca del modelo de atención de Bienestar Familiar para la atención a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. Entre los temas tratados se resalta las prácticas y justicia restaurativa, la aplicación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la finalidad pedagógica de la sanción y simulación de audiencias de seguimiento y articulación de equipos psicosociales.

Durante la jornada se compartieron experiencias exitosas implementadas en los territorios que aportan a la vinculación social de los adolescentes y jóvenes, desde sus proyectos de vida.

Más de 60 participantes de diferentes sectores que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal hicieron parte de este encuentro que incluyó a jueces, defensores de familia, fiscales, procuradores judiciales, representantes del ente regional y operadores pedagógicos.

En el departamento se busca fortalecer la atención en las modalidades de protección como Centro de Emergencia, Intervención de Apoyo Psicosocial, Apoyo psicológico Especializado, Internado, Externado, Casa Hogar, Casa Universitaria, Hogares Sustitutos y Casa de Protección.

Para iniciar este proceso, los interesados deben tramitar la licencia de funcionamiento allegando su solicitud a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad dirigida a Jeason Ariel Cossio Ibarguen Jeason.Cossio@icbf.gov.co con copia Yolanda Betty Barrera Fuente yolanda.barrera@icbf.gov.co

A su vez, Bienestar Familiar adelanta un trabajo de diálogo participativo de articulación en encuentros con líderes y lideresas de asociaciones de base, campesinas y comunitarias, para explicar cómo ser proveedores en los programas de prevención de Bienestar Familiar.
 
De esta manera, en Santander se fortalecen los procesos para ampliar la atención garantizando los derechos de la generación para La Paz, posibilitando un mejor desarrollo de los programas ya que son las mismas comunidades en los territorios quienes se encargan de la atención.
 
(Fin hke/pup)

Con una jornada cultural se hizo un reconocimiento a más de 1.100 madres comunitarias que atienden a cerca de 9.500 niñas y niños menores de 5 años en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. 

La Vicepresidenta Francia Márquez se refirió al homenaje indicando que “Fui madre comunitaria y entiendo lo que significa disponer de la propia casa para ayudar a otras mujeres o a otras familias que puedan salir a generar recursos mientras alguien cuida a sus hijos. Es hora de cuidar a quienes por años han dedicado su vida a cuidar a miles de niñas y niños en este país”.  

En este mismo acto, se hizo entrega del subsidio pensional a 13 madres que aún no recibían el apoyo económico, que corresponde al 95% del salario mínimo legal vigente, llegando así a 89 beneficiarias en Buenaventura y a 5,381 a nivel nacional. Además, se realizaron varios anuncios en materia de atención integral a la niñez y adolescencia, donde la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, destacó la labor de las madres comunitarias indicando que “aquí están las mujeres poderosas que nos han enseñado que la lucha se tiene que dar ¿Quiénes son realmente los evaluadores de nuestra calidad? Las niñas y niños. Esa interacción, el abrazo y la manera respetuosa como los miramos lo es todo”. 

En este mismo sentido, la directora del ICBF destacó que la implementación de la estrategia intersectorial Atrapasueños atenderá a más de 900 niñas, niños y adolescentes en el Distrito de Buenaventura y más de 16.300 en el departamento del Valle del Cauca. Así mismo, la puesta en marcha del programa Familias y Comunidades beneficiará alrededor de 400 familias en este Distrito, a través de sus diferentes modalidades y un total de 3.000 en el departamento. 

Finalmente, las altas funcionarias anunciaron que se va a realizar la dotación de tres Centro Desarrollo Infantil para la atención a la primera infancia de la ciudad portuaria. 

El evento contó con presentaciones artísticas y una olla comunitaria para honrar la labor de las madres que dedican su tiempo, cuidado y amor a la atención de la primera infancia en este territorio.

Además, expuso las principales acciones que ha puesto marcha Bienestar Familiar para luchar contra ese delito, para que se tuvieran como referencia en las mesas de trabajo. “Lo primero que se debe establecer es cómo atacarlo y resaltó la importancia que se debe dar a la labor concertada entre las autoridades civiles de los tres países y las tradicionales de los pueblos indígenas de la Amazonía”.

En segundo lugar, dijo la funcionaria, es necesario determinar cómo prevenir y lograr herramientas para que las familias, las niñas y niños identifiquen este delito y no se naturalice. Y el tercer escenario debe ser la restitución de derechos integrales para que los menores de edad afectados retomen sus proyectos de vida.

De otra parte, informó que Bienestar Familiar gestiona en el departamento del Amazonas unos talleres denominados 'Voces', para escuchar las alertas que prenden los niños, niñas y adolescentes  cuando aparece el delito de la trata.

Los compromisos de la reactivación de la Mesa de la Triple Frontera Amazónica Contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual son:

- Prevenir con mayor impacto la ocurrencia de estas vulneraciones a los derechos humanos.

- Brindar a las víctimas una atención oportuna, integral y desde los enfoques diferencial (étnico, curso de vida, género, entre otros) intersectorial y centrado en el trauma y en la víctima.

- Reforzar las acciones de investigación, persecución y judicialización del delito en la región.

Para lograr la reactivacion de la Mesa estuvieron trabajando representantes de las  22  comunidades indígenas de la frontera y entidades como Bienestar Familiar, Cancillería, Ministerio del Interior, Gobernación del Amazonas, Alcaldía de Leticia, gobiernos de Perú, Brasil, Estados Unidos, Fundación Renacer, entre otros.

(Fin/dgp/pu)