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Durante la jornada que se adelanta en los municipios de Aguazul, Paz de Ariporo y Yopal, el departamento de Casanare, se realizaron talleres y actividades pedagógicas en las que los jóvenes y adolescentes evidenciaron las problemáticas más sentidas, destacándose la empleabilidad, educación, vivienda y participación juvenil en sus municipios.
 
“Es fundamental recalcar que este proceso es el resultado de los compromisos pactados durante la vigencia 2021, en donde se implementó la estrategia Hablar lo Cura, con la cual impactamos a 320 adolescentes y jóvenes a través de 8 talleres enfocados en la promoción de hábitos para la salud mental”, indicó el director regional del ICBF en Casanare, Josué David Parales.
 
Además, dijo, los adolescentes y jóvenes han sido participativos e inclusivos con las necesidades de una política nacional que garantice sus derechos desde ámbitos laborales, sociales y de participación ciudadana.
 
Cabe resaltar que el ICBF viene implementando acciones de fortalecimiento del proyecto de vida de los adolescentes y jóvenes en el departamento de Casanare, como resultado de las mesas de diálogo efectuadas en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes.
 

El encuentro permitió que los países participantes fortalecieran sus competencias e intercambiaran prácticas efectivas frente a la gestión de casos de trata de personas y modelos de intervención encaminados a mejorar la atención de la población víctima de esta forma de violencia.
 
“La trata es un delito que vulnera la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes. Con el aumento de la migración es vital que trabajemos de forma articulada con otros países para hacer frente a esta forma de violencia que afecta a la niñez migrante alrededor del mundo”, afirmó la Directora de Protección del ICBF, Nathalia Romero.
 
Entre 2018 y 2022, 73 niñas, niños y adolescentes han ingresado a modalidades de restablecimiento de derechos del ICBF por trata de personas con fines de explotación sexual, trabajo, servidumbre o mendicidad ajena.
 
“Desde el ICBF seguiremos trabajando para brindar una atención integral de calidad y oportuna a los menores de edad víctimas de trata. Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen y desmantelen estas redes criminales que atentan contra la dignidad de las niñas, niños y adolescentes”, recalcó la funcionaria.
 
El evento, que se llevó a cabo en Perú, reunió a representantes de instituciones encargadas de atender a población migrante de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Bolivia, así como de la OIM, ACNUR, ONU Mujeres, UNODC y la OEA.
 
 
 

Desde la apertura de los procesos a la fecha, los niños y niñas han recibido atención terapéutica especializada según lo establecido en los lineamientos del ICBF y las familias han tenido acompañamiento psicosocial, a través de los equipos técnicos interdisciplinarios de las Defensorías de Familia a cargo de los procesos. La totalidad de los niños y niñas se encuentran en su medio familiar donde se ha identificado garantía de sus derechos. 

Teniendo en cuenta la particularidad de los casos, los avances y acciones tendientes a garantizar el efectivo restablecimiento de derechos de los niños y niñas, la Autoridad Administrativa determina el momento en que los procesos pueden ser cerrados, siempre y cuando se de cumplimiento a los objetivos propuestos en cada caso y se garanticen los entornos protectores para un adecuado desarrollo integral de niñas y niños.

El evento virtual se realizó a través de la Mesa Técnica de Discapacidad del ICBF y contó con una participación de más de 1100 referentes del Sistema, liderado por el ICBF, y se articuló con la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad y el Ministerio del Interior, con el fin de responder preguntas orientadoras relacionadas a la política pública de discapacidad e inclusión social.
 
En este primer ejercicio se enfatizó en el Eje 3 de dicha política, el cual tiene que ver con la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública, se analizó el trasfondo de la participación incidente de la población con discapacidad, cuando se interrumpe el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, de sus familias y cuidadores.