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Consejo de Estado - Conflictos de Competencias

Contiene autos y sentencias expedidos por la entidad seleccionada, organizados por orden cronológico.

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2021

Solución de Conflictos de Competencia, expediente 11001-03-06-000-2021-00042-00(C)_20210629 de 2021

Atribuciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias que se presenten entre las autoridades administrativas de familia. "[E]l parágrafo 3 del artículo 3 [de la Ley 1878 de 2018]…, guarda armonía con el propósito de la [citada ley] de agilizar y reducir los tiempos de los procedimientos, tanto para proteger a los niños, cuando sus derechos han sido vulnerados o amenazados, como para definir su derecho fundamental a tener una familia... Por consiguiente, como hay norma especial para conocer de los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades administrativas de familia en la etapa inicial del PARD, la Sala debe remitir los que le sean presentados al juez de familia que corresponda (cuando hay autoridad judicial con jurisdicción en el mismo territorio de las dos autoridades administrativas), en el entendido de que esta autoridad operará con celeridad, dentro del espíritu de la Ley 1878 de 2018. Situaciones distintas se presentan cuando: i) el conflicto involucra a un juez de familia que actúa en remplazo de la autoridad administrativa, que ha perdido competencia por incumplimiento de los términos del PARD, o ii) las autoridades administrativas inmersas en el conflicto de competencias no se encuentran en la circunscripción territorial del mismo juez de familia. Estas hipótesis no están previstas, a juicio de la Sala, ni en el Código General del Proceso ni en el Código de la Infancia y la Adolescencia, por lo que, en caso de presentarse, quedarían sometidas a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la cual establece las reglas del procedimiento administrativo general que, por mandato de su artículo 2, inciso final, deben ser aplicadas ante la inexistencia de procedimientos especiales. Por lo tanto, los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas que se encuentren por fuera de la jurisdicción territorial de un mismo juez de familia, o entre una autoridad administrativa y un juez de familia, que actúe en reemplazo de una autoridad administrativa, en relación con las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán conocidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil, con sujeción al trámite establecido en el artículo 39 del CPACA"

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Solución de Conflictos de Competencia, expediente 11001-03-06-000-2021-00009-00(C)_20210520 de 2021

El vencimiento del término legal para el trámite del PARD conlleva la pérdida de competencia de la autoridad que lo venía conociendo, no obstante haber inaplicado el referido término en virtud de la excepción de inconstitucionalidad. "[A] la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1878 [de 2018], el proceso administrativo de restablecimiento de derechos contaba con fallo de vulneración de derechos. Por lo anterior, según la regla especial de tránsito de legislación contenida en el artículo 13 [ibidem], el seguimiento de las medidas transitorias adoptadas se sujetaría, en principio, a las reglas introducidas por el artículo 6 ibidem. [… U]no de los propósitos principales que motivaron […] la [expedición de la] Ley 1878 de 2018, […] fue la necesidad de fijar términos ciertos, claros, determinados y, en lo posible, cortos, para los procesos de restablecimiento de derechos, especialmente en la etapa de seguimiento, con el fin de garantizar de manera más eficaz el interés superior y los derechos prevalentes de los niños. De esta forma, […] independientemente de que el defensor de familia del Centro Zonal Usme haya optado por utilizar el mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad para ampliar o suspender los términos del PARD, y mantener su competencia, con el fin de proteger los derechos de la niña, los efectos relativos e inter partes de esta figura impiden que dicha decisión pueda considerarse obligatoria o vinculante para las demás autoridades administrativas o judiciales que, posteriormente, deban revisar las actuaciones del defensor de familia, o adoptar otras decisiones en el curso del procedimiento administrativo, inclusive, para resolver los conflictos de competencia que puedan presentarse en desarrollo de aquel. En ese sentido, dados los citados efectos de la excepción, debe concluirse que las normas legales que señalan los plazos del PARD y establecen, como consecuencia de su vencimiento, la pérdida de competencia, continúan vigentes en el ordenamiento jurídico, y siguen siendo obligatorias para todas las autoridades y los particulares. […] Entonces, la Sala […] declarará competente […] al Juzgado 31 de Familia de Bogotá para resolver de fondo y en forma definitiva la situación jurídica de la niña M.L.G., y para dar por terminado, en consecuencia, el respectivo proceso administrativo de restablecimiento de derechos […]"

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2019

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Solución de Conflictos de Competencia, expediente 11001-03-06-000-2019-00139-00(C) de 2019

Fase de seguimiento de las medidas transitorias. Cuando en un proceso de restablecimiento de derechos un niño, niña o adolescente es declarado en situación de vulneración de derechos, se le impone una medida de restablecimiento que va seguida de una fase de seguimiento. En esta fase se vigila que la medida restablezca y proteja los derechos del niño, niña o adolescente de forma efectiva o si es necesario cambiarla, de ahí que el carácter de la medida sea transitorio, como lo estipuló el artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia. La norma impuso un término perentorio de 6 meses, excepcionalmente prorrogable por 6 meses más, para adelantar el seguimiento, el cual deberá finalizar con la definición de fondo de la situación jurídica del niño, niña o adolescente determinando si procede el cierre del proceso, el reintegro al medio familiar o la declaratoria de adoptabilidad. La función de seguimiento de las medidas transitorias está a cargo de los defensores de familia, comisarios de familia, inspectores de policía o jueces de familia, según el caso, con la colaboración de los coordinadores de los centros zonales del ICBF. Estos deberán, en forma coordinada y armónica, evaluar la eficacia de tales medidas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y establecer cuál de las opciones enunciadas en la norma debe ser la medida de restablecimiento definitiva (reintegro al medio familiar o la declaratoria de adoptabilidad)

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Solución de Conflictos de Competencia, expediente 11001-03-06-000-2019-00062-00(C) de 2019

Límite temporal que determina la competencia de los jueces de familia para dirimir los conflictos presentados en los trámites de restablecimiento de derechos. Si bien la Ley 1878 de 2018 no estableció una norma precisa relativa a su vigencia, por lo que, en principio, resultaría aplicable la regla general del artículo 52 de la Ley 4, el intérprete no puede pasar por alto que el artículo 13 de la Ley 1878 si le da un efecto útil, en el sentido de que la expresión "a partir de la expedición" de esa ley debe entenderse como el inicio de su vigencia, esto es, que el Legislador fijó la fecha de su promulgación como el día en que debía "principiar a regir" (art. 53, Ley 4 de 1913), necesariamente deberá concluirse que si la Ley 1878 fue publicada en el Diario Oficial 50.471 del 9 de enero de 2018, esta comenzó a regir en esa fecha y, por lo mismo, desde ese momento comienza a regular las situaciones por ella previstas, en lo que se conoce como efecto general inmediato de la ley. Así las cosas, a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos que se inicien a partir del 9 de enero de 2018, se les aplicará en su integridad la Ley 1878 de 2018, incluida la regla especial de definición de los conflictos de competencia asignada en esos nuevos procesos al juez de familia (art. 3 par. 3, Ley 1878). La Ley 1878 de 2018 asignó a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos de competencia que puedan presentarse para conocer, adelantar o decidir un procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos

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2017

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Solución de Conflictos de Competencia, expediente 11001-03-06-000-2017-00121-00(C) de 2017

Defensorías de Familia. Naturaleza multidisciplinaria. Los artículos 79, 81 y 82 de la Ley 1098 de 2006 asignaron a las Defensorías de Familia, configuradas como grupo interdisciplinario, una responsabilidad principal y genérica de prevención, protección, garantía y restablecimiento de los derechos. La normativa transcrita establece una cláusula general de competencia, cuya titularidad ejerce el defensor de familia con su grupo interdisciplinario, que conforman las defensorías de familia, como autoridades expertas en procurar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevenir su vulneración y lograr su restablecimiento. Las defensorías han sido instituidas específicamente para hacer efectiva la protección especial constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando se encuentran en situaciones de violación o seria amenaza. Por regla general, los defensores de familia son las autoridades administrativas competentes para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y asegurar su restablecimiento. Los defensores de familia están obligados a prestar acompañamiento y asistencia complementaria a las otras autoridades, a partir de su competencia principal y general, así como de los principios de colaboración y concurrencia, interés superior, protección integral y prevalencia de los derechos de los niños (artículos 44, 113 y 209 de la C. Política, y 7, 8, 9 y 10 de la Ley 1098 de 2006)

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2013

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Solución de Conflictos de Competencia, expediente 11001-03-06-000-2013-00413-00(C) de 2013

¿A quién le corresponde la competencia para velar y restablecer los derechos de un menor de edad que además de ser el posible agresor de otro menor también es la víctima de violencia intrafamiliar? - Le corresponde a la Comisaría de Familia, pues independientemente de la autoría que le pueda corresponder al adolescente en el abuso sexual sufrido por su hermana menor, es deber de la Comisaría de Familia proteger a los dos menores de edad y restablecer sus derechos conculcados con la situación de violencia intrafamiliar descrita. Lo indicado se entiende sin perjuicio de que las medidas de protección y restablecimiento de los derechos que se adopten para los menores de edad involucrados en este asunto deban consultar la situación particular de cada uno de ellos, así como su edad, su género y sus demás características individuales, para que tales medidas resulten específicas, adecuadas y no impliquen la vulneración o desprotección de los derechos de uno de los menores en favor del otro. Esta solución obedece, por una parte, al mandato contenido en los artículos 6 y 9 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que ordenan aplicar siempre la norma que resulte más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente, y por otra parte, a lo previsto en el artículo 12 ibídem, que exige tener siempre una perspectiva de género en la aplicación de las disposiciones de dicho código, lo cual implica reconocer "las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social"

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Solución de Conflictos de Competencia, expediente 11001-03-06-000-2013-00195-00(C) de 2013

¿Cuál es la autoridad encargada de reestablecer los derechos de menor víctima de violencia intrafamiliar, el Defensor o el Comisario de Familia? ¿incide en esta decisión que el agresor haya abandonado el hogar y la relación familiar con la menor? Teniendo en cuenta que el elemento diferenciador es precisamente la violencia intrafamiliar, el ente competente es la Comisaría de Familia. El alejamiento del presunto agresor, luego de haber protagonizado los hechos de violencia intrafamiliar que afectaron los derechos de la niña, no releva de competencia a la Comisaría de Familia, puesto que la competencia ha sido determinada por la ley en consideración a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce la vulneración de los derechos, frente a las cuales todo acontecimiento posterior carece de relevancia

Derecho del Bienestar Familiar

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