CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

_{Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas}

_{Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)}

_{Número único: 11001-03-06-000-2023-00220-00.}

_{Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.}

_{Partes: Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal Fusagasugá (Regional Cundinamarca) y Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca)}

_{Asunto: Autoridad competente para resolver presuntas nulidades advertidas en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) iniciado en favor de una menor de edad y resolver de fondo su}

_{situación jurídica, Pérdida de competencia de la autoridad administrativa}

_{por vencimiento de términos. Reiteración.}

_{La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral}

_{10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificado por los artículos 2° y 19 respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.}

_{I. ANTECEDENTES}

_{Con base en la información que obra en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:}

_{1. Mediante oficio del 26 de marzo de 2018¹, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional informó a la Comisaría de Familia de Fusagasugá (Cundinamarca) un «presunto caso de maltrato infantil y violencia intrafamiliar» del cual fue víctima la niña S.N.R.G.².}

_{¹ Folio 13 del pdf 4 del expediente digital.}

_{² Por tratarse de una niña, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares.}

_{2. Por medio de Auto de apertura del 26 de marzo de 2018³, la Comisaría Segunda de Familia de Fusagasugá (Cundinamarca) ordenó abrir proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la niña S.N.R.G., y dispuso lo siguiente:}

_[…]

_{11. Adoptar como medida provisional de restablecimiento a favor del niño (a) S.N.G.G. (sic) la(s) consagrada(s) en el Artículo 53 numeral 3 del Código de la}

_{Infancia y la Adolescencia.}

_{12. Ubicar temporalmente en Hogar sustituto, según lo dispuesto por el ICBF, dado que no se encontró familia extensa.}

_{13. Remitir las presentes diligencias al ICBF para lo de su competencia.}

_[…]

_{En virtud de lo anterior, el 27 de marzo de 2018⁴, la Comisaría Segunda de Familia de Fusagasugá (Cundinamarca) remitió el proceso de verificación de derechos de la niña S.N.R.G., a la coordinadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca).}

_{3. El 26⁵ de marzo de 2018⁶, la defensora de familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) decretó la siguiente medida en favor de la niña S.N.R.G.:}

_[…].

_{Medida provisional de ubicación, en medio familiar en la modalidad de hogar sustituto tutor bajo el cuidado de la señora o señor: H.E.G.M.}

_[…].

_{4. Mediante Auto del 16 de abril de 2018⁷, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) avocó conocimiento dentro del PARD adelantado en favor de la niña S.N.R.G.}

_{5. Por medio de Auto del 26 de junio de 2018⁸, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) trasladó el PARD de la niña S.N.R.G., a la Defensoría de Familia de CAIVAS⁹ del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) de la misma regional, por encontrar que la menor de edad fue «víctima de actos sexuales».}

_{³ Folios 21 y 22 del pdf 4, del expediente digital.}

_{⁴ Folio19 y 20 del pdf 4, del expediente digital.}

_{⁵ Fecha que reposa dentro del documento digital.}

_{⁶ Folio 17 del pdf 4, del expediente digital.}

_{⁷ Folio 48 del pdf 4, del expediente digital.}

_{⁸ Folio 108 del pdf 1, del expediente digital.}

_{⁹ «Centro de Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual.»}

_{6. El 26 de junio de 2018¹⁰, la Defensoría de Familia de CAIVAS del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) avocó conocimiento dentro del proceso que se adelanta en favor de la niña S.N.R.G.}

_{7. Mediante informe del 24 de septiembre de 2018¹¹, el área de pisicología de la Defensoría de Familia de CAIVAS del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) sugirió que «a la niña S.N.R.G. se le MODIFIQUE la MEDIDA DE PROTECCIÓN DEL ICBF modalidad INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN a DECLARACIÓN EN SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD […]».}

_{8. Por medio de Audiencia de Práctica de Pruebas y Fallo del 25 de septiembre de}

_{2018¹², la Defensoría de Familia de CAIVAS del Centro Zonal de Fusagasugá}

_{(Regional Cundinamarca) resolvió:}

_{PRIMERO. Declarar vulnerados los Derechos de la niña S.N.R.G. […] SEGUNDO. Declarar en situación de Adoptabilidad de (sic) la niña S.N.R.G. […] […].}

_{SEXTO. Ratificar como medida de protección provisional a favor de la niña}

_{S.N.R.G., la establecida en el artículo 59 Ubicación en Hogar Sustituto; hasta tanto se asigne y entregue a los pretensos adoptantes.}

_[…].

_{9. El 9 de noviembre de 2018¹³, la Defensoría de Familia de CAIVAS del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) trasladó a la niña S.N.R.G. al hogar sustituto de la señora M.T.R.R.}

_{10. El 29 de julio de 2019, la Defensoría de Familia de CAIVAS del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca), por medio de auto¹⁴, dispuso trasladar el PARD a la defensora de familia del Centro Zonal de Fusagasugá de la misma regional, así:}

_{Ordenar el traslado de la presente historia o diligencias de la niña S.N.R.G., a la Dra. S.A.I., quien de acuerdo a las intrucciones dadas por la coordinadora asumirá junto con el equipo de protección la presente petición y/o Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.}

_{11. Mediante Auto del 31 de julio de 2019¹⁵, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) avocó conocimiento dentro del PARD adelantado en favor de la niña S.N.R.G.}

_{¹⁰ Folio 109 del pdf 4, del expediente digital.}

_{¹¹ Folio 1 del pdf 5, del expediente digital.}

_{¹² Folios 19 al 36 del pdf 5, del expediente digital.}

_{¹³ Folio 65 del pdf 5, del expediente digital.}

_{¹⁴ Folio 111 del pdf 5, del expediente digital.}

_{¹⁵ Folio 112 del pdf 5, del expediente digital.}

_{Fusagasugá (Regional Cundinamarca) remitió el PARD adelantado en favor de la niña S.N.R.G. al Comité de Adopciones del ICBF (Regional Cundinamarca), para lo de su competencia.}

_{13. El 27 de enero de 2020¹⁷, el Comité de Adopciones del ICBF (Regional Cundinamarca) devolvió el PARD adelantado en favor de la niña S.N.R.G., a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca), bajo los siguientes argumentos:}

_{[…] que se remita ante el Juez de Familia de su Jurisdicción y se ponga de presente […], que se identifican aparentes yerros en el trámite de (sic) restablecimiento de Derechos […].}

_[…].

_{14. Por medio de Auto del 18 de febrero de 2020¹⁸, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) remitió el PARD adelantado en favor de la niña S.N.R.G., «al Juzgado de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) para lo pertinente.»}

_{15. El 24 de junio de 2020¹⁹, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) dispuso devolver las diligencias al lugar de origen, por evidenciar que la causal invocada por la autoridad administrativa, esto es}

_{«presuntos yerros procesales», no esta regulada en la Ley 1098 de 2006.}

_{16. El 18 de junio de 2021²⁰, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) remitió nuevamente el PARD adelantado en favor de la niña S.N.R.G., al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) para que conociera de la existencia de los presuntos yerros que se evidenciaron dentro del respectivo proceso.}

_{17. Mediante decisión del 21 de julio de 2021²¹, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) resolvió devolver las diligencias a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca), bajo los siguientes argumentos:}

_{[…] el juez de familia resuelva de fondo la situación jurídica del NNA, más no para que sea éste el que determine si ya se le venció el término al Defensor de Familia, pues  lo  que  le  faculta  ha  dicho  funcionario  para  remitir  el  expediente,  es}

_{¹⁶ Folio 130 del pdf 5, del expediente digital.}

_{¹⁷ Folios 1 y 2 del pdf 6, del expediente digital.}

_{¹⁸ Folio 4 del pdf 6, del expediente digital.}

_{¹⁹ Folio 34 del pdf 6, del expediente digital.}

_{²⁰ Folio 94 del pdf 6, del expediente digital.}

_{²¹ Folio 103 y 104 del pdf 6, del expediente digital.}

_{ha perdido la competencia.}

_[…].

_{18. Por medio de oficio del 28 de abril de 2023²², la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) y la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca).}

_{II. ACTUACIÓN PROCESAL}

_{En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso tercero, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó un edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco (5) días, con el fin de que aquellos presentaran sus alegatos o consideraciones²³.}

_{Los informes secretariales que obran en el expediente dan cuenta del cumplimiento del trámite ordenado en el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011²⁴.}

_{Obra constancia de que se informó sobre el presente conflicto a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca), al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), a la Secretaría del Comité de Adopciones del ICBF, a la Comisaría Segunda de Familia de Fusagasugá (Cundinamarca)}, _{al Centro de Reclusión de Mujeres de Bogotá}, _{al señor J.A.R.L. y a la señora L.Y.G.G. padres de la niña S.N.R.G.²⁵.}

_{Obra también informe secretarial del 28 de junio de 2023, en el sentido que se comunicó a las autoridades involucradas y particulares interesados para que presentaran sus alegatos y consideraciones, a través de correo electrónico.}

_{Dentro del término de la fijación del edicto, las autoridades involucradas y los particulares o personas interesadas no allegaron alegatos ni consideraciones²⁶.}

_{²² Pdf 3 del expediente digital.}

_{²³ Pdf 13 del expediente digital.}

_{²⁴ Pdf 14 del expediente digital.}

_{²⁵ Pdf 15 del expediente digital.}

_{²⁶ Pdf 16 del expediente digital.}

_{III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES}

_{1. De la Defensoría de Familia del ICBF del Centro Zonal de Fusagasugá}

_{(Regional Cundinamarca)}

_{La Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) no se pronunció dentro del término de traslado para presentar alegatos, en consecuencia, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Oficio del 28 de abril de 2023²⁷, en el cual, manifestó que la autoridad competente para declarar la nulidad o no de lo actuado dentro del PARD adelantado en favor de la niña S.N.R.G., es el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca).}

_{Lo anterior, por evidenciar unos presuntos yerros dentro del trámite del PARD, y, por haberse configurado la pérdida de competencia por parte de esta Defensoría de Familia. Así lo manifestó:}

_{[…] todas las actuaciones que se adelantaron durante el Proceso Administrativo de Restablecimiento de derechos se debieron notificar a los representantes legales y las personas que tenían la custodia y cuidado personal de la niña MS.N.R.G. (sic) […], para el presente caso se debió realizar notificación a la tía quien ostentaba la custodia y a la abuela que había estado a cargo de la niña; por lo que el proceso no contó con las notificaciones que establece el código de Infancia y la Adolescencia.}

_[…].

_{Se evidencia que el fallo por medio del cual se declara en situación de adoptabilidad es de fecha 25 de septiembre de 2018 y la fecha de conocimiento de la primera autoridad administrativa fue el 26 de marzo de 2018, lo que implica que la ejecutoria no está dentro de los seis meses que indica la ley […].}

_{2.   Del   Juzgado   Promiscuo   de   Familia   del   Circuito   de   Fusagasugá}

_{(Cundinamarca)}

_{El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) no presentó alegatos, en consecuencia, se tendrán en cuenta los argumentos del Auto del 24 de junio de 2020²⁸, donde manifestó que:}

_{[…] se evidencia que la causal en virtud de la cual son remitidas las diligencias a este Despacho, es la existencia de presuntos yerros procesales, misma que no se encuentra contemplada en la Ley 1098 de 2006 para ser remitida a este estrado judicial,  siendo  que,  nuestra  competencia  se  enmarca  solamente  en  avocar}

_{²⁷ Pdf 3, del expediente digital.}

_{²⁸ Folio 34 del pdf 6, del expediente digital.}

_{conocimiento de los procesos de Restablecimientos de Derechos en virtud de homologación […].}

_{IV. CONSIDERACIONES}

_{1.       Competencia}

_{1.1.    Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal}

_{El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos²⁹. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia^30.}.

_{La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. Asimismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.}

_{Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).}

_{En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.}

_{Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos}

_{²⁹ Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010.}

_{³⁰  La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).}

_{y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.}

_{A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.}

_? La Ley 1878 de 2018_{³¹  introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:}

_{El artículo 1 modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.}

_{La  modificación  señala  que  la  verificación  de  los  derechos  debe  hacerse}

_{«inmediatamente» y, excepcionalmente, fija un plazo máximo de 10 días para la verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.}

_{El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual, los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.}

_{El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.}

_? La Ley 1955 de 2019_{³² modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, destaca la Sala:}

_{³¹ Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».}

_{³² Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-}

_{2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de}

_2019.

_{El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de}

_{18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».}

_{El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.}

_{El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera, pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.}

_{El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.}

_{El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:}

_{i)        la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878);}

_{ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3º y 4º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y}

_{iii)       el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art.}

_{6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.}

_{1.2.   Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas}

_{1.2.1  Competencia de la Sala}

_{La Ley 1878 de 2018³³ fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional³⁴.}

_{El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.}

_{En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:}

_{a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de}

_{Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;}

_{b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);}

_{c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y}

_{d) La competencia de la Sala en el caso concreto.}

_{a. Competencia  general  de  la  Sala  de  Consulta  y  Servicio  Civil  en  los conflictos de competencias administrativas}

_{La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso}

_{Administrativo que en su  título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo}

_{³³ Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».}

_{³⁴ Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.}

_{General», y en su capítulo I, de las «reglas generales»³⁵  prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:}

_{Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.}

_{De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.}

_{[…]. (Resalta la Sala)}

_{En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:}

_{10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.}

_{Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo}

_{112, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:}

_{i)       Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;}

_{ii)      Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular;}

_{³⁵ Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.}

_{iii)       Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.}

_{Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 son de conocimiento de la Sala.}

_{b.       La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la}

_{Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)}

_{Dispone la norma en cita:}

_{Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:}

_[…].

_{16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.}

_{[…] (Subraya la Sala).}

_{De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el competente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el factor territorial.}

_{Al analizar esa disposición, la Sala concluyó que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y}

_{151, numeral 3º, del CPACA.}

_{Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implicó la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluyó que la Sala y los jueces de familia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se ha ejercido de manera continua.}

_{c. El alcance del artículo 3º (parágrafo 3º) de la Ley 1878 de 2018 frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que}

_{se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la}

_{Infancia y la Adolescencia}

_{La Ley 1878 de 2018 modificó el libro primero del Código de la Infancia y la Adolescencia. Para establecer la incidencia de tales modificaciones en la función de dirimir los conflictos de competencia administrativa, asignada a la Sala de Consulta, se analizará:}

_{i) el trámite a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificados por la Ley 1878 de 2018), y}

_{ii) los trámites de seguimiento y modificación de las medidas de restablecimiento, de que trata el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, también modificado por la Ley}

_{1878 de 2018, artículo 6, y más adelante, por el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019.}

_{Trámites a los que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de}

_{2006, modificados por la Ley 1878 de 2018}

_{El artículo 3º de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 para precisar aspectos atinentes al auto de apertura y a su contenido, y le adicionó tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme al cual:}

_[…].

_{Parágrafo 3°. En caso de conflicto de competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.}

_{El juez de familia tendrá un término de quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala conducta.}

_{En caso de declararse falta de competencia respecto de quien venía conociendo a prevención, lo actuado conservará plena validez, incluso la resolución que decida el fondo del proceso.}

_{En su tenor literal, el parágrafo transcrito parte de la existencia de un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas que están llamadas a conocer de los procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos, a partir de que les sea puesto en conocimiento la presunta vulneración o amenaza de los derechos de un niño, niña o adolescente, esto es, los defensores de familia, los comisarios de familia y los inspectores de policía (concordante con el artículo 21, numeral 16, del CGP, ya analizado).}

_{Asimismo, el parágrafo 3º transcrito guarda armonía con el propósito de la Ley 1878 de agilizar y reducir los tiempos de los procedimientos, tanto para proteger a los niños, niñas y adolescentes, cuando sus derechos han sido amenazados o vulnerados, como para definir su derecho fundamental a tener una familia.}

_{En efecto, asignar al juez de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en la etapa inicial³⁶ del PARD permite que se defina una de las garantías del debido proceso, esto es, la autoridad legalmente habilitada para conocer y decidir una determinada actuación (con la intervención de un juez que ejerce su jurisdicción en el territorio de las autoridades administrativas), a la vez que propicia la aproximación material y formal al motivo del conflicto, y una pronta solución del mismo.}

_{Reitera la Sala que la Ley 1878, en el parágrafo 3º del artículo 3º, al igual que el Código General del Proceso, consagran la intervención del juez de familia en los conflictos de competencias que surjan en el PARD, cuando el conflicto se suscita entre las autoridades administrativas previstas en el Código de la Infancia y la Adolescencia³⁷.}

_{Por consiguiente, como respecto de los conflictos que se presenten entre tales autoridades en la etapa inicial del PARD, hay norma especial³⁸, los jueces de familia que tengan jurisdicción, desde el punto de vista territorial³⁹, son los competentes para resolverlos, en el entendido de que dichos funcionarios judiciales operarán con celeridad, dentro del referido espíritu de la Ley 1878 de 2018.}

_{Ahora bien, cuando la autoridad administrativa incumple los términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el Código de la Infancia y la Adolescencia⁴⁰ dispone, como efecto, la pérdida de competencia y el deber de trasladar el proceso al juez de familia, para que este, actuando en remplazo de la autoridad administrativa⁴¹, defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente.}

_{³⁶  El artículo 99 del Código de la Infancia y la Adolescencia regula la «iniciación de la actuación administrativa», cuyo trámite se consagra, de forma inicial, en este artículo y se continúa desarrollando en el artículo 100 de la misma normativa, por lo que debe entenderse que el parágrafo}

_{3° del artículo 3º de la Ley 1878 cobija a ambos artículos.}

_{³⁷ Téngase presente que el Código General del Proceso también incluye los asuntos de familia que conocen los notarios, pero estos no son autoridades de familia en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Cfr. Arts. 79 a 98 de la Ley 1098 de 2006.}

_{³⁸ El procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos es una actuación administrativa regulada en ley especial - Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006 - y, por consiguiente, las normas del procedimiento administrativo general estatuido en el CPACA se aplican para suplir sus vacíos. Confrontar con el artículo 2º de la Ley 1437 de 2011.}

_{³⁹ Regla de competencia territorial. Ver artículo 97 de la Ley 1098 de 2006.}

_{⁴⁰ Ley 1098 de 2006, con las modificaciones de la Ley 1878 de 2018, artículos 100 y 103.}

_{⁴¹  En concordancia, el numeral 4º del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia le atribuye al juez de familia la competencia en única instancia para «resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia». A su vez, el}

_{La Sala ha reiterado que, en estos casos, la naturaleza de la función asignada al juez es administrativa y no judicial⁴², y que, tal como lo ordenaba el artículo 99 original de la Ley 1098 de 2006, el juez debía informar a la Procuraduría General de la Nación, «para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar». A lo cual ha de agregarse que, con la Ley 1878, parágrafo 4º del artículo 4º, el incumplimiento de los términos quedó calificado como falta gravísima⁴³.}

_{Pues bien, cuando un juez de familia debe remplazar a una de las autoridades administrativas mencionadas (defensores o comisarios de familia, o inspectores de policía), ante la pérdida de competencia en la que esta haya incurrido, por vencimiento de los términos con los que contaba para tramitar y concluir el PARD, dicho juez puede entrar en conflicto de competencias administrativas con la correspondiente autoridad administrativa.}

_{Esta precisa hipótesis no está contemplada expresamente en el Código General del Proceso ni en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Surge, entonces, se trata de una situación cuya regulación queda comprendida por la Ley 1437 de 2011 (CPACA), porque dicho código es el que contiene las reglas del procedimiento administrativo general (de las que forma parte el artículo 39) que, por mandato de su artículo 2º, inciso final, deben aplicarse cuando no existan procedimientos especiales, o estos presenten vacíos⁴⁴.}

_{Por lo tanto, los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces de familia, o los que cumplan sus funciones, en aquellos municipios en donde no exista esa categoría de jueces, y las autoridades administrativas, dentro del marco de los procedimientos administrativos reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán conocidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con sujeción al trámite establecido en el artículo 39 del CPACA.}

_{Los trámites de seguimiento y modificación de medidas de protección de que trata el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley}

_{1878 de 2018, artículo 6, y por la Ley 1955 de 2019, artículo 208.}

_{artículo 120 del mismo Código otorga competencia al juez civil o promiscuo municipal para conocer de los asuntos «que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este».}

_{⁴² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020160000600 del}

_{10 de octubre de 2016. Reiterada en la radicación 11001030600020190013000 del 12 de noviembre de 2019, entre otras.}

_{⁴³ L.1878/18, artículo 4º, modificatorio del artículo 99 de la Ley 1098/06, parágrafo 4º: «El incumplimiento de los términos para la tramitación y decisión del proceso administrativo de restablecimiento de derechos por parte de las autoridades administrativas y judiciales será causal de falta gravísima».}

_{⁴⁴ Artículo 2º, inciso final: «Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código».}

_{Con relación al seguimiento de las medidas de protección que se imponen en favor de los niños, niñas y adolescentes, la Sala debe hacer las siguientes observaciones:}

_{El artículo 96 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que no fue modificado por la Ley 1878 de 2018, dispone: «El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar».}

_{Por su parte, el artículo 103 del citado código, tal como fue modificado por el artículo}

_{6 de la Ley 1878 de 2018 y, luego, por el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019, dispone:}

_{Artículo 103. Carácter transitorio de las medidas de restablecimiento de derechos y de la declaratoria de vulneración. La autoridad administrativa que tenga la competencia del proceso podrá modificar las medidas de restablecimiento de derechos previstas en este Código cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se proferirá en audiencia y estará sometida a los mecanismos de oposición establecidos para el fallo en el artículo 100 del presente Código, cuando la modificación se genere con posterioridad a dicha actuación.}

_{El auto que fije fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos.}

_{Cuando el cambio de medida se produzca antes de la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto motivado, notificado por estado, el cual no es susceptible de recurso alguno.}

_{En los procesos donde se declare en situación de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la autoridad administrativa deberá hacer seguimiento por un término que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual determinará si procede el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.}

_{En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el término de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial. La prórroga deberá notificarse por Estado (sic).}

_{El proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento tendrá una duración de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso por haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida idónea.}

_{Cuando la autoridad administrativa supere los términos establecidos en este artículo sin resolver de fondo la situación jurídica o cuando excedió el término inicial de seguimiento sin emitir la prórroga, perderá competencia de manera inmediata y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situación jurídica en un término no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional hará la remisión al Juez de Familia.}

_{Con el fin de garantizar una atención con enfoque diferencial, en los casos en que se advierta que un proceso no puede ser definido de fondo en el término máximo establecido, por las situaciones fácticas y probatorias que reposan en el expediente, el ICBF reglamentará un mecanismo para analizar el proceso y darle el aval a la autoridad administrativa para la ampliación del término.}

_{Cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en los cuales se hubiere superado la vulneración de derechos, transitoriamente se continuará con la prestación del servicio de la modalidad de protección cuando se requiera, hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la prestación del servicio de acuerdo con sus competencias legales.}

_{En los casos en que se otorgue el aval, la autoridad administrativa emitirá una resolución motivada decretando la ampliación del término y relacionando el acervo documental que soporta esta decisión. (Subrayas añadidas).}

_{Esta norma introduce tres cambios importantes al Código de la Infancia y la Adolescencia, en lo relativo al seguimiento de las medidas de protección o restablecimiento:}

_{1. Dispone que la actividad de seguimiento debe concluir con una decisión que resuelva, de manera definitiva y de fondo, la situación jurídica del niño, niña o adolescente, para lo cual ofrece tres opciones:}

_{a- decretar «el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos»;}

_{b-  ordenar «el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos», o}

_{c- «la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos».}

_{Debe tenerse presente, en todo caso, que la declaratoria de adoptabilidad, por mandato del artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, solo puede ser hecha por el defensor de familia y, con base en el mismo artículo 98, en reiterado criterio de la Sala⁴⁵, tal declaratoria también corresponde al juez de familia, cuando sustituya a la autoridad administrativa, por haber operado la pérdida de competencia.}

_{2. Preceptúa que el trámite de seguimiento, hasta la determinación de alguna de las medidas anteriores, debe ser realizada en un plazo de seis meses, prorrogables por otros seis. No obstante, el inciso 8º de la norma citada, adicionado por la Ley 1955 de 2019 (artículo 208), establece la posibilidad de que, en algunos casos, previa reglamentación y otorgamiento del aval por parte del ICBF, el término indicado se amplíe.}

_{Con base en dicha norma, el ICBF expidió la Resolución núm. 11199 del 2 de diciembre de 2019⁴⁶, que reglamentó el mecanismo para solicitar y otorgar el aval para la ampliación del término de seguimiento, dentro de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos en los que sea necesario, siempre y cuando se cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:}

_{1. El proceso no puede estar incurso en ninguna de las causales de pérdida de competencia contempladas en la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018. Es decir:}

_{1.1. El proceso debe contar con fallo en declaratoria de vulneración de derechos proferido dentro de los seis meses siguientes al conocimiento de la autoridad administrativa de la presunta amenaza o vulneración de los derechos del menor de edad […].}

_{1.2. El proceso debe contar con la resolución motivada de la prórroga de seguimiento, proferida antes del vencimiento del término de seguimiento inicial […]. Es decir, la solicitud deberá hacerse dentro de los 6 meses del término de la prórroga de seguimiento y antes de que se venza dicho periodo […].}

_{2. El auto de apertura del PARD debe haber sido notificado a las personas que de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo}

_{3 de la Ley 1878 de 2018, tienen que ser citadas para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer.}

_{⁴⁵ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020160000600 del}

_{10 de octubre de 2016. Reiterada en estas decisiones: 11001030600020170016700 del 12 de diciembre de 2017 y 11001030600020190001600 del 27 de marzo de 2019, entre otras.}

_{⁴⁶ «Por la cual se reglamenta el mecanismo para dar el aval de ampliación del término de seguimiento de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD)».}

_[…].

_{4. Debe evidenciarse que el PARD contó con las notificaciones consagradas en el Código de la Infancia y la Adolescencia para las diferentes etapas.}

_{5. El proceso no puede estar incurso en ninguna causal de nulidad […] ⁴⁷.}

_{3. Le asigna la función de seguimiento a la «autoridad administrativa» que tenga la competencia para conocer del respectivo proceso de restablecimiento de derechos, es decir, al defensor de familia, al comisario de familia o al inspector de policía, según el caso, o bien al juez de familia, cuando actúe en remplazo de cualquiera de las autoridades mencionadas, que haya perdido la competencia.}

_{La comparación de los artículos 96 y 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia permite llegar a la conclusión de que la función de seguimiento está a cargo de los defensores de familia, comisarios de familia, inspectores de policía o jueces de familia, según el caso, con la colaboración de los coordinadores de los centros zonales del ICBF. En ejercicio de dicha función, les corresponde:}

_{i)  Evaluar la eficacia de tales medidas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y}

_{ii) con base en lo anterior, establecer cuáles de las medidas enunciadas deben ser modificadas, revocadas, sustituidas o ratificadas como medidas de restablecimiento definitivas, según el caso.}

_{Todas las autoridades mencionadas tienen el deber de colaborar activa y positivamente en el desarrollo de esta importante tarea, en cumplimiento de los principios de colaboración y coordinación, previstos en los artículos 113 y 209 de la}

_{⁴⁷ «Artículo 1º. Reglamentación del mecanismo. Reglaméntese el mecanismo para dar el aval de ampliación del término de seguimiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019, con el fin de decidir sobre el otorgamiento o no del respectivo aval, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos para ello en la presente resolución.}

_{Artículo 2°. Objetivo del mecanismo. Analizar los Procesos Administrativos de Restablecimiento de}

_{Derechos que sean puestos a consideración del Director Regional o de la Dirección de Protección, según sea el caso, para determinar la pertinencia de otorgar a la autoridad administrativa, el aval para la ampliación del término de seguimiento, cuando se advierta que de acuerdo con las situaciones fácticas y probatorias que reposan en el expediente, no es posible definir de fondo el proceso en el término máximo establecido en la Ley 1098 de 2006, a pesar de haber cumplido con cada una de las etapas procesales.}

_{Parágrafo primero. Este mecanismo no constituye una instancia del Proceso Administrativo de}

_{Restablecimiento de Derechos, y no es una etapa procesal para subsanar yerros o actuaciones que no se realizaron durante los 18 meses de duración del proceso, por lo cual no podrán presentarse ante el Director Regional, procesos en los que se configure pérdida de competencia o cualquier causal de nulidad». (Subrayas añadidas).}

_{Constitución Política, 6º de la Ley 489 de 1998⁴⁸  y 3º del CPACA (Ley 1437 de}

_2011).

_{En concordancia, el inciso segundo del artículo 11 del Decreto Reglamentario 4840 de 2007⁴⁹, subrogado por el artículo 2.2.4.9.2.5 del Decreto 1069 de 2015⁵⁰, contempla que es obligación de todas las autoridades mencionadas hacer el seguimiento y evaluación de las medidas transitorias de protección en favor de los niños, niñas y adolescentes.}

_{Advierte la Sala que, así como la Ley 1878 de 2018 reforzó la concurrencia de las autoridades de familia y del coordinador del centro zonal del ICBF en el trámite del seguimiento, y estableció formalidades y términos para su desarrollo, no contempló una disposición especial en materia de conflictos de competencias. En consecuencia, en presencia de dichos conflictos, la Sala mantiene su competencia para dirimirlos, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011.}

_{En el marco legal descrito, la Sala pasa a analizar su competencia en el presente caso, y con base en ello fundamentará la decisión sobre el presunto conflicto de competencias administrativas.}

_{d. La competencia de la Sala en el caso concreto}

_{Con base en la regla especial de tránsito del artículo 13 de la Ley 1878 de 2018, modificatoria de la Ley 1098 de 2006, y que fue analizada anteriormente, el seguimiento de las medidas transitorias adoptadas se sujetará a las reglas introducidas por el artículo 6° de la citada ley.}

_{Así las cosas, como la Ley 1878 de 2018 no se refirió a eventuales conflictos de competencias administrativas en esta fase, la Sala tiene la competencia para dirimir este conflicto de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011.}

_{Por consiguiente, sobre los requisitos definidos por el artículo 39 de la Ley 1437 de}

_{2011 (CPACA), se advierte:}

_{Como se evidencia en los antecedentes, el presente conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), a través de la Defensoría de Familia del ICBF del Centro}

_{⁴⁸ «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».}

_{⁴⁹ «Por el cual se reglamentan los artículos 52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96, 98, 99, 100, 105, 111 y 205 de la Ley 1098 de 2006».}

_{⁵⁰ «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho».}

_{Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca), y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), autoridad pública nacional territorialmente desconcentrada⁵¹ e integrante de la Jurisdicción Ordinaria de la Rama Judicial del Poder Público, conforme lo establece la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996).}

_{Las dos autoridades en conflicto negaron tener la competencia para continuar con el asunto de la referencia.}

_{Por otro lado, el asunto discutido es particular, concreto y de naturaleza administrativa, porque se trata de resolver las presuntas nulidades originadas dentro del PARD de la niña S.N.R.G. y definir de fondo su situación jurídica.}

_{Además, la Sala tiene la competencia a prevención en asuntos de familia, según la interpretación de los lineamientos del numeral 16 del artículo 21 del CGP.}

_{En consecuencia, corresponde conocer a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado porque están reunidos los requisitos que configuran la competencia general de que trata el artículo 39 del CPACA sobre la definición de conflictos de competencia.}

_{2.     Términos legales}

_{El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»⁵².}

_{En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.}

_{El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.}

_{⁵¹  La administración de justicia es una función pública nacional que, por la necesidad de hacer presencia en todo el territorio, se ejerce de manera desconcentrada.}

_{⁵² La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria}

_{1755 de 2015.}

_{Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.}

_{3.     Aclaración previa}

_{El artículo 39 del CPACA, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.}

_{Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.}

_{Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.}

_{4.     Síntesis del conflicto y problema jurídico}

_{4.1. Síntesis del conflicto}

_{La Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) siguiendo instrucciones del Comité de Adopciones del ICBF de la misma regional, remitió el PARD, adelantado en favor de la niña S.N.R.G. al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), con el fin de que se pronunciara sobre los presuntos yerros que se evidenciaron dentro del trámite del PARD. Por su parte, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) decidió no conocer del PARD, y devolvió el expediente a la Defensoría de Familia para que continuara con el trámite correspondiente.}

_{Por lo anterior, la Defensoría de Familia interpuso ante esta Sala conflicto negativo de competencias administrativas entre esta autoridad y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), por considerar que quien debe pronunciarse sobre las presuntas nulidades dentro del PARD adelantado en favor de la niña S.N.R.G., es el Juzgado en mención.}

_{4.2. Problema Jurídico}

_{De conformidad con los antecedentes que reposan en el expediente, la Sala debe determinar cuál autoridad, la Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) o el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), tiene la competencia para resolver las posibles nulidades advertidas dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, tramitado en favor de la niña S.N.R.G.}

_{Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará:}

_{i) La subsanación de yerros procesales en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y las competencias del juez de familia por pérdida de competencia de las autoridades administrativas; Reiteración.}

_{(el numeral ii se fue por error, por eso dentro del análisis de la normativa no se desarrolla)}

_{ii) El caso concreto.}

_{5.  Análisis de la normativa aplicable}

_{5.1. Subsanación de yerros procesales que se presenten en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y sus efectos. Reiteración⁵³}

_{Como se ha reiterado en la Sala, los parágrafos 2º y 5º del artículo 4º de la Ley 1878 de 2018 (que modificaron el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006), establecen los términos y las autoridades que deben conocer de las eventuales nulidades que se puedan presentar en el trámite de un PARD, así:}

_{Artículo 4o. El artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, quedará así:}

_{Artículo 100. Trámite. […].}

_{En todo caso, la definición de la situación jurídica deberá resolverse declarando en vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial.}

_{⁵³ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020210017000 del}

_{23  de  febrero  de  2022,  Consejo  de  Estado,  Sala  de  Consulta  y  Servicio  Civil,  radicación}

_{11001030600020210016100 del 13 de diciembre de 2021, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020190008000 del 27 de agosto de 2019, reiterada en decisión de fecha 12 de noviembre de 2019, con número de radicación 11001030600020190010100.}

_[…].

_{Parágrafo  2. La  subsanación  de  los  yerros  que  se  produzcan  en  el  trámite administrativo, podrán hacerse mediante auto que decrete la nulidad de la actuación específica, siempre y cuando se evidencien antes del vencimiento del término para definir la situación jurídica; en caso de haberse superado este término, la autoridad administrativa competente no podrá subsanar la actuación y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su revisión, quien determinará si hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situación jurídica del niño, niña y adolescente conforme los términos establecidos en esta ley e informará a la Procuraduría General de la Nación.}

_[…]

_{Parágrafo 5. Son causales de nulidad del proceso de restablecimiento de derechos las contempladas en el Código General del Proceso, las cuales deberán ser decretadas mediante auto motivado, susceptible de recurso de reposición, siempre y cuando se evidencien antes del vencimiento del término de seis (6) meses señalado  anteriormente.   En  caso  de  haberse  superado  este  término,  la autoridad administrativa deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que asuma la competencia. (Subraya y resalta la Sala).}

_{De la anterior norma se concluye que, el factor determinante para establecer la competencia para la declaratoria de la nulidad es el momento procesal en el que se evidencie el yerro (es decir, se observe o se detecte), así:}

Autoridad administrativa	Juez
Es  competente  si  se  evidencia  antes  del vencimiento del término para definir la situación   jurídica   de   los   niños,   niñas   o adolescentes (6 meses)54	Es competente si se evidencia con posterioridad  al  vencimiento  del término para definir la situación jurídica de los niños, niñas o adolescentes (6 meses).

En relación con este punto, la Sala ha señalado:

El parágrafo 2º es imperativo en remitir la competencia al juez de familia para subsanar los yerros procesales, cuando se han vencido los seis meses para definir la situación jurídica de los menores de edad, lo que limita en el tiempo la facultad de la autoridad administrativa para decidir sobre las nulidades que se presenten dentro de la respectiva actuación.

En otros términos,  la consecuencia jurídica de detectar una eventual nulidad

_{después de los 6 meses del plazo para resolver la situación jurídica de los menores}

_{⁵⁴ Artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por la Ley 1878 de 2018): «[…]En todo caso, la definición de la situación jurídica deberá resolverse declarando en vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial».}

_{dentro de un procedimiento de restablecimiento de derechos, es por un lado la pérdida de la competencia de la autoridad administrativa y, por otro, la activación de la competencia del juez para: (i) revisar la nulidad y determinar si hay lugar a decretarla y (ii) resolver de fondo la situación jurídica del niño, niña y adolescente.}

_{En el mismo sentido, el parágrafo 5º de la citada ley reafirma que si la nulidad se evidencia después del término de los 6 meses, la autoridad administrativa deberá remitir al juez el expediente para que este la decida.}

_{Al respecto, la Sala resalta que la norma no se refiere a si dentro del PARD se decidió o no la situación jurídica de los menores, sino al momento en que se evidencia la nulidad, siendo esta última circunstancia la que determina la autoridad competente para resolverla.}

_{En efecto, la Sala observa que la intención del legislador no fue otra que atribuir a los jueces, de manera excepcional, cuando se vence el término de los 6 meses previstos en la norma analizada, la facultad para subsanar los yerros en que pudieron incurrir las autoridades administrativas durante el respectivo procedimiento administrativo.}

_{Esta atribución, como se ha dicho, es una excepción al reparto general de competencias que hace la Constitución y la Ley, toda vez que, se le ha facultado a la autoridad judicial el cumplimiento de una función administrativa, que debe cumplir de manera supletoria, con el fin de culminar el procedimiento y adoptar las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar (Resalta la Sala)⁵⁵.}

_{Según lo dicho por la Sala, es importante poner de presente que el término para definir la situación jurídica de fondo de la niña dentro de un PARD es independiente del término para subsanar una posible nulidad presentada dentro del trámite.}

_{En este sentido, la norma es clara en establecer que, siempre que se evidencie la nulidad dentro del término que tiene la autoridad administrativa para definir la situación jurídica, esta deberá ser resuelta por dicha autoridad y, por el contrario, cuando se evidencie después de transcurridos los 6 meses otorgados por el artículo}

_{100 de la Ley 1096 de 2006 (modificado por el artículo 4º de la Ley 1878 de 2018), la autoridad administrativa ya no tendrá competencia para estudiarla y le corresponderá al juez resolverla, «quien determinará si hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situación jurídica del niño, niña y adolescente conforme los términos establecidos en esta ley».}

_{Al respecto, la Sala ha reiterado:}

_{⁵⁵ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020170016600 de}

_{6 de marzo de 2018.}

_{Como se explicó antes, los parágrafos comentados parten de dos hipótesis claramente diferenciadas: i) que la nulidad se evidencie dentro del término que tiene la autoridad administrativa para dictar el fallo de que trata el artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia (definición de la situación jurídica), ya sea que haya dictado el fallo o no, y  ii) que la nulidad se haga patente después de vencido dicho plazo.}

_{En el primer caso, la competencia para declarar la nulidad, corregir los errores detectados y decidir de fondo la situación jurídica del menor de edad es de la autoridad administrativa.}

_{En el segundo caso, la competencia para adoptar y realizar estas mismas decisiones y actuaciones es del juez de familia. No es posible, entonces, que el juez sea competente para declarar la nulidad, pero no para corregir el procedimiento, ni para dictar el fallo, pues esa especie de «competencia compartida» no está prevista en la ley, en relación con los procesos administrativos de restablecimientos de derechos⁵⁶.}

_{Por todo lo expuesto, mal podría entenderse que la intención de la norma es que las autoridades administrativas mantengan su competencia en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, aún después de vencido el plazo para fallar establecido en la ley, pues, de lo dispuesto en los parágrafos 2º y 5º, se advierte que el expediente debe remitirse al juez de familia, para que este decida si los yerros procesales detectados después del vencimiento del término señalado generan la nulidad del proceso administrativo  y, de ser así, el mismo juez defina la situación jurídica del menor de edad.}

_{La Sala lo ha explicado de la siguiente manera⁵⁷:}

_{De acuerdo con lo expuesto, si bien el problema jurídico solo versó sobre la nulidad por falta de notificación, de las normas analizadas⁵⁸  se desprende que la competencia del juez también abarca resolver la situación jurídica de los niños, siempre que se declare la nulidad}.

_{⁵⁶  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020200017800, reiterada   en   decisión   de   fecha   9   de   marzo   de   2021,   con   número   de   radicación}

_{11001030600020210000300.}

_{⁵⁷ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020190008000 del}

_{27 de agosto de 2019. La Sala advierte que, si bien en el conflicto citado se trata de un problema jurídico distinto al que se debate en el presente asunto, considera importante destacar lo mencionado en esa decisión, toda vez que se refiere a la interpretación de los parágrafos 2 y 5 de la Ley 1098 de}

_{2006, en cuanto a la competencia del juez.}

_{⁵⁸ Artículo 100, parágrafos 2 y 5 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por el artículo 4º de la Ley 1878 de 2018).}

_{La anterior interpretación se ajusta a la finalidad de la Ley 1878 de 2018⁵⁹, que introdujo modificaciones para disminuir los términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y fijó límites temporales al mismo, con el fin de restaurar oportunamente los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. No puede perderse de vista que los cambios legales procuran mayor celeridad y oportunidad en las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas, atendiendo los mandatos constitucionales de interés superior de los menores de edad y la prevalencia de sus derechos⁶⁰, limitando el tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en situación de vulneración de derechos, y garantizándole el derecho a tener una familia⁶¹.}

_{Así, la intención del legislador fue realizar un cambio estructural en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, para beneficiar a muchos menores de edad cuyos derechos se encuentran vulnerados o amenazados, con el fin de que obtengan una definición de fondo de su situación jurídica en un tiempo máximo de 18 meses⁶².}

_{Es decir, en el evento que el juez declare la nulidad, la ley le impone el deber de definir de fondo la situación jurídica del menor de edad, atendiendo el propósito del Legislador de lograr la efectiva y oportuna protección de los niños, niñas y adolescentes y el restablecimiento efectivo de sus derechos.}

_{Por tal motivo, el juez no podría contar nuevamente con los plazos previstos en el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 6° de la Ley 1878 de}

_{2018, y el procedimiento se entenderá estar en el estado que precede en forma inmediata a la toma de decisión de fondo, sin perjuicio que para efectos de tal decisión haya de adelantarse, la o las actuaciones administrativas necesarias correspondientes.}

_{⁵⁹ En la presentación y radicación del Proyecto de Ley 225 – Senado, que culminó con la Ley 1878 de 2018, se dijo que el propósito de ese proyecto era superar vacíos jurídicos y definir legalmente medidas que permitieran lograr, de manera efectiva, el restablecimiento material de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Gaceta del Congreso 211 del 4 de abril de 2017).}

_{⁶⁰  Cfr. Informe de ponencia segundo debate Proyecto de Ley 225 de 2017- Senado. Gaceta del}

_{Congreso n.° 453 del 8 de junio de 2017.}

_{⁶¹ Tal como se expresó en las ponencias del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley}

_{1878 de 2018, «se busca agilizar y descongestionar el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, para que de manera más eficiente, se logre definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al ICBF por vulneraciones o amenazas de derechos, lo que conllevaría, a que la autoridad administrativa determine en un tiempo máximo de 18 meses, incluyendo la medida de protección, si el niño finalmente será reintegrado a su familia o si por el contrario es declarado en estado de adoptabilidad, para así restablecer y garantizar el derecho a tener una familia⁶¹». (Se subraya).}

_{⁶² Ibídem.}

_{6. Caso concreto}

_{Estudiados los documentos que obran en el caso objeto de análisis, la Sala resalta los siguientes hechos:}

Actuación	Fecha
Conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos de la niña.	26 de marzo de 2018
Auto de Apertura del PARD por parte de la Comisaría Segunda de Familia de Fusagasugá.	26 de marzo de 2018
Ubicación de la niña en hogar sustituto de la señora H.E.G.M.	26 de marzo de 2018
La Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasuá (Regional Cundinamarca) avoca conocimiento del PARD.	16 de abril de 2018
Remisión del PARD a la Defensoría de Familia de CAIVAS del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca).	26 de junio de 2018
La Defensoría de Familia de CAIVAS del Centro Zonal de Fusagasuá (Regional Cundinamarca) avoca conocimiento del PARD.	26 de junio de 2018
Declaración en vulveración de derechos y declaratoria de adoptabilidad de la menor de edad, por parte de la Defensoría de Familia de CAIVAS del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca).	25 de septiembre de 2018
Cambio de hogar sustituto en favor de la menor de edad, al de la señora M.T.R.R.	9 de noviembre de 2018
Remisión del PARD a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca).	29 de julio de 2019
La Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) avoca conocimiento del PARD.	31 de julio de 2019
Remisión del PARD al Comité de Adopciones del ICBF (Regional Cundinamarca) por parte de la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca).	29 de octubre de 2019
Devolución del PARD y advertencia de unos presuntos yerros, por parte del Comité de Adopciones del ICBF (Regional Cundinamarca) a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca).	27 de enero de 2020
Remisión del PARD al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca).	18 de febrero de 2020
Auto mediante el cual el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) no avocó el conocimeinto del PARD y devolvió el expediente a la Defensoría de Familia.	24 de junio de 2020
Remisión del PARD al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), por parte de la Defensoría de Familia.	18 de junio de 2021
Devolución del PARD por parte del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca) a la defensora de Familia.	21 de julio de 2021
La Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) remite el PARD a la Sala de Consulta para dirirmir conflicto de competencias administrativas.	28 de abril de 2023

La Sala encuentra que, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca) advirtió de las presuntas nulidades que se presentaron dentro del trámite del PARD el 27 de enero de 2020, esto es con posterioridad al vencimiento del plazo de los 6 meses iniciales del PARD de la niña S.N.R.G.

Tal como se analizó anteriormente, los parágrafos 2º y 5º del artículo 4º de la Ley

1878 de 2018 le otorgan competencia, en primera instancia, a las autoridades administrativas para subsanar los yerros que se presenten en el trámite de un PARD, siempre y cuando se evidencien antes del vencimiento del término de 6 meses que les otorga la ley para definir la situación jurídica de los menores de edad (artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4º de la Ley 1878 de 2018).

Una vez vencido este plazo, dispone la norma, la autoridad administrativa no podrá subsanar las irregularidades, y deberá remitir el expediente al juez de familia, para su revisión, quien determinará si debe decretar o no la nulidad. En caso de decretarla, la ley es clara al señalar que, el juez, deberá resolver de fondo la situación jurídica, para lo cual debe sanear o corregir previamente los errores que hayan generado la nulidad. Se trata, por lo tanto, de dos deberes impuestos por la ley a los jueces de familia (o a los jueces civil municipal o promiscuo municipal en los lugares donde no haya jueces de familia⁶³), cuando la autoridad administrativa pierde la competencia, que pueden interpretarse de forma excluyente.

El presente caso se enmarca en el primer supuesto analizado, esto es, que la autoridad administrativa no podrá subsanar las irregularidades presentadas dentro del PARD, por lo cual deberá remitir el expediente al juez de familia para que, a partir de su revisión, determine si decreta o no la nulidad, puesto que, para el 27 de enero de 2020 (fecha en la que el comité de adopciones advirtió las presuntas nulidades), ya habían transcurrido los seis (6) meses iniciales del PARD.

Por tal motivo, le corresponde al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), pronunciarse sobre los presuntos yerros procesales del PARD y, en caso de considerar que existen nulidades, definir de fondo la situación jurídica de la niña S.N.R.G.

En todo caso, si el juez considera que no existen nulidades, lo que procede es que el Comité de Adopciones continúe con el trámite pertinente, toda vez que la situación jurídica de la niña S.N.R.G. fue resuelta de forma definitiva, con el Auto del 25 de septiembre de 2018, mediante el cual declaró en adoptabilidad a la menor de edad.

7. Exhortos

En todo tipo de situaciones administrativas y judiciales debe privilegiarse el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, de conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política y en la Ley 1098 de 2006.

⁶³ Artículo 120 de la Ley 1098 de 2006.

Por consiguiente, la Sala procederá a exhortar al juez Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), para que, en cumplimiento de la competencia asignada en esta decisión y de sus deberes legales, actúe de manera urgente y diligente con el fin de asegurar la pronta y efectiva protección de los derechos de la niña S.N.R.G., y para que observe, en el desarrollo de sus funciones, la obligación de actuar de manera célere y prioritaria garantizando los derechos superiores de la infancia, sin dilaciones ni obstaculizaciones.

Por las mismas razones, se exhorta a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, para que, conforme con las competencias establecidas en el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, considere efectuar el acompañamiento y vigilancia para este asunto.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR competente al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), para que se pronuncie sobre las presuntas nulidades advertidas por el Comité de Adopciones del ICBF (Regional Cundinamarca) y en caso de decretar las nulidades, definir de fondo la situación jurídica de la niña S.N.R.G., dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se adelanta en su favor.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), para los fines indicados en el numeral anterior.

TERCERO: EXHORTAR al juez Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), para que dé celeridad al proceso y decida en el menor tiempo posible la situación jurídica de la niña S.N.R.G.

CUARTO: EXHORTAR a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, para que, conforme con las competencias establecidas en el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2022, considere efectuar el acompañamiento y vigilancia para este asunto.

QUINTO: COMUNICAR la presente decisión a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Fusagasugá (Regional Cundinamarca), al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), a la Secretaría del Comité de Adopciones del ICBF, a la Comisaría Segunda de Familia de Fusagasugá, al Centro de Reclusión de Mujeres de Bogotá, al señor J.A.R.L. y a la señora L.Y.G.G. en calidad de padres de la niña S.N.R.G.

SEXTO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno, como lo dispone expresamente el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 1437 de

2011 (CPACA).

SÉPTIMO: Los términos legales a que esté sujeta la actuación administrativa en referencia se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se comunique la presente decisión.

La presente decisión se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS

Presidente de la Sala Consejero de Estado

MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA                            ANA MARÍA CHARRY GAITÁN

Consejera de Estado Consejera de Estado

REINA CAROLINA SOLÓRZANO HERNÁNDEZ

Secretaria de la Sala

CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominado SAMAI, con el fin de garantizar su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021.