Inicio
 
Imprimir

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado Ponente

STC442-2019

Radicación n° 11001-02-03-000-2018-03777-00

(Aprobado en sesión del veintitrés de enero de dos mil diecinueve)

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Carlos Eduardo Angarita Angarita contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Juzgado Segundo de Familia de Envigado, trámite al cual fue vinculada Beatriz Elena Bolívar Orrego, demandada en el verbal nº 2017-00530.

ANTECEDENTES

1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas, al resolver el litigio antes referido imponiéndole una carga alimenticia que en su criterio no se ajusta a la ley.

2. En síntesis, expuso que tras haberse declarado la separación de bienes de la sociedad conyugal que conformaba con Beatriz Elena Bolívar Orrego, según sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Familia de Envigado el 15 de noviembre de 2016, con fundamento en «la causal 8 del Artículo 154 del C.C.», impetró demanda de cesación de los efectos civiles por divorcio, la cual admitió el despacho en mención el 16 de octubre de 2017.

Indicó que al contestar el libelo, la demandada «se adhiere» a la pretensión «por la causal invocada», y por tanto «no pidió ninguna declaración, ni condena (…), ni mucho menos se realizó demanda de reconvención con causal subjetiva donde se pretendiera la condena como cónyuge culpable»; no obstante, al decretar el divorcio con fallo del 27 de julio de 2018, el juzgado le impuso el pago de alimentos a favor de la ex cónyuge al atribuirle «culpabilidad en la ruptura de la unidad matrimonial».

Dijo que apeló la anterior decisión al considerar que con dicha condena de alimentos, el a-quo «desborda sus facultades», pues la causal invocada y probada fue la «objetiva» consistente en «la separación de cuerpos judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años”», e igualmente, «sin haber sido solicitada por ninguna de las partes, y sin declaratoria de cónyuge culpable, violándose el principio de congruencia y el debido proceso», acotando que la obligación alimentaria «nace en virtud de la ley que la impone a favor de personas que por sus condiciones de marginalidad o debilidad manifiesta, no pueden suplirse por sí mismas su sustento», siendo el artículo 411 del Código Civil el que determina las personas a las que se le deben alimentos.

Adujo también que si en gracia de discusión «operase una de las causales subjetivas» las cuales «no se invocaron» advirtió que «las mismas se encuentran caducadas», habida cuenta lo dispuesto en la sentencia C-985 de 2010, donde «redujo los términos para demandar las causales primera y séptima, declarando inexequible el término de dos años establecido en el artículo 156 del C.C. que había sido modificado por la ley 25 de 1992 en su artículo 10».

Precisó que el tribunal desatendió la anterior argumentación, pues con providencia del 11 de septiembre de 2018 confirmó la decisión de primer grado y con ello ratificó la incursión en defectos fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente, ya que la imposición de alimentos no se fundó  «en una posible estado de necesidad para su beneficiaria (…), y se probó que la señora BEATRIZ ELENA BOLÍVAR ORREGO se dedica a la profesión de comerciante» y «que tiene ahorros»; que la sanción tiene lugar cuando se demuestra una causal subjetiva que admita culpabilidad, y por no ceñirse al «alcance» de la sentencia C-985 de 2010.

3. Pretende que se proceda a «revocar» o «declarar la nulidad» de «la condena de primera y de segunda instancia» atinente a los alimentos fijados a cargo del accionante (fls. 1 a 14).

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El magistrado del tribunal que actuó como ponente de la decisión cuestionada dijo que la misma «se apoya en parámetros que conforme a derecho, garantizaron el proceso debido (artículo 29 superior), en sus núcleos básicos de contradicción y defensa, que le asisten a las partes dentro del proceso» (f. 34).  

2. El Personero Municipal de Envigado adujo que no ha sido citado al pleito que originó la salvaguarda y por ello pidió su desvinculación (f. 40).   

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico.  

Corresponde a la Corte establecer si dentro del pleito nº 2017-00530, la corporación convocada vulneró las prerrogativas fundamentales del demandante por haber confirmado la imposición de cuota alimentaria a favor de su ex cónyuge, al establecer «culpabilidad en la ruptura de la unidad matrimonial», pese a que la causal por él invocada fue de carácter objetivo y la demandada no propuso demanda de reconvención que conllevara tal pretensión, o si por el contrario, tal decisión denota razonabilidad que impida la intervención del auxilio implorado.

Lo anterior, porque si bien el reproche también fue dirigido contra «la sentencia Nº 161, proferida por la Juez Segunda de Familia de Envigado», el análisis se circunscribirá a la resolución que desató el recurso de apelación, por corresponder a la que definió el asunto que en esta sede se pretende debatir, pues conforme a lo sostenido por esta Corporación, «es inane detenerse» en el estudio de la decisión inicial, comoquiera que ésta «al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoración sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada» (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras en STC14487-2018, 7 nov. 2018, rad. 03275-00).

2. De la tutela contra providencias judiciales.    

En línea de principio la jurisprudencia de esta Sala ha dicho que la tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder caprichoso o arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico y/o prevenir el perjuicio.

3. Caso concreto

Realizado el análisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional, de la información que arrojan las piezas procesales allegadas, se establece que habrá de negarse el resguardo deprecado, comoquiera que la determinación adoptada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, no configura defecto específico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, en tanto obedece a un criterio jurídicamente razonable.

3.1. En efecto, la Sala advierte que el resguardo no prosperará, en tanto la decisión del tribunal lejos de ser arbitraria, se ajusta a una adecuada y razonada hermenéutica del contexto procesal y de los medios probatorios allegados al plenario, armonizada con la normativa pertinente y la jurisprudencia aplicable a la temática bajo estudio.

Ciertamente, para que la colegiatura accionada, mediante sentencia dictada el 11 de septiembre de 2018 confirmara la fijación de cuota alimentaria a cargo del acá querellante y a favor de su ex consorte Beatriz Elena Bolívar Orrego, expuso las siguientes reflexiones:

«(…) el demandante al absolver el interrogatorio de parte indicó ser tecnólogo en electrónica y laborar como supervisor de mantenimiento en Sofasa, que convive con la señora Aleida Inés Álvarez hace tres años, confesó que convivió con su cónyuge en Sabaneta hasta el 22 de julio de 2014, porque para entonces su parte emocional y la parte de convivencia no era lo mejor (…), situación que lo llevó a retirarse del hogar sin que desde entonces se haya presentado reconciliación con la demandada quien ocupa la casa social con el hijo común que tienen y la consorte de éste. Reconoció que en el año inicial de ese alejamiento le aportó a su cónyuge para su manutención la suma de $500.000 mensuales, cifra que aumentó a $600.000 y que tuvo que suspender a causa de la convivencia que inició con otra mujer, pues estaba en incapacidad de asumir todos los gastos que afrontaba (…) también afirmó que sus ingresos mensuales ascienden a $2´300.000 luego de las deducciones que se le realizan, dado que además de las de las de ley tiene un crédito bancario por compra de vivienda siendo de su propiedad la que actualmente habita, y que su salario lo distribuye así: $1´256.000 para cubrir el préstamo para adquirir la vivienda que comparte con su pareja Aleida, quien no labora, y con los dos hijos de ésta de 17 y 23 años, y 1´000.000 para alimentación, los servicios públicos y el cable de televisión de ese hogar» (49:47).

Por su parte, en el interrogatorio absuelto por Beatriz Elena Bolívar Orrego, «aseveró que es ama de casa, no tiene ninguna relación afectiva con su cónyuge, ya que estuvo con éste sin haberse reconciliado hasta el 21 de julio de 2014, cuando el demandante decidió salir de la de la casa familiar sin darle explicación, aunque considera que lo hizo porque ya tenía un nexo sentimental con quien convive actualmente puesto que antes de aquel se alejase de ese lugar los había visto juntos, que vive con su hijo Diego Alejandro y con la esposa de éste, que Carlos Eduardo le aportó durante un año para su establecimiento mensualmente $500.000 y luego lo hizo por $550.000, que depende económicamente de la colaboración de su descendiente quien sufraga los gastos hogareños equivalentes a $1´600.000 mensuales, y que conserva algunos elementos personales que tiempo atrás logró adquirir siendo beneficiarias del accionante en salud» (50:59).

Luego, teniendo en cuenta que «los contendientes confesaron de acuerdo con el Código General del Proceso, artículos 191 y 198, que se separaron de cuerpos de hecho desde julio de 2014 sin haberse reconciliado, y que sus nexos íntimos e interpersonales son inexistentes, todo lo cual deriva que esas personas solo se encuentren ligadas por el aspecto formal de su matrimonio», precisó que tales acontecimientos «estructuran el motivo de la cesación de los efectos civiles por divorcio de su matrimonio religioso previsto por la Ley 25 de 1992, artículo 6, numeral 8º, esbozado en el memorial inicial, circunstancias por las cuales, como lo sentenció el a-quo, había lugar a acoger las súplicas plasmadas en el demandador, a lo cual se suma que el demandante confesó, al absolver interrogatorio de parte, que voluntariamente decidió alejarse del hogar conyugal porque su “parte emocional y la parte de convivencia no era la mejor”, situación que no justifica su actitud; aseveraciones que encuentran claro y contundente respaldo probativo en las atestaciones de (…) Angarita de Angarita, Sor Yamile Restrepo Londoño, Luz Amanda Bolívar de Henao, Diego Alejandro Angarita Bolívar, testigos que salvo las dos primeras, percibieron de manera directa los hechos que relataron en forma precisa, objetiva, clara, uniforme y conteste, lo que permite otorgárseles credibilidad (…)» (53:12).

Al respecto acotó que dichas declaraciones «también hallan contundente eco en el contenido de la constancia del 27 de noviembre de 2014, expedida por la Comisaría de Familia de Sabaneta según la cual la señora Bolívar Orrego negó que la salida del señor Carlos Eduardo del hogar, se hubiera ocasionado porque le retiró la llaves de la casa, al paso que el propio demandante dijo allí que: “ya se acabó la chispa, entonces decidí irme de la casa”, así se ve al folio 49 de la cartilla 1» (54:05).

Concretando el tema en disputa, explicó: «como la mencionada causal es de naturaleza objetiva y por tanto ajena a todo tinte de subjetividad, no puede hablarse en cuanto a la misma de cónyuge culpable, solo que en este caso la sentenciadora de primer grado no declaró al accionante culpable de la cesación de los efectos civiles por divorcio de su matrimonio religioso, sino de la “ruptura de la unidad matrimonial”, resolución que encuentra armonía no solo con el carácter objetivo del aludido motivo de divorcio,, sino con lo ordenado por la Corte Constitucional en su sentencia C-985 de 2010, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10 de la Ley 25 de 1992, en el sentido de que la caducidad allí establecida solamente se estipuló, no para la promoción de acciones como la que ocupa la atención del tribunal, sino para los efectos patrimoniales derivados del acogimiento de pretensiones como la mencionada frente a quien originó el decaimiento definitivo del nexo nupcial» (55:14).

Ahondando en el tema señaló que el hecho de que «la causal esgrimida en la demanda y acogida por la señora juez del conocimiento para darle paso a las súplicas plasmadas en el memorial rector, sea de entidad objetiva, en este evento no exonera al demandante de las consecuencias patrimoniales producidas por su conducta, consistente en la separación voluntaria, de hecho, de la demandada, de acuerdo con el mencionado fallo de constitucionalidad y con el C-746 del 5 de octubre de 2011, por medio del cual declaró exequible el referido numeral 8º. De tal modo, se abrió la exclusa en este litigio para que la obligación alimentaria fuese impuesta al demandante, porque justamente fue quien, con su proceder, generó la separación de hecho de la demandada en la cual incursionó, y consiguientemente compelido se encuentra a afrontar las consecuencias jurídicas de ese comportamiento».

Adicionalmente advirtió que en casos como el examinado «no se requería que la accionada introdujese demanda para reclamar a su favor y a cargo del accionante, la fijación de una cuota alimentaria, pues con ese propósito bastaba pedirla como lo hizo al contestar la libelo primigenio, según se advierte al folio 28-30 dela cartilla 1, aspectos que impiden prohijar los reparos que sobre el particular le lanzó el demandante al fallo del juzgado, ya que igualmente las anotadas pruebas informan, de forma fehaciente y certera, no solo que la demandada necesita de los alimentos sino también que el accionante cuenta con la suficiente capacidad para suministrárselos, allende que la característica indemnizatoria de ese rubro es incontestable, todo lo cual encuentra respaldado en el Código Civil artículos 411-4, modificado por la ley 1ª de 1976, artículo 23, el 412, 413, 414, 419, 420 a 423 (…), todo lo cual descarta de un tajo la incongruencia que le enrostra el demandante a la sentencia del a-quo, juicio que también se soporta en el Código General del Proceso, artículo 389 según el cual en fallos como el recurrido se dispondrá entre otras cosas “3. El monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si fuere el caso”» (58:05).

3.2. En las circunstancias descritas, queda claro que lo pretendido por el demandante en esta oportunidad, es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, la decisión que lo desfavoreció, fin  que resulta ajeno al de la tutela, mecanismo que no fue establecido para erigirse como una instancia más dentro de los juicios ordinarios.

Así, el hecho de que quien promueva el resguardo disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; ello, porque no es suficiente una decisión discutible o poco convincente, sino que es necesario que ésta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situación que no ocurre en el presente asunto.

En apoyo a lo resuelto por el sentenciador acusado y en contraste con el reproche de desconocimiento del precedente aludido por el actor para fundar el amparo, encuentra la Sala que los razonamientos esbozados por el tribunal siguen las directrices que en casos semejantes ha analizado la jurisprudencia constitucional, la cual devela no solo la posibilidad sino el deber del juez que conoce de los procesos de divorcio, en particular de aquellos en los que se invoca una causal objetiva como la separación de cuerpos de hecho por más de dos años, de auscultar los motivos reales y concretos que dieron lugar a la ruptura del matrimonio, a efectos de imponer las consecuencias de orden patrimonial a cargo de quien provocó el rompimiento de la unidad familiar.

Así, en sentencia C-1995/00, mediante la cual se  declaró «EXEQUIBLE la expresión “o de hecho” contenida en el numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992 que reformó el artículo 154 del Código Civil», la Corte Constitucional advirtió que: «(…) el hecho de que uno de los cónyuges, en ejercicio de su derecho a la intimidad, invoque una causal objetiva para acceder al divorcio, no lo faculta para disponer de los efectos patrimoniales de la disolución, de tal manera que, cuando el demandado lo solicita, el juez debe evaluar la responsabilidad de las partes en el resquebrajamiento de la vida en común, con miras a establecer las consecuencias patrimoniales».

Por tanto, «si la causa de divorcio tiene consecuencias patrimoniales, vinculadas con la culpabilidad de las partes, así el demandante opte por invocar una causal objetiva para acceder a la disolución del vínculo, el consorte demandado está en su derecho al exigir que se evalué la responsabilidad del demandante en la interrupción de la vida en común. Empero, al parecer de la Corte este derecho no lo desconoce la norma en comento, puesto que no por el hecho de establecer una causal objetiva el juez debe hacer caso omiso de la culpabilidad alegada por el demandado, cuando otras disposiciones lo obligan a establecer los efectos patrimoniales de la disolución acorde con la culpabilidad de las partes (…)».

Esa postura fue reiterada recientemente por ese alto en fallo de tutela, señalando preliminarmente que «de conformidad con la ley y la jurisprudencia la obligación alimentaria  requiere para su exigibilidad la concurrencia de tres requisitos a saber: (i) la necesidad del alimentario, esto es, que las circunstancias que legitimaron los alimentos permanezcan en el tiempo (ii) la capacidad económica del alimentante y (iii) un título a partir del cual pueda ser reclamada», y «mientras persistan las condiciones que dieron lugar al surgimiento de la obligación alimentaria, esta no puede entenderse extinta a pesar la cesación de efectos civiles del matrimonio o divorcio o del fallecimiento del alimentante».

Enseguida criticó que se hubiera declarado la cesación de los efectos civiles «con fundamento en esa causal objetiva o remedio relacionada con el paso del tiempo, sin determinar la responsabilidad de cuál de los consortes ocasionó el divorcio por cuanto no era el objeto», ya que «esta Sala no debe perder de vista que si bien es cierto, en principio, en el tránsito del divorcio no hay lugar a analizar la culpabilidad de los cónyuges cuando se invoca una causal objetiva, no lo es menos que “en los asuntos de divorcio cuando media la separación de hecho por más de dos años, los jueces no se pronuncian respecto de la culpabilidad o inocencia de los cónyuges, estos estarían incumpliendo su obligación constitucional de administrar justicia, si dicho pronunciamiento se requiere para determinar los efectos patrimoniales de la decisión” (C-1495-00)». Y descendiendo al caso concreto, asimilable al que es objeto de la presente censura constitucional, dijo que:

«el operador judicial en la sentencia que decretó el divorcio a pesar de relacionar ciertas pruebas que indicaban de la violencia intra familiar y las relaciones sexuales extramatrimoniales (el actor en vigencia de su matrimonio tuvo un hijo extramatrimonial), el juzgador de instancia guardó silencio y se limitó a decretar el divorcio con fundamento en “la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años”, pudiendo de manera oficiosa o ultra y extra petita establecer la responsabilidad (…) a efectos de establecer las consecuencias patrimoniales. En otras palabras, en esa oportunidad el Juez de Familia debió establecer quién fue el que dio lugar a la separación de hecho con el fin de precisar los deberes de socorro y ayuda mutua que se originan por el vínculo matrimonial, los cuales subsisten, incluso, después del divorcio (art.160 C. C.).

En otras palabras, si bien es cierto quien haya dado lugar a la separación puede invocar una causal objetiva para acceder al divorcio, ello no lo faculta para disponer de los efectos patrimoniales de la disolución ni para eximirse de sus obligaciones, toda vez que para el consorte que en principio haya dado lugar al rompimiento subsiste la obligación alimentaria a menos que probatoriamente demuestre su inocencia, es decir, se invierte la carga de la prueba, de manera que el señor (…) en sede de tutela debió demostrar que no era culpable» (CC T-559/17).

4. Conclusión.

Conforme a lo antes descrito, la decisión cuestionada no contiene yerro de desconocimiento del precedente jurisprudencial, fáctico, procedimental o de cualquier otra índole que el demandante atribuye al accionado para la procedibilidad del auxilio, el cual habrá de desestimarse, pues, en suma, lo resuelto no constituye desafuero susceptible de corrección a través de esta excepcional vía.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo solicitado con la acción de tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

(Hoja de firmas corresponde al fallo n° 11001-02-03-000-2018-03777-00)

Ir al inicio

logoaj
Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Derecho del Bienestar Familiar"
ISBN [978-958-98873-3-2]
Última actualización: 31 de diciembre de 2019
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la
compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores
jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones
similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación,
reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por
la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la
competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de
los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono
617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas
de uso de la información aquí contenida.